El testimonio de los asesores del rey dio la puntilla a Cristina

Los testimonios prestados ante el juez por los asesores de la Casa Real Carlos García Revenga y José Manuel Romero Moreno (conde de Fontao) no sólo no han ayudado a la infanta Cristina, sino que han apuntalado su imputación. Las versiones dadas por los dos altos cargos de Zarzuela, aparte de ser puestas seriamente en entredicho por el juez José Castro, cimentan la mayoría de los indicios de cooperación o complicidad en los delitos de su marido que ha apreciado el instructor en la actuación de la hija pequeña del rey.

El pasado 23 de febrero, el secretario personal de las infantas Elena y Cristina, García Revenga, prestó declaración como imputado ante el juez Castro en Palma de Mallorca. Pese a su cargo y posiblemente a su intención de dejar al margen del caso tanto al rey como a Cristina de Borbon, en este último caso consiguió exactamente lo contrario, al menos a juicio del juez.

En el auto de imputación de la infanta, dictado este miércoles, José Castro detalla que fue después de escuchar la versión del secretario, junto a las declaraciones del 16 de febrero del exsocio de Urdangarin Diego Torres y los correos electrónicos que aportó éste aquel día, cuando surgieron "una serie de indicios" que le hicieron dudar de que Cristina de Borbón "desconociera la aplicación" que su esposo había hecho de que ella fuese vocal del Instituto Nóos y a su participación en la mercantil Aizoon S.L, que ambos comparten.

El juez señala que Carlos García Revenga, como secretario personal de las infantas, está obligado a un "permanente asesoramiento personal e institucional de éstas, actividad por la que viene siendo retribuido con cargos a los Presupuestos Generales del Estado".

Al unir este dato de sus funciones, al hecho de que declaró ante el juez que conocía las actividades que llevaba a cabo el Instituto Nóos, tanto en el ámbito privado como en el público, llevan a Castro a decir que "no se acaba de entender que, cuando menos, no participara a doña Cristina de Borbón que su esposo estaba obteniendo un trato privilegiado (...) y que en los dos ámbitos era fácilmente deducible que ello podría deberse a las vinculaciones de ambos con la Casa de S.M. El Rey".

En cualquier caso, cree también un "hipotético supuesto" que Cristina por sí sola desconociera la finalidad con la que tanto ella como García Revenga fueron incorporados a la Junta Directiva de Nóos, cuando no tenían asignado en la misma "cometido real alguno".

Otro indicio contra la infanta surge a raiz de la afirmación de García Revenga de que no comunicó al rey su nombramiento como tesorero de Nóos. En primer lugar, al juez le parece que "carece de explicación que no lo hiciera", y además concluye que tampoco tendría sentido que la infanta y Urdangarin "no se cuestionaran tal omisión o la suplieran, en la medida en que mantener el dato en secreto se aviene mal con lo que debiera ser una espontánea y natural actitud de comunicación".

El auto dedica un capítulo a la admonición que el rey encargó al conde de Fontao, José Manuel Romero Moreno, lanzar a Urdangarin tras conocer la deriva que había tomado su actividad en el Instituto Nóos. "Si S.M. el Rey acabó por saberlo, y de ahí su admonición, no se acaba de entender que su hija, con un conocimiento mucho más directo y real, y con el asesoramiento compartido de don Luis Carlos García Revenga, no llegara a enterarse y de propia iniciativa no hubiera decidido desvincularse formal y efectivamente de la Asociación".

Y además, el juez vuelve a arremeter sobre la verosimilitud de las manifestaciones del secretario: "No es fácil asimilar que don Luis Carlos García Revenga afirmara desconocer el mensaje que al respecto supuestamente ordenara, autorizara o consintiera transmitir S.M. el Rey, ya que tal desconocimiento sólo podría encontrar sustento en una absoluta falta de comunicación con su procedencia, también con el mensajero, asimismo con el receptor, también con la hija del primero y esposa del tercero, y con don Diego Torres Pérez".

Abunda el juez en que esa ignorancia demostraría "una incomprensible falta de curiosidad en conocer por qué en un momento determinado se le pide su dimisión y la de S.A.R. la infanta a la que asesora, desinterés al parecer compartido por ésta". Precisamente cuando su función era comentar con ella las razones de esa decisión real y su alcance de presente y de futuro.

En el mismo apartado, el magistrado censura por ilógica la declaración prestada como testigo en la causa el pasado 19 de marzo por el conde de Fontao, asesor jurídico externo de la Casa del Rey. José Manuel Romero dijo que actuó por iniciativa propia, y no del rey, cuando en septiembre de 2005 aconsejó a Urdangarin abandonar sus actividades mercantiles en Nóos. Sólo admitió que, antes de hacerlo, se lo comunicó al jefe de la Casa, entonces Alberto Aza, pero no al monarca.

"Mal puede en buena lógica admitirse --señala Castro-- que don José Manuel Romero Moreno actuara a sus espaldas (las del rey) cuando 'ordena, recomienda o aconseja' a su yerno que se abstenga de determinados comporamientos, tampoco que no sea objeto de discusión su legitimidad para tal proceder, menos aún que cuántas personas los escucharon de boca del sr. Romero los dieran como procedentes de S.M. El Rey, menos aún que como tales los siguieran conceptuando en el momento de sus declaraciones, y menos todavía que, cuando menos en apariencia, fueran acatados por su destinatario".

Sobre el mismo asunto, el juez hace una alusión directa al rey al decir que "no se acaba de entender" que "no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido e incluso consensuara con ella su alcance".

Tampoco cree que padre e hija no llegaran al compromiso, expreso o tácito, de que ella velara por el cumplimiento por Urdangarin de las admoniciones del rey, lo que debería haber llevado a la infanta a la conclusión de que las recomendaciones de su padre no se estaban siguiendo "y cuestionar al respecto la actitud de su marido".