El Ministerio de Trabajo ha decidido actuar de oficio al tener conocimiento de que algunas empresas no autorizaron a sus trabajadores poder regresar a su domicilio con antelación el viernes, pese al temporal de nieve, lo que en determinados casos les obligó a pasar la noche durmiendo en sus propios centro de trabajo.

Según ha podido saber Público, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social emprenderá estas actuaciones tras tener conocimiento de estas circunstancias, bien por haber sido divulgadas en las redes sociales o por haber recibido denuncias concretas.

El objetivo de la inspección será abrir una investigación de oficio en estos casos para tratar de comprobar si ha habido vulneración de los derechos de los trabajadores y determinar posibles infracciones en materia laboral.

La mayoría de los casos que se conocen se han producido en centros comerciales, y uno de los más llamativos ocurrió en el centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda (Madrid), donde en torno a un centenar de trabajadores y familias tuvieron que pasar dos noches en dicho centro comercial durmiendo entre cartones.

En concreto, en redes sociales se difundieron imágenes de un establecimiento de Zara que estaría ubicado en este centro comercial en las que se aprecia a varios de sus trabajadores durmiendo en cartones dentro de la tienda. En otras empresas, de menor tamaño, también algunos empresarios instaron a sus trabajadores a dormir en el centro de trabajo para poder abrir al día siguiente.

Desde el Ministerio de Trabajo se ha emprendido una política de inspección activa no solo en esta circunstancia, ya que también se ha ordenado acelerar las inspecciones para perseguir las prácticas irregulares derivadas de los ERTE, y ya se han acumulado millones de euros en sanciones.

El giro de la Inspección: de actuar de parte a hacerlo de oficio

Según fuentes del Ministerio de Trabajo, al final del año 2020 el total de expedientes iniciados por fraude en los ERTE ascendía hasta los 33.440. De estos expedientes, la Inspección ya habría concluido un total de 24.606, es decir, más de un 73% de los que se habrían iniciado hasta el momento.

Entre las empresas que han sido objeto de expediente se han encontrado hasta 3.635 infracciones y Trabajo ha interpuesto sanciones por valor de 16.539.433 euros. Fue en octubre del pasado año cuando los inspectores comenzaron a atajar el fraude millonario que algunas empresas estaban creando al amparo del escudo social puesto en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a las consecuencias económicas de la emergencia del coronavirus.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, siempre ha reivindicado el papel clave de la Inspección de Trabajo como un mecanismo para garantizar los derechos de los trabajadores y, además, propiciando que tenga un papel activo y que no sólo actúe con denuncia de parte, lo que hasta ahora era lo habitual.