El pasado jueves se produjo un llamativo acontecimiento en la Asamblea de Madrid. Durante el Pleno monográfico sobre la contratación pública del Gobierno Autonómico de Isabel Díaz Ayuso en la pandemia, toda la oposición abandonó el hemiciclo. El motivo, la expulsión de una diputada del PSOE por mencionar, durante su turno de palabra, al hermano de Ayuso. Un hecho casi sin precedentes debido a la especial protección que tienen los diputados en sus intervenciones. Hay que remontarse a 2013 para encontrar un caso parecido. Y en esa ocasión, el Tribunal Constitucional (TC) acabó dando la razón a una diputada, también socialista, que fue expulsada de la cámara por un presidente del PP. 

Varios diputados, tanto del PSOE como de Más Madrid recordaron ayer este caso. El 9 de mayo de 2013, la diputada del PSOE Maru Menéndez intervenía en un debate sobre cuestiones del personal sanitario. En una réplica al consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty, llamó al entonces presidente autonómico, Ignacio González, "corrupto". Lasquetty, hoy consejero de Hacienda con Ayuso fue precisamente uno de los protagonistas del sonado Pleno de este jueves.

Tras las palabras de Menéndez, el presidente de la cámara madrileña, José Ignacio Echeverría, del PP, la llamó al orden. González tomó la palabra también y anunció que o lo retiraba o le interpondría una querella criminal. La parlamentaria socialista se mantuvo firme por las informaciones que ya empezaban a aflorar basadas en informes de la UDEF sobre las irregularidades cometidas por González. El expresidente fue detenido en el año 2017 por corrupción en el marco de la Operación Lezo y por su gestión, previa a 2013, del Canal de Isabel II. 

La tensión aumentó pasados los minutos y Menéndez acabó expulsada de la cámara por esas afirmaciones que se negó a retirar. Además, se le impuso una sanción de un mes. Como ocurrió el pasado jueves, los diputados de la oposición, del PSOE y de IUCM, abandonaron el hemiciclo, quedándose dentro únicamente el PP y UPyD. 

El asunto trajo cola varias semanas más. Durante el Pleno siguiente, la estrategia del PSOE fue mostrar su solidaridad con Menéndez volviendo a repetir sus calificaciones a González en varias intervenciones. Otros tres diputados socialistas acabaron expulsados también ese día. La inhabilitación de Menéndez de empleo y sueldo durante un mes provocó incluso una colecta solidaria de sus compañeros. "Lo que me ocurrió aquel día de mayo fue un hecho político insólito y sin precedentes", dijo entonces la parlamentaria. 

La propia Menéndez recuerda, en conversación con Público, aquella situación. "Fueron momentos muy duros porque realmente hacíamos oposición a un Gobierno que se ha demostrado lo que ya sabíamos, que tenían prácticas corruptas", señala. "No parecía razonable que se tomara una decisión despótica de esa manera", dice sobre la actuación del presidente de la Asamblea aquellos momentos. 

La exdiputada del PSOE habla de "arbitrariedad" y de una concepción de las instituciones como patrimonio de un grupo político determinado. "Ese es el problema, perder la neutralidad. Lamentablemente, el debate político se ve teñido muchas veces por insultos de la derecha y no se produce ninguna reacción. Y, sin embargo, a mi compañera López, la expulsan. Son cosas que no se deben permitir y hay que usar todos los instrumentos del Estado de Derecho para defender la capacidad, libertad de expresión y representación. Le mando un abrazo fuerte a Carmen López porque me sentí muy identificada con una decisión injusta y arbitraria", afirma. 

La querella de González, archivada

Los tribunales dieron la razón a Menéndez en dos ocasiones. La primera, en septiembre del mismo 2013. El Tribunal Supremo archivó la querella criminal presentada por González al no apreciar delito. El Supremo basó su fallo en la "inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el quehacer parlamentario". Es decir, que la libertad de expresión y su amplia cobertura respecto al debate político amparaban las manifestaciones de la diputada. 

Más tardó en pronunciarse el TC sobre el recurso de amparo que presentó Menéndez. La sentencia se publicó en mayo de 2016, tres años después. En el escrito del TC se declaraba la "nulidad" del Acuerdo del presidente de la Asamblea de Madrid "por el que se decidió la expulsión de la recurrente de la sesión ordinaria que se estaba celebrando en aquella fecha, así como la suspensión temporal de su condición de Diputada en activo por plazo de un mes". 

Los magistrados reconocieron a Menéndez "los derechos a no ser sancionada por acciones que no constituyen infracción parlamentaria" y a "ejercer sus funciones como diputada de dicha Asamblea sin perturbaciones ilegítimas y en
condiciones de igualdad". Además, le pedía a la cámara autonómica que le devolviera el dinero que dejó de percibir durante la sanción. 

En la justificación, el TC se refiere a uno de los artículos del reglamento interno, que prevé expulsar a los diputados en el caso de "atentar de modo grave contra la disciplina, el orden o la cortesía parlamentaria, provocando –además– desorden con su conducta, de obra o de palabra".

No considera el TC que se dieran estos preceptos en el caso de Menéndez y hace referencia además al artículo 25.1 de la Constitución Española, que dice que "nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento".  La resolución impugnada conculcó el derecho fundamental de Menéndez. "La expulsión del recinto parlamentario, así como la suspensión temporal de la condición de Diputada sin cobertura legal ha privado a la recurrente de su derecho a permanecer, sin intromisiones ni limitaciones ilegítimas y en condiciones de igualdad, en el cargo público para el que fue elegida", señala el texto. 

Varias fuentes consultadas consideran que el caso protagonizado por la diputada del PSOE, Carmen López, al mencionar al hermano de Ayuso tiene ciertos paralelismos con lo ocurrido en 2013, pese a en esta ocasión no haber sanción mensual de por medio. El ambiente dentro del Pleno, de hecho, durante la intervención de López fue relativamente tranquilo, como se puede ver en las imágenes. 

Las expulsiones en la Asamblea de Madrid u otras cámaras de representantes suelen ser más habituales por interrumpir intervenciones desde los escaños, gritar o hacer gestos. Pero desde el atril o el turno de palabra no hay muchos precedentes. Esta misma legislatura, la diputada de Unidas Podemos, Vanessa Lillo, fue expulsada, pero por interrumpir una intervención de Rocío Monasterio. 

Algunos diputados de la oposición consultados por este medio coinciden en señalar que el asunto de Tomás Díaz Ayuso pone muy nervioso al PP y a Ayuso. Pero consideran que la actuación de la presidenta, María Eugenia Carballedo, lo que hizo fue darle más foco. La noticia saltó ayer incluso a las televisiones a nivel nacional y se han hecho varias referencias a lo que se conoce como "efecto Streisand". Es decir, cuando se quiere censurar o silenciar algo y se produce el fenómeno contrario: que despierta más el interés.

El PSOE no descarta ir a los tribunales

La decisión de Carballedo provocó las críticas de la oposición en bloque. Incluso las de Vox. Los afectados directos, el PSOE, anunciaron que presentarían una solicitud de reprobación este lunes si la presidenta de la cámara no dimitía antes. Algo que la diputada del PP ya ha descartado. 

El portavoz del PSOE, Juan Lobato, calificó de "hechos muy graves" lo sucedido dentro del Pleno. "Se trata de la aplicación de un doble rasero clarísimo, se ataca la libertad parlamentaria de una diputada en pleno uso de la palabra", dijo. Carballedo, además, se negó a rectificar a mediodía para que López pudiera volver a la sesión. "No nos parece que esté en condiciones de ecuanimidad, que es su función principal", añadió Lobato. Preguntado por si iniciarán algún proceso judicial, el líder de los socialistas madrileños dijo que la propia diputada tiene abierta esa posibilidad y que "lo estudiarán" para ver qué actuaciones se toman. 

Por su parte, desde Más Madrid han registrado una petición de comparecencia de Tomás Díaz Ayuso ante la Comisión de Sanidad para que explique la adjudicación de un contrato de 150.000 euros a una empresa vinculada con una sociedad en la que él trabaja. Unidas Podemos ha solicitado que comparezca en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones el presidente de Artesolar, empresa señalada por formar parte de ella el hermano de la presidenta. Mientras, Ayuso dijo que "está pagando el precio por estar arriba en las encuestas" y debido a que la izquierda "está desesperada". "Lo que hizo la presidenta de la Asamblea es cumplir con el reglamento", añadió