Susana Díaz evita pedir la dimisión a su exconsejero imputado como hizo con Chaves y Griñán
La presidenta mantendrá a un diputado socialista investigado por el TSJA hasta que se le notifique la apertura de juicio oral. Así lo dicta el código ético del PSOE que Díaz rebasó con los expresidentes andaluces para que Ciudadanos garantizase su investidura. El partido naranja lo excusa asegurando que no se le imputa “corrupción”.
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SEVILLA.- El PSOE andaluz tiene 47 diputados en el Parlamento, y dos de ellos están siendo investigados por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por supuestos delitos de estafa y prevaricación. No son parlamentarios rasos, al contrario, ambos son personas muy próximas a la presidenta Susana Díaz y de su absoluta confianza: uno es un veterano miembro del Gobierno andaluz y dirigente socialista de Málaga, Luciano Alonso (que ha ostentado las carteras de Turismo, Educación, Cultura y Empleo) y el otro es un amigo de Díaz de su época en Juventudes Socialistas, conocido muñidor de intrigas orgánicas en el PSOE de Sevilla: Carmelo Gómez.
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Ambos, en especial Alonso, están al borde de un procesamiento judicial incompatible con su puesto de diputado, según los estatutos del partido. El código ético del PSOE establece que “cualquier cargo público u orgánico al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal deberá dimitir de su cargo en el momento en que se le dé traslado del auto de apertura del mismo”. En ese caso, el afectado deberá solicitar la baja voluntaria o, en caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido.