El Supremo rechaza la querella de Torra contra Rajoy y Sáenz de Santamaría por prevaricación

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite la querella por prevaricación presentada por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y su exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría por no haber autorizado la publicación en el diario oficial de la Generalirat el nombramiento del vicepresidente catalán y los consellers el pasado 19 de mayo.

Torra anunció en mayo la lista de los consellers que quería nombrar en su nuevo Govern, como los encarcelados Josep Rull y Jordi Turull, así como Toni Comín y Lluís Puig , que permanecen en el extranjero, o Elsa Artadi como responsable de la portavocía.

A juicio del fiscal de Sala del Supremo, Luis Navajas, que es quien firmaba el informe de ocho páginas sobre este asunto, la decisión del Gobierno de no publicar los nombramientos se realizó con arreglo al entonces ordenamiento vigente -aplicación del artículo 155 en Cataluña-, que exigía la "verificación de la legalidad de las actuaciones de la Generalitat".

De esta forma, los magistrados siguen el criterio de la Fiscalía que manifestó en su escrito que la denegación de la publicación de aquel decreto no puede ser considerado como un acto "injusto y arbitrario" y mostró su "frontal oposición al contenido de la denuncia".

La Fiscalía sostuvo que en virtud de las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy al amparo de artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo tenía la potestad de designar órganos o autoridades que podían decidir si actos como el de proceder o no a la publicación de un decreto del presidente de la Generalitat, resultaba o no contrario a las finalidades que perseguían los acuerdos aprobados por el Consejo de Ministros el 21 de octubre.

La no publicación de los nombramientos en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC) bloqueó durante unos días la formación del Govern, hasta que el pasado 29 de mayo, Torra firmó un nuevo decreto, en el que sustituía a los consellers que se encuentran en prisión o en el extranjero.