El Tribunal Supremo ha confirmado este miércoles la multa de 210.000 euros impuesta por el ministerio de Economía al entonces presidente de Metrovacesa, Román Sanahuja, por uso de información privilegiada. La compraventa de acciones sancionada se produjo en 2005. Esta sentencia llega a raíz del recurso presentado por el empresario contra la sentencia de la Audiencia Nacional que en 2011 imponía esta multa.

La sentencia relata cómo Sanahuja vendió un paquete accionarial a Residencial Casaodón a través de su apoderado, Eloy Miguel Ortega, con el que mantenía una estrecha relación. Esta venta tuvo como único objetivo evitar tener que lanzar una OPA al comprar las acciones de un tercer accionista, Luis Portillo, que días antes le había expresado a Sanahuja su intención de vender su participación accionarial. La compra de esas acciones hubiera supuesto superar el límite legal impuesto por el cual un accionista está obligado a lanzar una OPA.

En esas fechas, las acciones de Metrovacesa cotizaban a 55 euros en bolsa. Luis Portillo vendía su paquete a 60 euros por acción, y Sanahuja llegó a un acuerdo con Eloy Miguel Ortega para venderle un paquete accionarial por un precio ligeramente inferior a los 55 euros, de tal modo que la empresa de Ortega obtenía acciones a un precio inferior que el del mercado, y con la operación la cotización de la empresa subiría. Ese paquete sería lo suficientemente grande para evitar a Sanahuja lanzar la OPA al comprar las acciones de Portillo unos días después.

Por ello, y gracias a la estrecha relación que mantenía el entonces presidente de Metrovacesa con Eloy Miguel Ortega, Residencial Casaodón se hizo con 51.780 acciones de Metrovacesa por ese precio inferior al del mercado. Según el tribunal, esta acción supuso un incremento del valor bursátil de las acciones de Metrovacesa y, de forma indirecta, un aumento del capital controlado por Sanahujo en la empresa sin necesidad de lanzar la OPA.