El Tribunal Supremo ha citado a declarar como imputada por prevaricación a la alcaldesa de Cartagena y diputada por el Partido Popular, Pilar Barreiro, para el próximo 5 de marzo por la recalificación urbanística de unos terrenos especialmente protegidos a orillas del Mar Menor para la construcción de hoteles, dos campo de golf y de 8.000 a 10.000 viviendas.
El pasado mes de enero, el Supremo se declaró competente para instruir y en su caso enjuiciar a Barreiro por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la trama de corrupción urbanística del caso 'Novo Carthago', que estuvo detrás del hundimiento de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, rescatada por el Banco de España en 2011.
Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia, Manuel Abadía, elevó al Supremo una exposición razonada en relación a los hechos investigados en este procedimiento sobre prevaricación administrativa tras la negativa de la diputada y alcaldesa de Cartagena a comparecer voluntariamente en la causa.
Tanto el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, como el ministerio Fiscal, apreciaron la posible concurrencia de indicios de un supuesto delito de prevaricación "al haber impulsado una modificación urbanística arbitraria, en función de intereses particulares, lo que justifica la continuación de la investigación en la sala", según resolvió el Supremo.
Zona de especial protección del Mediterráneo
En esta causa se investiga una presunta trama de corrupción urbanística relacionada con la construcción del proyecto urbanístico 'Novo Carthago' en una zona de especial protección medioambiental y que no era urbanizable.
El proyecto que se investiga abarcaba hoteles, un campo de golf y más de 10.000 viviendas en una zona que estaba calificada como de especial protección para el Mar Menor.
Una parte de los terrenos eran espacios marinos protegidos, en concreto Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), designadas de acuerdo con la Directiva Hábitat y previamente propuestas como Lugares de Interés Comunitario (LICs), así como de Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs) establecidas en virtud de la Directiva Aves. Taqmbién abarcaba una parte no urbanizable de protección del trasvase (NUPT).
El magistrado instructor, Manuel Abadía, concretó en su exposición razonada elevada al Supremo los indicios racionales de criminalidad contra Barreiro por un delito de prevaricación, dándole 30 días para que formulara alegaciones y concediéndole la posibilidad de que declarara voluntariamente como imputada por el citado delito. "Finalizado el plazo concedido, en escrito presentado por Barreiro declinó la posibilidad de comparecer a declarar como imputada", añadía.
En estas diligencias se recoge la imputación del actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, por un presunto delito de prevaricación, investigado porque, en su condición de consejero de Obras Públicas y Urbanismo en 2005, "firmó la aprobación definitiva de la Modificación Puntual del PGOU de Cartagena en San Ginés de la Jara".
Además, están imputados el que fuera delegado y consejero del Gobierno regional, Francisco Marqués, por delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias; y también se encuentra imputado el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, desde que el pasado mes de julio se decidieran abrir diligencias para investigar su actuación en este asunto por los presuntos delitos de prevaricación, ordenación del territorio y del medio ambiente, y tráfico de influencias.
Bascuñana, la primera vez que fue citado a declarar por este asunto, se acogió a su derecho a no declarar, pendiente de un recursos de apelación que finalmente fue desestimado, por lo que permanece imputado en la causa.
De hecho, un informe del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, remitido a la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de Murcia le apunta como la persona que dio el "beneplácito final" al proyecto urbanístico de Novo Carthago.
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