MADRID.- La situación jurídica de Juan Carlos I se complica. Antes de verano podría tener que sentarse en el banquillo ante una demanda de paternidad interpuesta por la belga Ingrid Sartiau, que acaba de ser admitida a trámite por el Tribunal Supremo.

Primero Juan Carlos I se tendrá que realizar una prueba de ADN. De ser positiva, afrontaría un juicio verbal de filiación excepto si existe un acuerdo preprocesal entre ambos.

En 1980, Liliane Sartiau certificó mediante notario que su hija, Ingrid, era fruto de un largo encuentro sexual que mantuvo en 1965 durante tres días en un hotel de la Costa del Sol con “un hombre gentil, guapo, dulce y con ojos azules”. Cuando el conserje le dijo que era el futuro rey de España, huyó a Bélgica y nunca más tuvo contacto con él. En agosto de 1966, nació Ingrid.

Esta es la prueba en la que se ha basado la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para admitir a trámite la demanda de paternidad interpuesta por Ingrid Sartiau, quien creció sin conocer la identidad de su padre hasta que su madre se lo reveló, siendo ya adulta.

En cambio, el pleno de la Sala de lo Civil no ha admitido a trámite la demanda de Alberto Solá, nacido en 1956 y dado en adopción a los ocho años de edad. Para el Supremo, Solá no ha aportado una prueba suficiente para que sea admitida a trámite su demanda, como así lo requiere la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Sóla tenía a su favor dos de tres pruebas de ADN que se había hecho con Ingrid Sartiau. Pero ella sólo aportó una al Supremo, la que sólo establece una conexión de consanguineidad del 31%. Otra prueba de contraste daba una coincidencia de un progenitor común entre ambos cercana al 90% y una tercera no aportaba coincidencia.

Por si fuera poco, Sartiau ha aportado al Supremo una carta suya dirigida a la casa real en la que sostiene que no son hermanos y que se plegó a presentar la demanda por presiones de Solá y de los medios de comunicación. Esta carta ha sido clave para que la Fiscalía pida el archivo de ambas demandas, por falta de pruebas suficientes para que prosperen.

Solá tenía una carta bajo el brazo: un exagente de inteligencia se mostraba dispuesto a revelar ante el Supremo que había hecho pruebas de ADN gracias a un vaso que consiguió y que fue utilizado por Juan Carlos I en una visita a Barcelona. Si hubiera prosperado la demanda de Solá, éste hubiera sido reconocido como el primogénito de Juan Carlos I.

Uno de los últimas apariciones públicas de Juan Carlos I, en el funeral de la duquesa de Alba, el pasado 15 de diciembre, en Madrid. REUTERS/Alberto Martin

Ahora, la Sala redactará un auto de admisión a trámite, cuyo ponente es el magistrado José Ramón Ferrándiz.

Después, Juan Carlos I tendrá 20 días para presentar alegaciones a la admisión a trámite de esta demanda de paternidad.

Luego, la Sala deberá decidir si admite a trámite la prueba de ADN que Sartiau solicita que se practique a Juan Carlos I en el Instituto de Toxicología.

Si la prueba sale positiva, el último trámite es la celebración de un juicio verbal de filiación, donde se sentaría Juan Carlos I, previsiblemente a puerta cerrada como así ocurre en los juicios de familia dado que primaría el derecho a la intimidad.

Tanto Sartiau como Solá interpusieron sus demandas de paternidad en el año 2012 contra Juan Carlos I. Los dos juzgados de primera instancia donde recayeron archivaron las demandas, porque el entonces rey era inviolable y porque no había un procedimiento legal establecido para tramitarlas.

Ambos recurrieron a la Audiencia de Madrid, que tenía previsto estudiar estos recursos el 9 de septiembre de 2014. Entre medias, el 2 de junio, Juan Carlos I abdicó a favor de su hijo, renuncia que se hizo efectiva el 9 de junio cuando Felipe VI fue proclamado rey.

El Gobierno del PP impulsó en el Parlamento una reforma ‘exprés’ para aforar a Juan Carlos I ante el Supremo, al igual que Sofía de Grecia, Felipe de Borbón, Letizia Ortiz y las hijas de estos últimos.

Esta reforma ‘exprés’ estableció este aforamiento ante el Supremo de forma retroactiva. Es más, establecía que aquellas demandas que existieran en ese momento –las de paternidad- fueran remitidas “inmediatamente” ante el Supremo. La Ley Orgánica 4/2014 entro en vigor el 12 de julio de 2012 y la Audiencia remitió estas dos demandas el 31 de julio, en aplicación de esta retroactividad.

La Sala de lo Civil rechaza la demanda de paternidad del español Albert Solá por falta de pruebas.