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Sumar presiona para que se desbloqueen los trámites de la iniciativa popular para regularizar migrantes

Los diputados de los comuns dan voz al movimiento estatal por la regularización, autores de la ILP admitida a trámite en el Congreso, a través de una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno. 

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La portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal y la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, en una imagen de archivo. — Alberto Paredes / Europa press

madrid, Actualizado:

El grupo parlamentario Sumar, a través de los diputados de los comuns, ha presentado una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno sobre el estado de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización de las personas migrantes. El objetivo es que avance el proceso parlamentario para su debate y aprobación. Las  preguntas han sido elaboradas por el movimiento estatal "Regularización Ya", a los que Sumar da voz. 

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En 2022, más de 900 entidades, impulsadas por decenas de personas migrantes, presentaron esta ILP. Esta propuesta reunió más de 700.000 firmas de ciudadanos españoles para respaldarla el 21 de diciembre de ese año. Posteriormente, casi un centenar de ayuntamientos, incluyendo la Diputación de Cádiz y el Parlamento Vasco, aprobaron mociones y resoluciones en apoyo a la iniciativa.

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El 9 de abril de 2024, el pleno del Congreso aprobó por mayoría absoluta la toma en consideración de la ILP Regularización, permitiendo que continúe su trámite parlamentario. La iniciativa recibió el apoyo de todos los grupos políticos, salvo Vox, un respaldo inusual para las iniciativas legislativas en esta legislatura.

Esta propuesta busca modificar la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social mediante un artículo único. La modificación estipula que "el Gobierno, a través de un Real Decreto, establecerá en un plazo de seis meses un procedimiento para la regularización de los extranjeros que se encuentren en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021". 

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El objetivo: regular a 500.000 personas migrantes

La actual propuesta de ley está en fase de enmiendas. Tras ese período, se debe elaborar un dictamen en la ponencia a puerta cerrada. El proceso incluirá su paso por el Congreso y el Senado, y finalmente regresará al Pleno del Congreso para debate y posible aprobación este año, con el objetivo de regularizar administrativamente alrededor de 500.000 personas migrantes. Desde Sumar considera que, para avanzar, "es crucial que el grupo parlamentario socialista vote a favor del cierre del plazo de enmiendas en la Mesa del Congreso".

"La regularización es factible, dependiendo únicamente de la voluntad política y el respeto a los mecanismos de democracia directa", destacan en el documento firmado por los diputados Aina Vidal, Gala Pin y Félix Alonso. 

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Por todo ello, el documento registrado este viernes y dirigido al Gobierno contempla una batería de preguntas concretas que realmente han sido formuladas por el movimiento que impulsó la ILP, ya que estos no pueden hacerlo por sí mismo.

"¿Tiene prevista el Gobierno la aprobación de la ILP y darle a su grupo parlamentario las indicaciones pertinentes para su voto favorable? ¿Tiene el Gobierno prevista la agilización de la tramitación parlamentaria de la ILP, que reunió más de 700.000 firmas de la ciudadanía del Estado, para que el Ejecutivo disponga de los mecanismos jurídicos necesarios para poder dotar de los derechos que les corresponden a la más de 500.000 personas en situación administrativa irregular?", señalan.

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En Sumar apuntan a la parálisis en la tramitación parlamentaria que está sufriendo la ILP. Por todo ello pregunta al Gobierno si tiene la intención "de utilizar algún otro mecanismo para regularizar la situación administrativa de la población migrante en situación administrativa irregular?". 

"Exceptuando el mecanismo de la migración circular (movimiento temporal de personas de acuerdo con las demandas laborales estacionales) cuya ejecución ha dejado extensas muestras de violencia y permanentes vulneraciones de derechos para las y los trabajadores migrantes, ¿tiene previsto el Gobierno regularizar la situación administrativa de la población migrante en situación administrativa irregular, que ya vive en España?", añade el documento. 

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