Una amnistía al procés no tendría problemas de encaje constitucional y sería un paso decisivo para culminar la segunda fase de la descriminalización del conflicto territorial catalán que permitiría devolverlo a la política y sacarlo definitivamente de los tribunales. A grandes rasgos estas son las principales ideas que se pueden sacar del dictamen sobre la viabilidad y constitucionalidad de una posible Ley de Amnistía que Sumar encargó a un grupo de expertos y que se ha presentado este martes en el Ateneu Barcelonès, en la capital catalana.

El documento apuesta por un espíritu de "reconciliación", ya que defiende el olvido penal tanto del grueso de los independentistas encausados -o ya condenados- como de la mayoría de los policías que reprimieron el referéndum del 1 de octubre u otras protestas vinculadas al procés, fundamentalmente de aquellos acusados de delitos de lesiones.

El informe ya se ha trasladado tanto a Junts -que lo ha valorado como una propuesta positiva-, como a ERC, que se ha mostrado más crítica y ha señalado que la exposición pública de una propuesta de este tipo "no parece que sea la mejor forma de negociar", en palabras de la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà. El PSOE, por su parte, ha dejado claro que es un documento "respetable", pero que no es su propuesta.

Además de la cúpula de los Comuns, la líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha sido la principal asistente al acto, en el que no ha intervenido. Por parte de Junts ha asistido el exconseller Joaquim Forns -que se beneficiaría de la amnistía-, mientras que no ha acudido nadie por parte de ERC ni del PSC. Se trata del primer documento sobre una ley de este tipo que se da a conocer públicamente tras las elecciones generales y el inicio de las negociaciones con Junts y ERC para la posible investidura de Pedro Sánchez como presidente.

De 2013 hasta la actualidad

El informe, de 40 páginas, se plantea como un documento de trabajo y punto de partida para negociar la ley, no como la propuesta final de Sumar. Apuesta por amnistiar "todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Catalunya" entre el 1 de enero de 2013 y el 17 de agosto de este año -fecha de constitución de las actuales Cortes-.

Incluye las que pueden ser calificadas de delitos contra la administración pública, contra la administración de justicia, contra la Constitución y contra el orden público. Excluye, eso sí, la corrupción, cosa que dejaría fuera a personas como la presidenta de Junts, Laura Borràs, o al expresident de la Generalitat Jordi Pujol. El documento no hace un recuento exacto de todos los posibles beneficiarios de la medida, que según Òmnium Cultural deberían ser más de 1.400 personas.

Por lo que se refiere al Estado, se propone dejar sin efecto las cargas policiales del 1 de octubre y los posibles delitos de lesiones producidos en otras manifestaciones, salvo las que son graves vulneraciones de derechos humanos, no amnistiables por el derecho internacional. En concreto, quedarían fuera las actuaciones "susceptibles de ser calificadas de delitos de torturas y contra la integridad moral o detenciones ilegales de autoridad o funcionario público".

"No sufriría el derecho penal"

El encargado de exponer las principales cuestiones de la propuesta y de defender el encaje constitucional de una ley de amnistía ha sido Nicolás García Rivas, catedrático de derecho penal de la Universidad de Castilla-la Mancha y coordinador del equipo de expertos que lo ha redactado. En su exposición, ha subrayado que con una ley de amnistía que incorporase "los hechos cometidos con el ánimo de reivindicar el derecho a la autodeterminación de Catalunya" no sólo "no sufriría el derecho penal" estatal, sino que se lograría un "momento de paz tras mucho conflicto político".

Para los autores del dictamen la amnistía permitiría cerrar un período de conflicto que tiene como origen una "quiebra institucional" en Catalunya, a raíz de la sentencia de 2010 del Tribunal Constitucional que recortó el Estatut y que posteriormente se traduciría en el Procés independentista, con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y el referéndum del 1 de octubre de 2017 como puntos culminantes, para dar paso a una posterior fase "punitivista" de represión.

En este sentido, el catedrático ha defendido que a partir del 2018 -tras la caída del gobierno del PP- se abrió "otra línea diferente, descriminilizadora" con hechos como los indultos a los líderes del procés o la derogación de la sedición. Y ahora de lo que se trata es de "darle un impulso más", "para que toda esa incriminación que pesa sobre Catalunya desaparezca para avanzar". Lograr la "reconciliación" se plantea como un elemento para justificar la legitimidad de una amnistía que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que, según recoge el dictamen, el TC ya dictaminó en los años 80 que es constitucional. El resto de autores del informe son Antoni Llabrés, de la Universitat de les Illes Balears; Javier Mira, de la Universitat de València; Guillermo Portilla, de la Universidad de Jaén; y Rafael Rebollo, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Asens: "Es una oportunidad política"

Jaume Asens, el negociador de Sumar con los partidos independentistas, se ha dedicado a destacar la "oportunidad política" que supone una amnistía. Justamente fue él quien encargó a García Rivas la elaboración del dictamen. En su opinión, "no es una simple moneda de cambio para conseguir una investidura, es un paso natural necesario, coherente, para tener un acuerdo histórico, que nos permita mirar al futuro poniendo la mirada larga, haciendo debates estratégicos y de fondo de país". Asimismo, ha defendido que "tiene que servir también para encontrar una carta de navegación o hoja de ruta conjunta, que nos permita dejar atrás una etapa donde ha habido golpes de porra, prisión, unilateralidad y fracaso del diálogo".

Para él, "cuando fracasa el diálogo, fracasa la política" y de lo que se trata ahora es "de volver a hacer política en mayúsculas, para que el conflicto salga de los tribunales y vuelva a los parlamentos, de dónde no debería haber salido nunca". Finalmente, Asens ha hecho un llamamiento implícito a ERC y a Junts para que apoyen la investidura de Pedro Sánchez porque "no nos podemos permitir dar una segunda oportunidad para llegar al gobierno a la derecha y a la extrema derecha".