Sumar negocia con el PSOE cómo aplicar la ley de vivienda en los territorios que se oponen a la norma

Las negociaciones sobre los Presupuestos Generales de 2024 continúan entre el PSOE y Sumar, y los de Yolanda Díaz ya han remitido una serie de propuestas para que el socio mayoritario del Gobierno de coalición las valore para su debate. Entre estas iniciativas se encuentran algunas medidas en materia de vivienda, cuando este martes el Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales para la compra de vivienda que Sumar ha rechazado públicamente, aunque forma parte de su acuerdo de coalición con el PSOE.

En concreto, entre las propuestas remitidas por los de Díaz está la de extender la cobertura de la ley de vivienda a aquellos territorios que ya han manifestado el rechazo a la norma y que se oponen a declarar zonas de mercado tensionado para rebajar los precios del alquiler, según explican fuentes de Sumar.

En la negociación de esta norma entre el PSOE y Unidas Podemos (que duró más de un año y que tensionó sobremanera la coalición en distintos momentos), la cuestión de la aplicación de la ley en los territorios estuvo siempre de fondo.

Las competencias en materia de vivienda residen en las comunidades y ayuntamientos y, por lo tanto, a priori no se podría obligar a ninguna administración territorial a aplicar esta norma para, por ejemplo, declarar zonas tensionadas para rebajar los precios del alquiler y pinchar la burbuja que en la actualidad sufre el mercado en muchas ciudades.

Durante la negociación se llegó a la conclusión de que, pese a que no se podía obligar a comunidades y ayuntamientos a aplicar la ley, el despliegue de la misma en aquellos lugares que sí se querían acoger a la norma provocaría un agravio comparativo que podría tirar hacia abajo los precios de todo el mercado.

Rechazo a la nueva línea de avales aprobada

Es decir, la hipótesis residía en que si ciudades como Barcelona declaraban sus zonas tensionadas y lograban rebajar los precios, otros municipios como Madrid podrían verse "agraviados" por la diferencia entre sus alquileres y se verían finalmente "obligados" a rebajarlos para competir en este ámbito.

Ahora, Sumar recupera la idea de hacer extensiva la ley de vivienda también en aquellos territorios que la rechazan, aunque, de momento, la fórmula no está clara. En la negociación presupuestaria los de Díaz también proponen avanzar hacia una regulación más exigente de las viviendas de uso turístico y regular los alquileres de temporada.

Alcanzar el 20% de vivienda en alquiler social (a través de la movilización y transferencia de suelo público y de vivienda propiedad de la Sareb hacia las comunidades autónomas, condicionando su uso como vivienda pública de alquiler con fines sociales) es otra de las propuestas que los de Díaz han remitido al PSOE.

Además de estas medidas, fuentes de Sumar trasladan otras que tiene previsto proponerle al socio mayoritario del Ejecutivo. En los mercados tensionados, los de Díaz quieren prohibir la compra de viviendas que no se destinen a residencia permanente del comprador, así como prohibir las denominadas Golden Visa (el derecho a obtener la nacionalidad de ciudadanos extranjeros a cambio de una inversión en España, en este caso para la adquisición de vivienda).

También quieren que las administraciones públicas se reserven el derecho de tanteo y retracto en grandes operaciones inmobiliarias con el objetivo de tener un mayor control público del suelo y del mercado de la vivienda. Además, proponen reservar los beneficios fiscales al alquiler para las personas y empresas que arrenden por debajo de los precios de referencia, así como gravar más la vivienda vacía.

Sumar ha criticado la línea de avales del Instituto del Crédito Oficial (ICO) aprobada este martes en Consejo de Ministros para apoyar la adquisición de inmuebles a jóvenes menores de 35 años y familias con hijos menores a cargo. A juicio de esta formación, este tipo de medidas corren el riesgo de inflar todavía más el mercado, además mediante la transferencia al mismo de recursos públicos.

A juicio de Sumar, medidas como las planteadas en la negociación presupuestaria son el camino a seguir para hacer realmente más accesible el mercado de la vivienda, además de otras como hacer obligatoria la portabilidad de hipotecas entre bancos y vincular el tipo de interés de las hipotecas a fijo a la deuda pública, topándolo a su vez con una tasa de usura, como ocurre en Francia.