sueldos públicos Más de la mitad del Gobierno de Andalucía cobra las indemnizaciones por vivienda que PP y Cs querían liquidar en la oposición

Más de medio gobierno de la Junta de Andalucía, formado por una coalición entre PP y Ciudadanos, cobra las indemnizaciones por vivienda que precisamente ambos partidos querían eliminar cuando estaban en la oposición.

Tanto el vicepresidente del Gobierno, Juan Marín (Ciudadanos), como el consejero de la presidencia, Elías Bendodo (PP), perciben 1.426,7 euros de dinero público cada mes para pagar los gastos de su vivienda. El presidente Juanma Moreno no las cobra.

Estas prebendas, que son legales, son conocidas popularmente como la casa gratis, en una expresión acuñada cuando las percibían los miembros de los gabinetes socialistas.

La Ley de Transparencia obliga a publicar los datos en la página web de la Junta de Andalucía. De la consulta de los mismos, se extrae que hasta siete miembros del Ejecutivo que dirige Juanma Moreno, que se compone de doce personas, incluido el propio presidente, han recibido indemnización por vivienda en los meses de abril, mayo y junio.

El Gobierno andaluz se ha gastado en esos tres meses 33.897,74 euros en el alquiler de las casas de los consejeros y consejeras de Moreno. Así, Marín ha recibido 4.280,1 euros en estos meses -el máximo permitido, a razón de 1.426,7 euros cada 30 días- por este concepto, al igual que los consejeros nombrados por Ciudadanos Javier Imbroda y Rogelio Velasco y las consejeras del PP Marifrán Carazo y Carmen Crespo. El consejero de Hacienda, Juan Bravo (PP) ha cobrado 2.424,9 y el de la presidencia, Bendodo, 3.823,72 euros.

Bendodo fue quien, en uno de sus primeros consejos de Gobierno, anunció que esas ayudas se iban a mantener. “No, en principio, no. No está previsto [eliminarlas]. Pediré la máxima moderación, evidentemente. Pero las personas que se tengan que desplazar desde otras provincias que no sea Sevilla, creemos que eso se debe mantener”.

Acuerdo secreto

Estas indemnizaciones, que se vienen pagando en Andalucía desde el año 2000, cuando el Gobierno de Manuel Chaves (PSOE) las implantó, al principio en secreto, las cobran los altos cargos que deben trasladarse a Sevilla de otras provincias o incluso de fuera de la Comunidad.

El acuerdo secreto que Chaves autorizó hace 19 años decía lo siguiente: “Los consejeros, viceconsejeros, secretarios generales, secretarios generales técnicos, directores generales, delegados del Gobierno, delegados provinciales y otros cargos asimilados nombrados por decreto tendrán derecho a ser indemnizados por los gastos de alquiler de una vivienda o de alojamiento, en su caso, siempre que tuvieran su domicilio habitual en un municipio que se encuentre a más de 60 kilómetros de la sede del órgano del que sean titulares mediante una cantidad mensual máxima equivalente al 2,5% de las retribuciones brutas anuales establecidas para los directores generales en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, excluida la productividad. En dicha cuantía máxima se consideran incluidas las retenciones u obligaciones fiscales que por estos conceptos pudieran corresponderles”.

Después, en 2010, otro consejo de Gobierno, este presidido también por Jose Antonio Griñán, añadió al Fiscal Superior de Andalucía y al presidente o presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía como beneficiarios, además de los altos cargos, de la indemnización por vivienda.

Durante años, incluida la etapa de Susana Díaz en la presidencia, las indemnizaciones por vivienda fueron uno de los caballos de batalla de la oposición del PP a los sucesivos ejecutivos del PSOE. Hoy que gobiernan -y las cobran- el discurso es bien diferente. Valgan dos ejemplos para ilustrar la posición política de Ciudadanos y PP sobre este asunto antes de acceder al Gobierno andaluz.

En septiembre de 2017, el diputado de Ciudadanos Sergio Romero, hoy portavoz parlamentario, manifestaba que las indemnizaciones por vivienda eran un “lastre para la clase política”. Y en enero de 2015, la secretaria general del PP, Loles López, reclamaba su eliminación para financiar gasto social con ese dinero, unos 600.000 euros al año. Adelante Andalucía las considera sobresueldos y aboga por su erradicación.