Napoleón decía: "Si quieres que algo no funcione, crea una comisión". En el Congreso de los Diputados, sin embargo, la frase necesitaría un matiz: "Si quieres que algo no funcione, crea una subcomisión". Ganar tiempo, marear la perdiz, retrasar las reformas legales, paralizar el trámite legislativo... así definen varios expertos en Derecho Constitucional la utilidad real de una herramienta parlamentaria que nació, en 1996, para acoger debates técnicos y trabajos preparatorios para futuros textos legislativos. 

Actualmente, hay ocho subcomisiones activas en el Congreso. Una de ellas estudia una posible reforma electoral y en sus siete primeros meses de vida sólo recibió dos comparecientes. "Lo que está evaluando esta subcomisión —propuesta por el PSOE y Ciudadanos— se ha tratado miles de veces en el Congreso", denuncia el profesor de Derecho Constitucional Elviro Aranda, para quien las subcomisiones "se han convertido en instrumentos de los partidos que tienen mayoría en la comisión para retrasar la puesta en marcha de reformas legislativas".

Otro ejemplo de ello lo encontramos en la Subcomisión para el Pacto de Estado de Educación, una iniciativa de PP, PSOE y Ciudadanos que echó andar en diciembre de 2016. Después de más de un año de trabajos previos y de escuchar a más de 80 comparecientes, los portavoces de los grupos parlamentarios debaten ahora sobre 15 puntos para cerrar un documento en mayo e intentar alcanzar el primer acuerdo educativo de la democracia. Lo hacen, como en todas las subcomisiones, a puerta cerrada. Nadie puede saber lo que allí se habla porque, además, no se graban y tampoco se publican las actas de los debates. 

"Si los grupos tienen una verdadera voluntad de llegar a acuerdos, tiene sentido y es razonable que las subcomisiones sean privadas", arguye Javier Tajadura, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco. "Negociar es ceder y a ningún partido le gusta que se hagan públicas sus cesiones", argumenta para Público.

El objetivo primigenio de las subcomisiones —propuestas ad hoc por una comisión— es realizar un informe sobre asuntos concretos partiendo de estudios técnicos y valoraciones de expertos para que se debata en la misma comisión o en el Pleno del Congreso. Se pueden prorrogar indefinidamente y sus conclusiones no son vinculantes para el Gobierno. Aranda defiende que, sobre el papel, tienen sentido y su propósito es bueno, pero que en la práctica acaban siendo utilizadas por los grupos mayoritarios para "marear la perdiz" cuando no les interesa que un tema se acelere. 

La reforma electoral es un ejemplo. "Si de verdad los grupos quisieran cambiar la ley electoral, deberían hacerlo mediante una proposición de ley, pero como no les interesa, acaban creando una subcomisión para paralizar el trámite legislativo y ganar un poco de tiempo", insiste Tajadura, que duda sobre "los resultados prácticos" de estos órganos.

El poder de la mayoría 

Para Elvira de la Nuez, abogada del Estado y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, la efectividad de las subcomisiones "está condicionada por quien ostenta la mayoría de la comisión". Por ejemplo, en la que estudia el Pacto educativo, PP y PSOE han acordado que para aprobar una conclusión sea necesario contar con una mayoría de 3/5, una fórmula de votación que permite a los conservadores bloquear casi cualquier iniciativa. De la Nuez reconoce que las subcomisiones no siempre son empleadas para lo que fueron pensadas, pero defiende que son instrumentos útiles para los grupos porque "los debates técnicos tienen un nivel muy elevado". 

Como sucede, por ejemplo, en la que el Congreso creó a principios de esta legislatura con el encargo específico de estudiar las bajas de soldados y marineros que están abandonando las Fuerzas Armadas al cumplir 45 años. Todavía a la espera de sus conclusiones, la Cámara Baja dio luz verde esta semana a una propuesta de Unidos Podemos —apoyada por PSOE y Ciudadanos— que pide "medidas urgentes" para evitar la salida en masa de estos militares.