Las empresas suelen pasarlas canutas a la hora de reclamar una indemnización a la administración pública. La Administración suele negarse a pagar, por lo que la práctica habitual es interponer un recurso contencioso-administrativo y acabar en el Tribunal Supremo por medio de un recurso de casación. En total deben esperar entre cuatro o cinco años hasta ver resuelto su caso.

Pero el Gobierno del PP no va a esperar a la vía judicial, a tenor de la posición avanzada por su ministro de Industria, José Manuel Soria: anuncia que 'no hay otra opción' que indemnizar a la empresa concesionaria del proyecto de almacén de gas ‘Castor', frente a las costas de Castellón. Soria explicó que el actual Gobierno declaró que el Real Decreto que otorgó la concesión contenía un artículo lesivo para los intereses públicos y que el Tribunal Supremo rechazó sus argumentos.

El presidente de ACS, Florentino Pérez, mantiene estos días una actividad frenética para tramitar la renuncia a la concesión y garantizar un pago por parte del Estado de 1.400 millones de euros a la compañía concesionaria, Escal UGS, propiedad de su empresa en un 67%. Contacta en especial con los hermanos Nadal: Alberto, secretario de Estado de Energía, y Álvaro, jefe de la Oficina Económica de Mariano Rajoy, después de haberse movido ante el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, entre otros.

'El Gobierno actuará conforme al Real Decreto de concesión del almacén subterráneo Castor de 2008 aprobado por el Gobierno socialista e indemnizará a ACS por el valor residual de su inversión', sostienen en Industria.

Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo, de octubre de 2013, dejó claro que ese Real Decreto contiene 'una previsión genérica de compensación por el valor residual'. Ahora bien, si existiera una indemnización, ésta dependerá de las causas que han llevado al fin de la concesión: 'en qué haya consistido la conducta dolosa o negligente de la empresa; de la gravedad o trascendencia de dicha conducta para la explotación y para las propias instalaciones que revierten al Estado; en caso de negligencia, de si ha sido grave o leve; y, en fin, de cualesquiera otras circunstancias concurrentes que puedan determinar, no ya otras responsabilidades ajenas a la reversión de las instalaciones propiamente dicha, sino una afectación al mismo derecho a la compensación previsto en el inciso final cuya nulidad se pretende', según dice literalmente la sentencia [ver pdf aquí].

El Supremo determinó que la  indemnización dependería del dolo o negliencia de la empresa y su gradoPor ello, lo lógico sería esperar a que la Justicia dilucide entre los diversos derechos que confluyen en este caso. Por un lado, la seguridad jurídica de la empresa, a la que se le otorgó una concesión administrativa y, si está mal otorgada, es responsabilidad del Estado. Por el otro, si existió dolo o negligencia y su alcance.

En cualquier caso, supondría esperar a una reclamación de Florentino Pérez por la vía contenciosa-administrativa y que sea la Justicia la que resuelva el caso.

¿Existió dolo o negligencia? Lo tendrá que determinar un tribunal. Pero un informe del 26 de octubre de 2005 alertaba de los riesgos de seísmo frente a las costas de Castellón en caso de instalación de un depósito artificial de gas. Consiste en una carta de alegaciones al estudio de impacto ambiental y está firmado por Arantza Ugalde, la responsable de sismología del Observatori de l'Ebre, una institución en la que participan el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universidad Ramón Llull. El informe alertaba: 'La actividad que contempla el proyecto se considera a nivel mundial como potencialmente inductora de terremotos'. Este diario ha solicitado el acceso a la integridad de dicho informe ya que la científica no tiene autorización para divulgarlo.

Dos años más tarde, en 2007, Florentino Pérez y su empresa basaron su solicitud de concesión con el estudio en profundidad de una falla, la falla Amposta, donde se almacenaría el gas. El Instituto Geográfico y Minero (IGM) avaló los estudios presentados por Escal UGS en la tramitación de la concesión.

Pero los informes sólo se centraron en la falla Amposta y no tuvieron en cuenta otras fallas menores, que es donde precisamente se registraron los terremotos, según ha determinado un estudio internacional. La empresa no realizó estudios en profundidad sobre el impacto de la inyección de gas en esas fallas menores, afirman fuentes conocedoras de estos estudios.Son dos: una es conocida ya como 'falla Castor' y la segunda se llama 'falla Montsia'.

Por si fuera poco, el contrato firmado entre la empresa y el Estado fue leonino para la administración pública, a la vista del Real Decreto 855/2008 que concede la concesión: prevé una indemnización incluso en el caso de dolo o negligencia por parte de la compañía de Florentino Pérez. 

La 'máquina de terremotos' Castor comenzó a operar el 2 de septiembre de 2013. El apelativo satírico está tomado de @Arma_pollo, un usuario de Twitter con verbo mordaz, que resume así lo que aconteció con la puesta con marcha de esta plataforma de almacenamiento artificial de gas en la costa de Castellón. Un estudio científico internacional ha vinculado los terremotos sucedidos entonces con las inyecciones de gas de la plataforma Castor.

Nada más comenzar a inyectar gas en el antiguo yacimiento de petróleo agotado de Amposta, se inició una escalada de terremotos -de 3,1 y hasta de 4,2 en la escala Richter- así como varios cientos de temblores de tierra de escasa magnitud hasta su paralización.

La empresa se resistió al principio a paralizar sus actividades, a pesar de las crecientes protestas de los vecinos y alcaldes de la zona, hecho que es investigado por la Fiscalía.

El estudio internacional ha establecido que fueron mil los terremotos ocurridos esos días, muchos de ellos imperceptibles. Este equipo internacional ha demostrado una vinculación entre las actividades de Castor y los seísmos que sufrieron las poblaciones costeras cercanas.

La empresa sabía que se podían producir terremotos, no en vano es una zona donde de forma natural se producen pequeños temblores, como reflejan las estadísticas históricas. Pero preveía que fueran de una escala pequeña -inferior al 3 - y que pasarían desapercibidos. Así que financió al propio Observatorio del Ebro un proyecto de investigación para instalar dos sismógrafos y registrar lo que acontecía en el subsuelo durante el proceso de inyección de gas a presión.

Precisamente estos dos sismógrafos son los que han ayudado al equipo internacional a establecer el nexo entre Castor y los terremotos.

Ubicación geográfica de los seísmos registrados en 2013 tras la puesta en marcha de Castor. En el centro, marcada con un recuadro blanco, se encuentra la plataforma de inyección de gas. Fuente: Geophysical Journal International 

Sentencia Castor.art. 14 by Público.es