ERC, PNV, EH Bildu, socios parlamentarios del Gobierno, y Junts se han mostrado favorables a revisar la ley del sólo sí es sí que estos grupos apoyaron en el Congreso ante las rebajas de penas e incluso excarcelaciones de violadores condenados. Y es que, tras la entrada en vigor de la norma, han sido ya varios los tribunales que han revisado las condenas a la baja al considerar que la reforma del Código Penal resulta "más favorable al reo".

Frente a la postura mantenida por el Ministerio de Igualdad, que lo achaca a que "hay jueces que no están cumpliendo con la ley", estas formaciones, sin dejar de destacar el importante cambio de paradigma que se introdujo con la norma al poner en el centro el consentimiento y aunar dos supuestos delictivos en uno solo (desapreció el abuso y solo quedó el de agresión sexual), defienden la posibilidad de que se modifique el texto para "asegurar una correcta interpretación de la ley", tal como añaden fuentes de ERC a Público.

Ya este miércoles, en la la Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, los diferentes portavoces de estas formaciones pusieron el foco en la interpretación "errónea" de la judicatura, así como en su "responsabilidad", en la línea de lo mantenido por el departamento que dirige Irene Montero.

Pero ante esta realidad, y aunque no hablan de "grietas" ni "agujeros" en la ley, abogan por introducir retoques que no den margen a los jueces para rebajar las condenas de los agresores, una opción que los socialistas contemplan también, aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostara por esperar a que el Tribunal Supremo siente jurisprudencia. El Alto Tribunal ha señalado que se pronunciará sobre este asunto en menos de un mes.

ERC presentó dos enmiendas en esta dirección

Fuentes parlamentarias de ERC recuerdan que su grupo parlamentario ya registró dos enmiendas para modificar los apartados seis y 12 de la disposición final cuarta, en consonancia con las peticiones de asociaciones de mujeres juristas. En estos textos, los republicanos alertaban de "la disminución en grado de la pena, de forma facultativa en atención a la menor 'entidad del hecho' en agresiones sexuales que no consistan en violación (penetración) ni en las que concurren circunstancias agravantes".

Asimismo, la diputada Pilar Vallugera, expuso a primeros de noviembre ante la ministra de Igualdad su inquietud por el número de condenados que estaban pidiendo la revisión de las condenas, un supuesto por aquel entonces que la ministra negó que pasaría teniendo en cuenta la Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, también apuesta por retocar la norma si no se ha hecho "adecuadamente". En una entrevista concedida a RNE, ha considerado que hay que plantearse ya "seriamente" reformar la ley al mismo tiempo que ha afeado las palabras de la titular de Igualdad al tildar a los jueces de "machistas".

"Hay un nuevo tipo delictivo, se complica más porque se anulan tipos delictivos que estaban diferenciados, se crea un nuevo tipo delictivo más amplio y lo lógico sería pensar que, sobre todo en los delitos con menos pena, que si caían dentro de la horquilla de penalidad que se había puesto también con este nuevo delito, no se iba a aplicar automáticamente una rebaja", ha explicado.

EH Bildu, por medio de su portavoz adjunto, Oskar Matute, ha salido en defensa de la ley al suponer "una mejora cuantitativa y cualitativa" para las mujeres. Asimismo, en rueda de prensa este jueves, ha considerado que hay "una campaña bien orquestada desde la derecha" para cuestionarla, en referencia a los ataques contra la ministra de Igualdad.

No obstante, no se cierra a aplicar cambios en la ley después de que "juristas de prestigio" hayan indicado que puede haber "señales o puntos de fuga que propicien que la dignidad de las mujeres no pueda ser salvaguardada", ha señalado en lo que ha sido la primera impresión compartida por la coalición abertzale sobre este asunto.

Por su parte, Junts, que también apoyó la ley, se ha mostrado partidaria modificar la ley, ya que, en palabras de su portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, el texto legislativo "no puede dar ni medio motivo para que un juez pueda llegar a reducir penas a alguien que ha agredido sexualmente a otra persona".