Un día, como otro cualquiera, fueron a trabajar. Nunca volvieron. Murieron allí, trabajando. En lo que va de 2020 ya son diez las personas que han muerto en el ámbito laboral en Euskadi. La última se produjo este lunes a la tarde en una planta de tratamiento de residuos de Murga (Araba). Hay, además, dos operarios del vertedero de Zaldibar (Bizkaia) que continúan desaparecidos tras el derrumbe del pasado seis de febrero. Todos ellos, con sus nombres y sus historias truncadas, formando parte de unas estadísticas aterradoras. Hay, sin embargo, otra cifra que camina de la mano.

Según datos de la Asociación de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco (ADI), a día de hoy están en activo en Euskadi 33 inspectores. La situación es especialmente complicada en Bizkaia, donde existe un tejido industrial y empresarial muy importante. "De esos 23 hoy estamos 19. De ahí excluyes del cómputo a Jefatura –que aparte de trabajar en expedientes se dedica a liderar el equipo y a planificar actuaciones, lo que le impide estar en la calle continuamente– y a tres que están de baja por permisos laborales, y para todo lo que pasa en Bizkaia estamos 15 inspectores", relataron desde ADI.

Esta historia se remonta a 2011. En junio de ese año, el Gobierno central traspasó a Euskadi las competencias de inspección de trabajo. Entonces el Gobierno Vasco –en manos del PSE– anunció que la plantilla quedaría conformada por 39 inspectores de trabajo, 15 subinspectores y 57 personas de apoyo. "La realidad a día de hoy es que hay plazas no cubiertas y bajas que tampoco se cubren", denuncia ADI.

En un documento entregado al Gobierno Vasco en marzo de 2018, esta asociación advertía que Euskadi "cuenta a día de hoy con una Inspección de Trabajo completamente mediocre en efectivos –por no decir netamente insuficiente– y deliberadamente desestructurada".

De acuerdo a los datos incluidos en ese informe, a cada inspector de Bizkaia le corresponde cubrir un ratio de 29.437 trabajadores. En Gipuzkoa, con solo nueve, la cifra es de 33.666 personas empleadas por inspector, mientras que en Araba se ubica en uno cada 23.633 trabajadores. En cuanto al número de expedientes atendidos por cada inspector, destacan que en el caso de Bizkaia están cubriendo una media de 300 al año debido a la cantidad de trabajo.

En ese contexto, los inspectores denuncian que no están en condiciones de realizar campañas "para intentar mejorar las condiciones de seguridad y salud y que no se cometan accidentes", lo que básicamente consistiría en "ir preventivamente a las empresas". "Sin embargo, no tenemos ni organización ni efectivos suficiente. Ahora vamos cuando hay un muerto en una empresa –destacan–, pero lo suyo sería que fuéramos antes para prevenir ese muerto".

"Somos una molestia"

En el documento enviado al Gobierno Vasco, ADI criticaba que si bien "la Inspección de Trabajo siempre es una prioridad de cara al público", en la práctica "nunca lo es internamente". "Más bien al contrario, somos una molestia, un grupo de funcionarios que dispone de sólidas competencias de fiscalización ejecutiva en el orden social y que goza de un fuerte estatuto de independencia, lo cual resulta ser algo sumamente incómodo para algunos, por no decir para muchos", afirmaban.

"Por ello pretenden relegarnos a ser una especie de funcionarios en reserva, para cuando a alguien le aprietan las tuercas desde fuera o para cuando salta algo a los medios de comunicación, y entre tanto que se apañen como puedan, y si no pueden mejor", remarcaba ADI.