La presencia de Pablo Casado junto a los exministros Ignacio Camuñas y Rafael Arias Salgado no fue un error de su equipo de comunicación. El Partido Popular lleva meses preparando charlas y seminarios como paso previo a la convención nacional que celebrará en el mes de octubre en València. El diputado Adolfo Suárez Illana invitó a ambos ponentes a participar en una jornada titulada "Concordia, Constitución y Patriotismo", como antesala al documento de programático que saldrá de la citada convención.

Desde allí el líder popular anunció que derogará la ley de Memoria Histórica aprobada en el año 2007 por una de "concordia" si logra llegar a La Moncloa. Una ley que, según Casado, ya está redactada y que "solo en el preámbulo cuantifica en 16.000 millones de euros desde el año 1975 lo que el Estado - Gobierno, autonomías y diputaciones- han ido dando a las familias republicanas desde que hay democracia en España". Un gasto que el conservador considera excesivo. 

Uno de sus acompañantes, Ignacio Camuñas, fundador de Vox, no tuvo reparos en cuestionar rente al líder del PP que el dictador Francisco Franco diera un golpe de Estado en el año 1936. "Si hay un responsable de la Guerra Civil directamente es el Gobierno de la República. Un golpe de Estado no es lo que ocurrió en 1936. Fue un enfrentamiento brutal entre dos sectores de los españoles y que se saldó con los daños propios de una guerra civil", aseguró. Lejos de enmendar esa mentira, Casado aseguró que la intervención de Camuñas le había parecido "un lujo". 

Por su parte, el exministro Rafael Arias Salgado, calificó de "hijo de puta" al primer ministro conservador holandés, Mark Rutte, por querer "vigilar estrechamente" la "concesión y la obligación" de los fondos europeos para España. "Gracias a Dios. Bendito Rutte", añadió Camuñas, ante las risas de Pablo Casado.

El líder del PP se posicionó ya en el pasado con Rutte y el resto de países obstruccionistas y avisó de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, será "el responsable de perder los fondos europeos" si modifica por ley el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, pendiente de renovación desde hace casi tres años. Un acuerdo que requiere la colaboración del principal partido de la oposición, que mantiene el bloqueo constitucional.