El Estado sigue bloqueando el acceso a los archivos de la represión franquista

Son las fotos prohibidas. Lo fueron hace 55 años, cuando la Guardia Civil detuvo a varios miembros del grupo de danzas vascas Eusko Lorak de Sestao. Su delito: atreverse a desafiar a la dictadura franquista y celebrar el 31 de julio, día de San Inazio. Hoy, aquel carrete con imágenes “subversivas” sigue escondido en alguna caja con sello de la Benemérita: aún resulta imposible recuperar ese material.

Se trata de un caso más en un largo listado de vetos y prohibiciones a investigadores que buscan recuperar la historia que la dictadura franquista ocultó y que la democracia, incluso más de 40 años después de muerto Franco, sigue manteniendo bajo secreto. De todo esto habla el libro electrónico elaborado por las fundaciones Primero de Mayo y Largo Caballero –pertenecientes a CCOO y UGT respectivamente– gracias a los textos aportados por 20 expertos, entre los que figuran historiadores y especialistas en legislación.

“En conjunto, nos ofrecen una información muy completa de la situación de nuestros archivos, el acceso a sus fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, además de sus experiencias en la investigación”, señalan Sebastián Pacheco Cortés y Ramón Górriz –representantes de ambas fundaciones– en el prólogo.

En las páginas de este trabajo colectivo se cita un dato relevante: en 2013, el Relator Especial para la promoción de la verdad, la justicia y la reparación y las garantías de no repetición de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, advirtió sobre las “dificultades” que existían en España para acceder a archivos relacionados con el franquismo, al tiempo que reclamaba una normativa que “revise los criterios aplicables en materia de privacidad y confidencialidad, de conformidad con los estándares internacionales, incluyendo el derecho a la verdad”.

Sin embargo, “son ya proverbiales las quejas de los investigadores por las dificultades de acceso a la documentación de archivo cuando abordan determinados temas históricos en ciertas épocas del siglo XX español y, más concretamente, en el tramo cronológico que va de la Guerra Civil a la Transición democrática”, destacan Antonio González Quintana, subdirector general de Archivos de la Comunidad de Madrid entre 2010 y 2018-, y los investigadores Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo en el texto de presentación.

Allí señalan que “si bien es cierto que en las últimas décadas los servicios archivísticos han mejorado, no es menos evidente que su estado es manifiestamente perfectible, tanto en el plano normativo legal –en el que inciden el Estado y las Comunidades Autónomas– como en el de asignación de recursos humanos y técnicos y en el de la promoción pública del Patrimonio Documental”.

En tal sentido, advierten que “el descontento de los investigadores se hace extensivo a los familiares de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo y a sus asociaciones cuando se trata de recabar información acerca de la represión habida durante esos períodos”. Esta situación obstaculiza con frecuencia la labor investigadora e incluso llega a impedirla, como podemos comprobar en algunas de las colaboraciones de esta obra”, subrayan.

"Intentos inútiles"

A lo largo del libro aparecen distintos ejemplos que ilustran las trabas que sufren los investigadores en España. Matilde Eiroa, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, relata el caso del proyecto de investigación colectiva sobre “Judicatura, Investigación y Penitencia” –en el que se pretendía abordar “el orden político y los instrumentos de represión, 1939-1982”-, coordinado por el ya fallecido historiador Julio Aróstegui y subvencionado por el Ministerio de la Presidencia bajo el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La investigadora relata una situación paradójica: a pesar de haber recibido el aval del Gobierno de entonces, los impulsores del proyecto no consiguieron acceder a los expedientes de la Comisaría General de Información y de la Brigada Político-Social. “Los intentos que realizaron algunos miembros del equipo, entre otros Carlos Jiménez Villarejo, por lograr acceder a los fondos, fueron inútiles. No valió de nada la justificación de la necesidad de conocer la estructura y organización de la policía política y su relación con la Magistratura, ni la solvencia académica del director del proyecto y su Equipo. Y tampoco tuvimos una explicación satisfactoria del destino de la documentación que solicitábamos”, destaca.

"En otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales"

Tal como se describe en la presentación de este informe, “en otras ocasiones el investigador ha tenido que recurrir a denuncias públicas y demandas judiciales para lograr el acceso a cierta documentación”. Citan el caso del historiador Francisco Espinosa, quien “relata su lucha con el Tribunal de Cuentas, que en principio le negaba la consulta de fondos relativos a Batallones y Campos de Concentración españoles durante la Guerra Civil y la posguerra”.

En el capítulo que lleva su firma, Espinosa “aborda también el caso, más conocido y denunciado, de los 10.000 expedientes clasificados como secretos o reservados en archivos militares del período 1936 a 1968, que durante el mandato de Carme Chacón como Ministra de Defensa se anunció que iban a ser liberados para su consulta”. “El expediente de desclasificación quedó entre los asuntos sin tramitar por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, al hacerse cargo del ministerio Pedro Morenés, después de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales de 2011, quedó completamente olvidado”, denuncian.

A criterio de los investigadores, “las dificultades de acceso a cierta documentación son a la vez causa y efecto de esa deficiencia en la atención a los deberes de la ‘memoria histórica democrática’ en España”. “Sin duda, la capa de silencio y olvido hacia el inmediato pasado con que se pretendió cubrir el proceso de Transición política a la muerte de Franco tuvo un efecto deletéreo para la investigación de los aspectos más siniestros e impresentables de su régimen; en especial los relacionados con las distintas formas de violencia, exclusión y control social que garantizaron su permanencia”, subrayan.

En tal sentido, denuncian que “la inconsistencia de la información aportada por algunos organismos del Estado es muy notoria”. “Las direcciones generales de la Policía, de la Guardia Civil y de Instituciones Penitenciarias se limitan a especificar el número de cajas y los kilómetros lineales que ocupa la documentación en sus servicios centrales y en sus unidades periféricas, pero sin definir demasiado –o en absoluto– la naturaleza de tales registros”.

Remarcan además que parte de la documentación policial sobre grupos políticos “está todavía clasificada –léase vetada– por una decisión del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, aplicando la Ley de Secretos Oficiales que, en lo sustancial, sigue teniendo la misma formulación que en 1968”.

"Ocultación"

En ese contexto, González Quintana señala en su texto que “el abuso de la clasificación de documentos por razones de seguridad o la limitación desproporcionada del acceso a la información por razón de la protección de datos personales no pueden ser, de ninguna manera, puertas abiertas a la ocultación de las violaciones de DDHH y menos aún a la impunidad de los responsables de las mismas”.

“Sin duda, es en los procesos de transición desde regímenes represivos a sociedades democráticas cuando la ponderación y el equilibrio entre los dos derechos enfrentados se debe afrontar con mayor rigor, de modo que amparados en el secreto o en la defensa del honor o la intimidad personales no queden impunes los crímenes de guerra de lesa humanidad u otras graves violaciones de los DDHH”, señala. Por tales razones, remarca que “en ningún caso debe quedar amparado por el secreto ningún documento que sea prueba” de casos de vulneraciones de los derechos humanos.

Para muestra, un botón. González Quintana cita el ejemplo del comisionado federal para la administración de los archivos de la Stasi, en Alemania, que cuenta con “un presupuesto de 100 millones de euros y 1.600 empleados”. “Sin embargo, en el caso español, a pesar de todas las campañas publicitarias desarrolladas en torno a la Memoria Histórica y pese a la importancia mediática de tales campañas y de los debates subsiguientes, los avances reales en políticas archivísticas, para hacer aportes reales de testimonios oficiales, han quedado en muy poco”, compara.