La creación de centros de internamiento para personas migrantes “supondría una vuelta de tuerca más” y “un paso más en el vaciamiento del derecho de asilo y el rechazo absoluto a hacer de la UE un espacio de acogida. Serían la certificación de que la retórica de los DDHH ha cedido ante la pulsión xenófoba que crece por toda Europa”.

Con estas palabras, siete destacadas ONG, de larga trayectoria en la atención a inmigrantes (APDHA, Asociación Elin, Iridia, Inmigrapenal, Servicio Jesuita a Migrantes, Coordinadora de Barrios y la Federación SOS Racismo), reclamaron ayer que España rechace de plano en el Consejo Europeo que tendrá lugar los próximos 28 y 29 de junio la propuesta de creación de centros de internamiento y hotspots a los que trasladar y en los que encerrar a las personas migrantes y refugiadas que tratan de acceder a la Unión Europea.

Las ONG rechazan firmemente la política migratoria de la UE y exigen al Gobierno español no sólo que se oponga a la misma, sino que plantee “avances en la mejora de la acogida de las personas migrantes y demandantes de protección internacional”; proponga establecer “la garantía de salvamento” de las personas que tratan de cruzar a diario el Mediterráneo, así como en crear “vías legales y seguras de acceso a la Unión Europea”.

Lejos de Europa

“Estos campos supondrían una vuelta de tuerca más en las políticas de externalización, en la medida que podrían crearse tanto en territorio europeo como en países del norte de África con un baja calidad democrática y baja protección a las personas migrantes, tal y como hemos visto en los últimos meses”, afirmaron las ONG en un comunicado.

Tal y como sucede en la actualidad en Turquía, argumentan las ONG, se cribaría a las personas entre quienes verían admitida a trámite su demanda de asilo y el resto, que serían expulsadas a sus países de origen, lejos de cualquier organización que pueda fiscalizar qué es lo que sucede en estos procesos y con procedimientos jurídicos de protección que se prevén lejos de los estándares europeos. Por tanto, la creación de los hotspots “supondría un nuevo impedimento a las personas migrantes y refugiadas para alcanzar un mínimo estatus de protección, dejando que terceros países sin mecanismos de protección judicial de estas personas o sociedad civil organizada e independiente que pueda fiscalizar lo que allí sucede se convirtieran de facto en agentes ejecutores de la política migratoria de la UE”.

Estos inmensos campos de refugiados son, a juicio de estas organizaciones, “el enésimo gesto mediático para tranquilizar a una opinión pública europea que exige soluciones, aun a sabiendas de que las experiencias de figuras análogas en Italia o Turquía no han supuesto la mejora en el acceso a los derechos fundamentales de estas personas”.