Sector público La temporalidad en el sector público bajará un 90% y los sueldos subirán un 1%

El Gobierno ha firmado hoy un acuerdo con UGT, CCOO y CSIF para reducir en un 90% la temporalidad entre el personal del sector público en tres años, al tiempo que les ha comunicado que la subida salarial para 2017 será del 1%, igual a la de 2016, lo que para los sindicatos es claramente insuficiente.

El acuerdo para la estabilización del empleo público supondrá la consolidación durante 2017, 2018 y 2109 de 250.000 plazas ocupadas por interinos, la mayoría en el ámbito de la sanidad, lo que reducirá la tasa de temporalidad al 8% del total de trabajadores públicos.

El Ministerio de Hacienda y Función Pública no ha adelantado cuántas de estas 250.000 plazas se convocarán este año, puesto que todavía hay que concretarlo con las comunidades autónomas y las entidades locales.

Solo ha explicado que la mayoría de esas plazas (237.070) corresponden a la sanidad (129.700), la docencia (98.807) y la administración de justicia (8.564).

Según el Ministerio, hay que tener en cuenta que se parte de una cifra muy elevada de temporalidad, de casi 300.000 interinos en la Administración, con tasas que oscilan entre el 30% de la sanidad, el 25% de la administración de justicia y el 20% en la enseñanza no universitaria.

En la firma del acuerdo esta mañana, el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmado que se trata de una "apuesta por dignificar la función pública" y su "importante contribución a la completa recuperación económica del país".

El ministro ha recordado que "la filosofía básica del acuerdo ya se contemplaba en la Conferencia de presidentes" del pasado 17 de enero, en la que se pidió analizar la situación de interinidad, especialmente en educación y sanidad.

Para los sindicatos es un acuerdo histórico que implica un cambio en la política del Gobierno respecto al sector público, si bien lo consideran solo un primer paso, ya que ven indispensable que se avance también en la recuperación del poder adquisitivo de un colectivo castigado durante los años de crisis.

Por la tarde, Montoro se ha vuelto a reunir con los sindicatos (a los que se han sumado ELA y CIG), las comunidades autónomas y los municipios en la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas para avanzar las líneas principales de los presupuestos generales del Estado de 2017 que se aprobarán este viernes.

Allí les ha informado de que los salarios de los empleados públicos subirán el 1% en 2017 y de que el viernes se aprobará por decreto-ley la parte de la Oferta de Empleo Público de 2017 que afecta al ámbito de la educación universitaria y no universitaria, así como a la policía y la guardia civil.

Asimismo, el decreto habilitará a las comunidades autónomas para que convoquen cuanto antes las plazas y puedan contar con el nuevo personal docente para el inicio del próximo curso escolar, sin esperar a la tramitación parlamentaria del proyecto presupuestario.

Hacienda no ha informado de cuántas plazas serán, pero sí de que la Oferta de Empleo Público de 2017 incluirá alrededor de 67.000 plazas, de las que 19.000 se convocarán en la Administración General del Estado; 28.000, en las comunidades autónomas; y 20.000, en las entidades locales.

Con esta oferta se cubrirá la reposición del 100% del empleo público en los sectores que los presupuestos contemplan como prioritarios y que, fruto también del acuerdo con los sindicatos, se han ampliado al personal destinado a políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias, entre otros.

Se suman a los sectores ya considerados preferentes como sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, y prevención y extinción de incendios.

También se autoriza el 100% de reposición de personal en las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios, en tanto que en el resto de sectores se mantendrá una tasa de reposición limitada al 50%.