Sánchez busca dar una imagen de estabilidad con sus primeras medidas sociales

Poco más de un mes después de ser investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ya ha presentado su primer paquete de medidas sociales. Este miércoles se aprobó en el Consejo de Ministros el nuevo decreto anticrisis. En esencia se prorroga el grueso de las medidas que estaban en vigor y se incluyen otras nuevas. El texto tendrá que ser convalidad en el Congreso y el Ejecutivo de PSOE y Sumar busca una primera imagen de estabilidad pese a la complejidad parlamentaria de la legislatura. 

"Hemos hablado con todos los grupos parlamentarios. Hemos recogido sus demandas y preocupaciones. Estamos obligados a hablar antes de aprobar cada decreto en el Consejo de Ministros", señaló en rueda de prensa Sánchez. Aunque fuentes gubernamentales señalan que también durante la pasada legislatura se hablaba con los grupos parlamentarios antes de llevar los decretos a Moncloa, la diferencia principal es que con este decreto se han visibilizado de manera singular los acuerdos con fuerzas como ERC, EH Bildu o PNV. 

La manera más habitual de negociar durante la pasada legislatura, así lo reconocen varias fuentes consultadas por Público en los grupos parlamentarios, era cerrar los pactos entre el periodo que va desde la aprobación en Consejo de Ministros hasta que llega al Congreso. De hecho, con alguno de los paquetes anticrisis aprobados hubo cierta incertidumbre hasta el final por el sentido del voto de varias fuerzas políticas. Todos los decretos, eso sí, se salvaron. 

PSOE y Sumar no pueden permitirse el lujo de perder votos por el camino. Una licencia que sí tenían la pasada legislatura. Por ejemplo, en abril de 2022 ERC votó en contra del decreto anticrisis por el estallido del 'caso Pegasus' y en reprimenda al Gobierno. Pero salió adelante porque los números eran diferentes. 

Para aprobar este primer paquete de medidas en el Congreso se necesita una mayoría simple. Es decir, más síes que noes. Las cuentas, de momento, salen. Primero, con los votos de ERC. Según confirman fuentes de los republicanos catalanes a este medio, en su caso se pactó incluir el traspaso del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a Catalunya. Este acuerdo se anunció expresamente la pasada semana tras la reunión entre Sánchez y Pere Aragonès en Barcelona. 

EH Bildu anunció este martes también su pacto con el Gobierno para incluir en el decreto la prohibición de desahucios para familias vulnerables hasta 2025. La formación vasca también ha pactado la prohibición de los cortes de suministros básicos (luz, agua y gas) y la ampliación de la tarifa regulada TUR4 para calderas comunitarias. 

Por su parte, el PNV logró acordar con el Gobierno de Sánchez también varias medidas. Entre ellas integrar los impuestos a la banca y a las energéticas en el régimen foral de las comunidades vasca y navarra, así como ampliar el contrato de relevo para la industria en 2024.

El sello del PNV también está en el retoque de los impuestos a las energéticas con los que "se creará un incentivo para el sector energético por las inversiones estratégicas" que se realicen en materia de transición ecológica. Una medida a la que Sumar se ha opuesto, ya que la formación de Yolanda Díaz quería mantenerlos igual y sin deducciones. Este choque ideológico entre partidos tan diferentes da buena muestra de la complejidad de la legislatura. 

En el BNG también se han mostrado conformes con el decreto. Así lo señalaron en rueda de prensa. La formación gallega celebró la prórroga de las ayudas a los bonos de transporte para 2024 que se incluye en el decreto. De este modo consideran que se cumple con uno de los puntos que firmaron con el PSOE para apoyar la investidura de Sánchez. 

Coalición Canaria no se ha pronunciado de manera pública aunque fuentes socialistas dan por hecho también su voto favorable puesto que se incluyen algunas medidas relacionadas directamente con su territorio como la prórroga de las ayudas por el volcán de La Palma. 

De este modo, PSOE y Sumar tendrían asegurados 172 votos a favor frente a los 171 del bloque de la derecha. Contando con que falta también saber qué hará Podemos, ahora integrado en el Grupo Mixto. De momento, Ione Belarra, secretaria general, se ha referido al asunto con temas que cree que se dejan fuera. "La prórroga del escudo social que se aprueba hoy era imprescindible. Además, la rebaja del transporte público tiene que convertirse ya en una medida permanente. Echamos en falta cuestiones clave como la congelación de los alquileres o el tope a los márgenes en los alimentos", señaló. 

Pero la pelota principal volvería a estar en el tejado de Junts. La formación que lidera Carles Puigdemont no se ha pronunciado al respecto del decreto. Las fuentes en ambos partidos consultadas por Público no desvelan si han tenido conversaciones concretas al respecto. En todo caso, a los socialistas les valdría con una abstención para convalidar las medidas. Pero confían en un voto favorable. 

Lo que sí se conoció es que la portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, anunció su voto en contra de un decreto aprobado la pasada semana en el Consejo de Ministros. En este caso incluían medidas relacionadas con el servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo. Para Junts, pone en riesgo la ley de amnistía. 

Sumar, una victoria incompleta

Las disputas en esta legislatura compleja también se llevarán, como los últimos años, en el interior del Gobierno. Antes, con Unidas Podemos. Ahora, con Sumar. El espacio de Díaz ha querido marcar sus posiciones desde hace semanas. La sensación en Sumar es de satisfacción puesto que la mayoría de sus peticiones se han llevado adelante. 

El único punto negro, resuelto a favor del PNV como se señalaba anteriormente, es el de los impuestos a las energéticas. La vicepresidenta segunda lo dejó claro públicamente. "No compartimos una rebaja fiscal al impuesto de las grandes energéticas, cuando estas empresas tienen beneficios mucho mayores en España que en el resto de Europa y la gente lo esta pasando mal", apuntó. 

Por lo demás, Sumar presionaba para hacer permanentes los impuestos a la banca y energéticas. Algo para lo que se ha firmado un compromiso para llevarlo a cabo a finales del año próximo. También se ha logrado convencer al PSOE de extender las bonificaciones al transporte público y la práctica totalidad de medidas sociales y laborales.