Sánchez afronta el inicio del curso político con dudas sobre los Presupuestos y frentes como Catalunya, el PP o el juez Peinado

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retoma su actividad al cien por cien esta semana. El martes preside en Moncloa el Consejo de Ministros tras varias semanas de parón vacacional y ese mismo día emprende un viaje por varios países de África con la migración como telón de fondo.

Un asunto que ya abordó este viernes en una esperada reunión con el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo. Sánchez afronta ahora el inicio formal del curso político con no pocos frentes complejos abiertos que van desde la aprobación de las cuentas públicas hasta la situación de su esposa, Begoña Gómez y las actuaciones del juez Juan Carlos Peinado. 

Sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ya planean sombras de dudas. Una prórroga no se descarta en Moncloa, aunque la prioridad es aprobarlos en "tiempo y forma", como destacó esta semana la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Las exigencias de ERC y Junts, y la celebración de sus congresos los próximos meses, serán clave para saber si hay nuevos PGE o no. De momento, Sumar, los socios de coalición del PSOE, ya han advertido que no contemplan otro escenario que no sea la aprobación de las cuentas públicas. 

Directamente relacionado con este asunto se encuentran las consecuencias del pacto en Catalunya entre PSC y ERC, que sirvió para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat. El modelo de "financiación singular", concebido como un "concierto económico" fiscal propio para Catalunya para la fuerza republicana, no ha estado exento de polémicas desde el inicio. 

Montero salió esta semana a intentar tranquilizar a las voces críticas que habían surgido ya en las propias filas del PSOE. Esta vez ya no se trataba únicamente del habitual díscolo, Emiliano García Page sino que la preocupación se convirtió en transversal. La vicepresidenta negó que lo firmado sea un concierto económico propio como el que existe en Euskadi o Navarra.

Pero ERC lo concibe así e hizo ver su malestar por la palabras de Montero de manera pública. Es más, avisó al PSOE de que no podría contar con su apoyo en los PGE si no cumplía el acuerdo. "Sabe perfectamente que es lo que se firmó: el concierto económico, aunque no quiera llamarlo así", destacaron. 

También hay cierta inquietud por ver cómo actúa Junts. El partido de Carles Puigdemont ya tumbó la senda de déficit en el Congreso durante el mes de julio. La propia investidura de Illa y el regreso fugaz del expresident tensaron un poco más las ya de por sí difíciles relaciones con el PSOE. El partido reclama ahora que el Gobierno explique de manera clara cuál es el modelo de financiación firmado con ERC. 

La solución a la cuestión migratoria

Antes del verano uno de los principales focos políticos era la reforma de la ley de extranjería para favorecer la acogida de menores migrantes en diferentes comunidades autónomas. El Gobierno de Sánchez pactó con el de las Islas Canarias una proposición de ley para aliviar la sobresaturación de la que alertan en el archipiélago.

El asunto, una vez prácticamente finalizado el verano, está lejos de resolverse. La intención del Gobierno es de nuevo convencer al PP para aprobar algo a lo que se negó en julio (junto a Vox y Junts). Así se lo transmitió Sánchez a Clavijo el pasado viernes. Los populares, de momento, se han enrocado en sus exigencias y no parece que haya nuevas vías de entendimiento a la vista. 

Una de las exigencias del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo era la celebración de una Conferencia de Presidentes de forma inmediata. Será en septiembre, aunque todavía no tiene fecha y el Gobierno se ha abierto a tratar la acogida de migrantes aunque el tema principal es el de la vivienda.

Antes de eso, el día 6 el líder del PP ha convocado a todos sus presidentes autonómicos para armar una estrategia conjunta de rechazo al asunto de la financiación catalana y probablemente una coordinación para el tema migratorio.

Tampoco se ha agotado, ni mucho menos, la causa judicial contra Begoña Gómez, esposa de Sánchez. Las maniobras del juez Juan Carlos Peinado han continuado durante las semanas de verano, con la declaración del presidente del Gobierno en Moncloa incluida. 

El último movimiento ha tenido lugar esta misma semana. En una providencia, Peinado advierte a las acusaciones de ultraderecha de que del "silencio" de Sánchez pueden extraerse "conclusiones". Además, les anuncia que les proporcionará el vídeo de esa declaración. La nueva declaración de Peinado ha provocado perplejidad en las filas del PSOE. 

Los socialistas confían en que este último caso quede en nada y han cargado contra la persecución que sufre Sánchez y su entorno familiar. Respecto a la estabilidad de la legislatura, en las filas del PSOE no ven riesgo a la vista y recuerdan que no hay posibles mayorías alternativas al actual Gobierno. Al mismo tiempo destacan la capacidad negociadora demostrada para ir resolviendo los escollos que surjan.