Ruz ve indicios de delito en la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha apreciado indicios de delito en la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas llevada a cabo por el PP. Por ello, en un auto dictado este jueves, ha remitido a los Juzgados ordinarios de Madrid, en Plaza Castilla, la información relativa a la destrucción de los discos duros de dos ordenadores utilizados por Bárcenas, al considerar que los hechos revisten "relevancia penal" y que podrían haberse cometido delitos de daños informáticos y encubrimiento.

En un informe presentado a Ruz ayer, el Ministerio Público se posicionó en contra de la petición efectuada por varias acusaciones personadas en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP que solicitaban la apertura de una investigación. En el escrito, la Fiscalía señalaba que esta diligencia no aportaría ningún resultado de interés para el avance de la causa.

El Partido Popular destruyó en abril de este año el contenido de los discos duros de los dos portátiles, un mes después de que agentes de la Policía Nacional acudieran a Génova tras la denuncia que el exsenador presentó contra el abogado de la formación, Alberto Durán, por abrir sin su consentimiento un espacio que tenía a su disposición en el edificio.

Esa visita de la Policía Nacional a la sede popular se produjo el 1 de marzo, el mismo día que Bárcenas interpuso su denuncia, y fue justificada con el objetivo de comunicar a Durán la acción judicial emprendida por el ex tesorero, sin que los agentes practicaran otras diligencias, según señalaron entonces fuentes policiales.

Ruz especifica, en un auto hecho público este jueves, que el abogado del PP puso en conocimiento del Juzgado que "en fecha indeterminada, y en todo caso posterior al 21 de abril, se procedió por persona no identificada a la destrucción de los discos duros de los ordenadores que tuvo asignados Bárcenas".

El magistrado recuerda que en aquel momento, el extesorero, además de estar imputado en la causa que investiga la trama Gürtel, lo estaba también en la nueva pieza sobre la presunta contabilidad B del PP, después de que el Juzgado Central de Instrucción número 3 admitiera a trámite en marzo la querella presentada por IU y de que se le tomara declaración el 21 de ese mes.

Ruz asegura que estos "acontecimientos procesales constituían, al tiempo de la supuesta destrucción del material informático, hechos notorios por su difusión pública, siendo directamente conocida la apertura de la causa por el Partido Popular, que en aquel momento estaba personado como acusación popular".

El juez advierte a la formación que, tras la reforma del Código Penal de 2010, las personas jurídicas --como el propio PP-- pueden ser consideradas responsables del delito de daños informáticos.  Por todo ello se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción de Madrid que corresponda por turno para que este decida si procede la apertura de diligencias de investigación.

Por otro lado, el juez Pablo Ruz ha decidido este jueves mantener encarcelado al extesorero del PP Luis Bárcenas al considerar que persisten "plenamente vigentes" los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas en los que se basó el 27 de junio para ordenar su ingreso en prisión preventiva.

Ruz desestima así en un auto notificado hoy la petición de excarcelación que le hizo la defensa de Bárcenas, alegando que al extesorero "ni se le pasa por la cabeza" fugarse dado su importante arraigo en España, que tampoco hay riesgo de que destruya pruebas y que además ha colaborado en la investigación del caso Gürtel.

Asimismo, el juez ha citado como testigo al exjefe de seguridad del PP Antonio de la Fuente, cuñado de Bárcenas, para aclarar las visitas que recibían en la sede de la calle Génova los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta y su relación con ingresos de donantes que constan en la supuesta contabilidad B del PP.

El fiscal Anticorrupción Antonio Romeral había pedido la citación de De La Fuente en uno de los seis informes que ha presentado al juez en contestación a las diversas peticiones de las acusaciones personadas en la causa.