Rumbo a la ratificación del CETA PP, PSOE y C's imponen la tramitación exprés del 'TTIP canadiense' en el Congreso

El Gobierno sigue pisando el acelerador para garantizarse la aprobación en el Congreso del tratado comercial entre la UE y Canadá, CETA, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos. Esta semana, la Junta de Portavoces acordó que el polémico acuerdo comercial se vote en el Pleno del próximo jueves 18. También se debatirá la enmienda a la totalidad presentada por Unidos Podemos, que lleva la firma de su portavoz en la Comisión de Exteriores, Pablo Bustinduy.

La ratificación del acuerdo, asegurada por los números que suman PP, PSOE y C's, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, después de que el Congreso se haya posicionado sobre el CETA

Por su parte, desde el grupo parlamentario de Unidos Podemos recuerdan que han interpuesto una batería de iniciativas parlamentarias para impedir la tramitación de un acuerdo que, a su entender, resta soberanía a los españoles. Tras algunos encontronazos con el resto de partidos presentes en la Mesa del Congreso, el órgano de gobierno de la cámara, ésta decidió calificar su propuesta de votar en Pleno una cuestión previa de constitucionalidad, iniciativa que permitiría pedir al Tribunal Constitucional que analice si el CETA vulnera las disposiciones de la Carta Magna, como denuncian Unidos Podemos y cientos de organizaciones sociales, sindicales y civiles.

Según este grupo, lo más sorprendente es que la ratificación del acuerdo, asegurada por los números que suman PP, PSOE y Ciudadanos en la cámara, se votará el mismo día en que se considera la cuestión previa de constitucionalidad, incluso después de que el Congreso ya se haya posicionado sobre el CETA. Simplificando, primero se votará el CETA, y después si la cámara manda el acuerdo al Alto Tribunal para que aclare si vulnera la Constitución.

"Es un disparate que revela sus prisas por aprobarlo", aseguran fuentes del grupo confederal Unidos Podemos- En Comú Podem- En Marea. Reconocen que en este punto es muy difícil actuar contra el polémico CETA, e insisten en que a todas luces el acuerdo supone una pérdida de soberanía evidente, entre otros motivos por el recurso a los polémicos tribunales de arbitraje, a los que sólo pueden acceder las empresas inversoras, obviando los canales judiciales nacionales.

Critican también la actitud del Partido Socialista, y aseguran que "no responde" a su petición de que respalden que el Constitucional revise el CETA antes de que los diputados, que en la inmensa mayoría de los casos no han accedido a las más de 1.600 páginas del acuerdo, se pronuncien.

Por su parte, desde el Partido Socialista argumentan que no tiene sentido votar su remisión al Constitucional "sin saber si va a ser ratificado o no". "Primero hay que ver si se ratifica", inciden, recordando que ya respaldaron el CETA cuando fue ratificado en el Europarlamento, en febrero de este año. En la votación del tratado, el pasado 15 de febrero, parte del grupo de Socialistas y Demócratas en la Eurocámara (S&D) se desmarcó de la línea oficial y votó contra el CETA, pero esta división no afectó a la delegación española, que votó en bloque a favor del acuerdo.

Errores de forma, ausencia de documentos y "cacicadas"

El 24 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la remisión del Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA, en inglés) a las Cortes, y el Gobierno lo registró el lunes 27, sólo tres días después. No obstante, en su primer envío el Ejecutivo obvió documentos tildados de "claves" por Unidos Podemos. El grupo parlamentario de Pablo Iglesias criticó su extravío, y el Ejecutivo tuvo que trasladarlos posteriormente, el 7 de abril (uno de ellos es el Instrumento interpretativo conjunto sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea y sus Estados miembros).

Este grupo registró su solicitud de control previo de constitucionalidad el 3 de abril, pero la iniciativa no fue calificada hasta esta semana. Entre medias tuvo lugar la reunión de la Mesa del pasado 28 de abril, especialmente criticada por Unidos Podemos, porque los representantes de PP, PSOE y Ciudadanos paralizaron la iniciativa pasando la pelota a los letrados de la cámara. También rechazaron su solicitud de celebrar un pleno monográfico sobre la corrupción, en el que el presidente del Gobierno diera explicaciones sobre el caso de corrupción Lezo. Esta decisión fue tildada de "cacicada" por parte de Unidos Podemos, mientras PP, PSOE y C's argumentaron que "priorizan" la comparecencia de Rajoy ante la Comisión sobre la financiación ilegal del PP, que entonces ni siquiera estaba constituida.