Rodalies, aeropuerto y financiación, 'viejas' reclamaciones catalanas que la investidura retorna al primer plano

A pesar de que la amnistía y la autodeterminación son las condiciones de máximos que ERC y, especialmente, Junts reclaman al PSOE para decantarse por el "sí" en una futura investidura de Pedro Sánchez, la realidad es que las dos formaciones independentistas planean aprovechar la negociación para poner encima de la mesa otras cuestiones.

Este mismo martes, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamado a Sánchez "que se mueva" si quiere seguir en la Moncloa y ha situado en tres las prioridades en las negociaciones para la investidura del candidato socialista: referéndum, poner fin a la represión y acabar con los "déficits estructurales" que sufre Catalunya, entre los cuales ha mencionado el fiscal y el de infraestructuras. Traducido en otras palabras, el último punto sería una nueva financiación para Catalunya y el traspaso de Rodalies, con los recursos económicos pertinentes para poner el servicio al día.

Aragonès reclama a Sánchez acabar con los "déficits" fiscal y en infraestructuras de Catalunya

Aunque Sánchez necesite tanto los votos de ERC como los de Junts para lograr la investidura y, por lo tanto, evitar el escenario de repetición de las elecciones generales, ahora mismo no parece factible que acabe poniendo encima la mesa una referéndum de autodeterminación de Catalunya para desencallar la situación.

Las otras cuestiones, mucho más vinculadas con la gestión del día a día y a la economía que no con el conflicto político de fondo, remiten a la época de negociación del actual Estatut de autonomía, aprobado inicialmente por el Parlament en 2005, ratificado y recortado por el Congreso en la primavera del 2006, validado en referéndum por los catalanes el 18 de junio de aquel año y, finalmente, laminado de manera significativa por el Tribunal Constitucional el 2010. Repasamos las tres reclamaciones.

Acabar con el déficit fiscal

El actual modelo de financiación autonómica está vigente desde el 2009 y se aprobó en una negociación con un claro liderazgo de la Generalitat. Bebía de la aprobación del Estatut y el Govern -entonces integrado por PSC, ERC e ICV-EUiA- pretendía que acabara con el eterno "déficit fiscal", es decir, que los catalanes dejaran de aportar más recursos a la Hacienda estatal de los que después recuperaban vía inversiones o transferencias al territorio. La realidad, pero, es que ya desde el segundo año de aprobación del modelo, Catalunya perdía posiciones en el ranking de autonomías una vez el Gobierno hacía el reparto de recursos entre todas las comunidades.

Según el Departament d'Economoa, el actual modelo de financiación comporta que cada catalán 'pierde' 300 euros al año

El 2014 tendría que haber entrado en funcionamiento un nuevo modelo de financiación autonómico, pero la realidad es que no se ha llegado a aprobar nunca y el actual ya acumula una década caducado. Según los últimos datos, presentados hace unos días por el Departament d'Economía, ahora mismo el modelo supone que cada catalán pierde 300 euros al año y que Catalunya pase de ser la tercera comunidad que más recursos aporta al sistema a ser sólo la décima que más recibe.

Aragonès quiere una negociación bilateral, mientras que el Gobierno plantea seguir con el modelo multilateral

Montero, pero, plantea una negociación multilateral con las autonomías de régimen común -todas excepto el País Vasco y Navarra, que tienen un régimen de concierto económico-, mientras que Aragonès reclama un trato y una negociación "bilateral" para Catalunya, únicamente con el Gobierno.

El traspaso de Rodalies

La baja inversión del Gobierno en la red de Rodalies de Catalunya en las dos últimas décadas -documentada por sus propios informes de ejecución presupuestaria- ha ido deteriorando la infraestructura y el servicio, que arrastra problemas crónicos que se traducen en constantes averías, retrasos y jornadas caóticas. Hace más de 15 años que el los partidos catatalanes reclaman el traspaso del servicio, una petición que genera un enorme consenso en Catalunya, hasta el punto que los votantes de todos los partidos prefieren que lo gestione la Generalitat.

En un acuerdo derivado también del Estatuto de 2006, el Gobierno estatal traspasó al catalán en 2009 la planificación del servicio, es decir, los horarios y las tarifas, pero la infraestructura -las catenarias y las vías- y los trenes siguen en sus manos, a través de las empresas públicas Adif y Renfe.

La reclamación catalana actual -a pesar de que en ningún caso es nueva- es el traspaso "integral" del servicio. Tanto ERC como Junts la incorporaban en los respectivos programas electorales para las elecciones generales del 23 de julio, con el añadido que se tendrían que sumar los recursos económicos necesarios para hacer "las inversiones pertinentes", un volumen que los republicanos cuantifican en 4.000 millones.

Durante la presidencia de Sánchez los dos gobiernos han abordado la cuestión en la comisión bilateral de infraestructuras, pero no se han puesto de acuerdo. La Generalitat quiere el traspaso de todas las vías que den servicio mayoritariamente en Catalunya, pero el Gobierno hasta ahora solo se ha mostrado dispuesto a hacerlo con algunas, porque otros son "infraestructuras de interés estatal".

La gestión del aeropuerto

La tercera carpeta es que la gestión del aeropuerto del Prat esté liderada por el Govern y no por Aena, el gestor aeroportuario centralizado que controla el Estado -el 51% está en manos del Gobierno y el 49% restante lo tienen accionistas privados, desde que el 2015 salió adelante la privatización parcial de la compañía-. Tampoco es un tema nuevo, sino que era un asunto totalmente recurrente y situado en el primer plano mediático catalán en la época de la negociación del Estatut, con mociones en el Congreso presentadas por ERC reclamando el traspaso.

Los programas de ERC y Junts para el 23J recogían la demanda del traspaso del aeropuerto

El momento culminante de esta reclamación se vivió el 23 de marzo del 2007, cuando el Iese -la escuela de negocios- congregó a más de 800 empresarios, representantes de las principales compañías catalanas y los líderes sindicales para reclamar una gestión "autónoma" y no centralizada del Prat, bajo liderazgo catalán.

Los últimos años el debate sobre la infraestructura ha girado básicamente alrededor de su ampliación, que defienden sectores económicos, PSC -y PSOE- y Junts, genera más escepticismo en ERC y rechazan Comuns, CUP y organizaciones ecologistas y en defensa del territorio, por su impacto ambiental.