El Consejo de Ministros aprobó este miércoles distintas medidas de carácter técnico dentro de la ley estatal de Vivienda, que supondrán una mejora de las ayudas al alquiler, pero se aplaza la aprobación del decreto para ampliar la prohibición de los desahucios.

El nuevo decreto de alquileres extenderá el plazo de concesión de ayudas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hasta el 31 de diciembre de 2022 y modificará el programa de ayuda a los jóvenes, para que esta ayuda también se pueda recibir en núcleos de población de menos de 5.000 habitantes. Asimismo, se intentarán agilizar los trámites burocráticos por los que se suprime la necesidad de suscribir un acuerdo en la comisión bilateral de seguimiento como requisito previo a la financiación de las adquisiciones de vivienda con ayudas del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler.

En cuanto al decreto de los desahucios, hay que recordar que el contenido del nuevo decreto para ampliar la prohibición de los desahucios hasta el fin de estado de alarma (mayo) y dar mayor cobertura a colectivos vulnerables, no circunscribiendo estas actuaciones sólo a la covid-19, fue pactado hace una semana entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con Unidas Podemos, lo que motivó la retirada de la enmienda a los Presupuestos que presentó la formación morada, junto a Bildu y ERC.

Se vaticinó una aprobación rápida del acuerdo, y hasta el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, anunció a finales de noviembre que estaría aprobado un nuevo decreto sobre desahucios en 15 días, pero todo parece indicar que se va a retrasar su entrada en vigor.

Según fuentes del ministerio que dirige José Luis Ábalos, el acuerdo está cerrado y se cumplirá en los términos acordados, pero en la elaboración del nuevo decreto también están implicados otros ministerios como Economía o Justicia. Dichas fuentes apuntan que es un decreto que tiene cierta complejidad jurídica y también competencial, que se quiere perfilar con precisión.

No obstante, la intención es llevarlo al Consejo de Ministros lo antes posible y se da por hecho que será antes de final de año, pero sin precisar en qué próxima reunión ministerial se aprobará.

Cortes de suministro

Además, queda todavía pendiente el debate entre los socios de Gobierno para evitar el corte de suministros a las personas más vulnerables. Este debate lo lleva la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera; y parece que está difícil de solucionar, al menos, a corto plazo.

Unidas Podemos no renuncia a la prohibición de los cortes de suministro a las personas más vulnerables, mientras que desde la Vicepresidencia cuarta se opta más por ampliar las prestaciones del llamado bono social.

La cobertura de prohibición del corte de suministros ya desapareció el 30 de septiembre y, aunque desde Unidas Podemos se hizo un esfuerzo para prorrogarla, quedó fuera del llamado "escudo social". Ahora, el partido morado quiere volver a recuperar aquellas medidas y, además, pretende que sea cuanto antes y puedan entrar en vigor el 1 de enero.

En este sentido, la ministra Portavoz, María Jesús Montero, avanzó que se está trabajando intensamente en este asunto, y garantizó que el Gobierno garantizará que ninguna persona quede atrás por no poder hacer frente al impago de los suministros básicos.