Izquierda Unida ha presentado una iniciativa en el Congreso en la que pide que se haga una auditoría independiente de las nueve autopistas que han quebrado y que han sido rescatadas por el Estado.

IU ha registrado una proposición no de ley en este sentido después de que el Ministerio de Fomento haya reconocido que el rescate de las autopistas generará un impacto negativo en las cuentas públicas, aunque no un déficit estructural, y de que estimase que el Estado obtendrá entre 700 y 1.000 millones de euros con la nueva adjudicación de las autopistas.

Se trata de las autopistas de peaje R-2 Madrid-Guadalajara, R-3 Madrid-Arganda, R-4 Madrid-Navalcarnero, el Eje Aeropuerto (M-12), la AP-41 entre Madrid y Toledo, la AP-36 Ocaña-La Roda, la autopista Cartagena-Vera de la AP-7 y la Circunvalación de Alicante.

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha dicho que el rescate a las concesionarias es "una tomadura de pelo descomunal" porque el Gobierno "socializa las pérdidas y privatiza los beneficios", es decir, que "cuando fracasan financiamos todos y cuando generan beneficios son sólo para unos pocos". Además, ha considerado que este proceso volverá a repetirse y que una vez saneadas las cuentas, las autopistas se adjudicará a las mismas empresas.

Garzón ha denunciado la "estafa" y "corrupción legal" que supone este rescate y ha recalcado que es "un ejemplo de la política conjunta del PP con sus socios", lo que, a su juicio, se refleja también en la crisis económica.

El líder de IU ha asegurado que los "miles de millones de euros" que el Estado asume por rescatar a las concesionarias salen de la "sanidad pública y de la educación"; algo que, ha afirmado, "se puede evitar".

En este sentido se ha manifestado el responsable de Políticas Económicas de IU, Carlos Sánchez Mato, que ha estimado el coste del rescate en "al menos 1.000 millones de euros", una cifra "disparatada" pero que, en su opinión, puede "cuadruplicarse". "Nos vuelven a mentir, a ocultar la realidad, porque sería durísimo para la sociedad española, que está sufriendo recortes, saber del rescate a las autopistas", ha criticado para pedir "luz y claridad" en este proceso.

Garzón ha confiado en que el resto de grupos parlamentarios apoyen la proposición y que pueda debatirse en la Cámara Baja lo antes posible. La petición de Izquierda Unida se suma a la hecha por Ciudadanos, que solicitó en diciembre depurar responsabilidades políticas la gestión de las autopistas de peaje y a la de En Marea, que también solicitó la comparecencia del ministro de Fomento para conocer la previsión de costes e ingresos del rescate.