Los tres primeros alcaldes catalanes citados ante la Fiscalía como investigados por su apoyo referéndum del 1-O se han acogido a su derecho a no declarar, según han informado fuentes jurídicas.

Este martes por la mañana han acudido a la sede de la Fiscalía Superior de Catalunya y del ministerio público en La Seu d'Urgell (Lleida) los alcaldes de Mollerussa (Lleida), Marc Solsona ─también diputado del Parlament─, de Oliana (Lleida), Miquel Sala, y de El Pont de Suert (Lleida), José Antonio Troguet.

Sin embargo, los tres alcaldes se han negado a prestar declaración, dado que consideran que el ministerio público se está extralimitando al imputarles, teniendo en cuenta que la causa del referéndum está judicializada.

Solsona, que ha declarado ante la Fiscalía Superior dada su condición de aforado, ha lamentado de que los fiscales no le hayan dejado explicar el porqué de su negativa a declarar: "En la comparecencia quedará que no he querido declarar cuando he intentado explicar por qué no quería hacerlo".

Ha sostenido que para él el fiscal se extralimita en sus competencia por citarle como investigado. "Solo me han preguntado mis datos personales y si quería declarar, nada más", ha dicho ante las decenas de medios presentes, y ha considerado que la Fiscalía es un órgano politizado.

Preguntado por si tiene medio a lo que le pueda pasar, ha remarcado que lo que le pase a él no es importante: "Las consecuencias que haya serán las consecuencias que habrá".

Al finalizar las declaraciones con los medios, un centenar de personas que se habían concentrado ante la Fiscalía para darle apoyo -entre ellos la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y diputados- le han aplaudido y han entonado el cántico 'Votarem!'.

La Generalitat expresa su "total apoyo"

El portavoz del Govern, Jordi Turull, ha manifestado su "total apoyo". "Estamos con ellos", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

El papel previsto para los alcaldes en este referéndum es la cesión de espacios municipales para votar: más de 700 han sido objeto de una querella por transmitir a la Generalitat su voluntad de colaboración.