La Fiscalía Superior de Catalunya va a presentar una querella por desobediencia y prevaricación contra los miembros de la Mesa del Parlamento que han aprobado la admisión a tramite de la Ley del Referéndum, en contra de las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Así lo han anunciado fuentes del ministerio público, que confirman la presentación de la querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJ Cat) debido a que los integrantes de la Mesa están aforados en este alto tribunal al ser diputados autonómicos.

La Mesa ha aprobado este miércoles, 6 de septiembre, la tramitación de una proposición de ley para convocar un referéndum independentista el próximo 1 de octubre, en contra de lo dispuesto en sucesivas resoluciones del Tribunal Constitucional que prohíbe esta convocatoria al ser competencia estatal.

La presidenta de la cámara, Carmen Forcadell, ha dado sólo dos horas a los diputados para votar esta norma que convoca el referéndum. La bronca que se ha montado en la cámara no tiene precedentes.

El secretario general del Parlament, Xavier Muro, se ha negado a firmar esta proposición de ley para ser tramitada en el Parlament, al ir en contra de lo dispuesto por el TC. En un informe remitido a los diputados esta miércoles, ha advertido además de que el reglamento por el que se tramita es de lectura única, norma a su vez tumbada por el Consejo de Garantías Estatutarias de Catalunya.

El secretario general del Parlament dio órdenes por la mañana a los servicios de la Cámara de no publicar en el Boletín Oficial del Parlamento de Catalunya (BOPC) la proposición de ley del referéndum.

Sin embargo, nada más ser aprobada por la Mesa, la proposición de ley que convoca el referéndum ha sido publicada en el Boletín Oficial.

Carmen Forcadell ha asegurado que ha sido a iniciativa de los cuatro diputados de la Mesa de Junts pel Sí (JxSí): Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet, además de ella misma.

Los diputados del PSC han anunciado que acudirán en amparo al Tribunal Constitucional por negarles el derecho a consultar al Consell de Garanties Estatutàries.