Hacia el referéndum del 1-O Debate envenenado en el Congreso sobre el acceso de los Mossos a los datos de Europol

La pugna entre fuerzas políticas con motivo de la convocatoria del referéndum independentista en Catalunya está tan enconada que esta tarde envenenó el debate en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados sobre un tema crucial para la seguridad ciudadana frente a la amenaza yihadista: el acceso de los Mossos d'Esquadra a las bases de datos policiales internacionales de la Europol.

El PDECat presentó una proposición no de ley exigiendo al Gobierno que cumpla los acuerdos de la Junta de Seguridad de Catalunya celebrada el pasado 10 de julio y facilite la inmediata incorporación de los Mossos a las estructuras de Europol. Tras los sangrientos atentados en Barcelona y Cambrils cometidos cinco semanas después, parecía lógico el acuerdo en ese sentido, pero la tensión provocada por la movilización de policías y guardias civiles en Catalunya, así como las órdenes de la Fiscalía a los Mossos para que se empleen a fondo con el fin de impedir el plebiscito del 1-O, degeneraron en un frentismo político que desvió el debate de la cuestión principal, incluso convirtiendo en protagonista al canario Piolín de los dibujos animados de Warner Bros.

De nada sirvió el tono mesurado y los datos incontrovertibles esgrimidos por el representante del PDECat, Feliu-Joan Guillaumes, para reclamar la incorporación de los Mossos a las redes de Europol y del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), porque hacia el final de su discurso se sacó del bolsillo un muñeco del canario de Looney Tunes y pidió que el Gobierno "retire la brigada Piolín, que se lo ha pedido incluso la Warner Bros. y que no nos está haciendo ningún favor a nadie".

"La Brigada Piolín está en el barco de la Warner para impedir un proceso participativo democrático

"Bueno, supongo que ustedes habrán oído hablar de la Brigada Piolín", continuó Guillaumes. "Pues está formada por los guardias civiles y policías nacionales que están en el barco de la Warner, con el gato Silvestre y el canario Piolín, que están allí para hacer actuaciones como intervenir en periódicos, hacer entradas ilegales, cerrar webs, hacer detenciones de cargos públicos y en definitiva impedir un proceso participativo democrático. Eso, sin ninguna duda, no es coordinación".

Antes –y eso también indignó al representante de Ciudadanos, Miguel Ángel Gutiérrez– el diputado del PDECat habia asegurado: "Miren, no hay coordinación y no voy a especular sobre el mal que eso ha hecho en cuanto a los atentados de Barcelona y Cambrils porque eso sería muy doloroso para las víctimas y sería una necedad. Pero no cometamos el mismo error en el futuro.

"Cuando tuvimos el problema del caos aeroportuario en Barcelona, pedimos el apoyo de 20 guardias civiles –¡sólo 20!– y tardaron semanas en venir alegando motivos organizativos. Cuando ahora parece que no hay ningún problema organizativo para movilizar a miles de guardias civiles y de policías nacionales y que puedan venir a Catalunya e instalarse en un barco", concluyó Guillaume.

Ciudadanos acusa al PDECat de "utilizar a las víctimas para hacer oportunismo político"

Gutiérrez respondió airado que hacer alusión a esa descoordinación previa a los atentados –que había sido denunciada durante años por la Generalitat– era "utilizar a las víctimas para hacer oportunismo político". Y el parlamentario de C's obvió el fondo del debate para cargar contra la policía autonómica catalana, cuya actuación tras la matanza yihadista ha sido elogiada desde todos los estamentos nacionales e internacionales, y pedir la dimisión de sus máximos responsables:

"Hay una falta de lealtad tremenda por parte de la cúpula de los Mossos d'Esquadra en estos momentos hacia los miembros de los otros cuerpos de seguridad que están trabajando por todos los catalanes", aseveró el diputado de Ciudadanos. Y centró su discurso en lanzar advertencias contra los dirigentes políticos de Catalunya: "Están llevando a todos los catalanes a un precipicio que si quieren tirarse les pedimos que se tiren ellos solos, pero que no obliguen a la mayoría de los catalanes a saltar con ellos".

De poco sirvió que Marcelo Expósito, de En Comú Podem, tratara de serenar los ánimos y volver al centro de la cuestión, recordando que Unidos Podemos ya presentó en junio –antes de los atentados de agosto y de la Junta de Seguridad de julio– "una petición de comparecencia del ministro del Interior para que informase ante esta comisión de los motivos por los que se excluye a los Mossos del acuerdo con la Europol de intercambio de información policial y de acceso a las bases de datos de todas las policías asociadas."

Expósito hizo hincapié en que "hay una especial sensibilidad en Catalunya desde los atentados de agosto sobre la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad y por el acceso a mejores y mayores herramientas de la lucha contra el terrorismo. Estas decisiones se están tomando en el marco de una confrontación evidente entre el Gobierno y el Govern a causa de la convocatoria del 1-O. No nos gustaría que el Gobierno tomara decisiones en este campo más como partido que como Gobierno".

Pero en cuanto tomó la palabra el representante del PSOE, José Zaragoza, volvió al tema de la "Brigada Piolín", interpretando esa alusión como "una falta de respeto a los Mossos" porque Guillaumes acudió a la comisión parlamentaria "con muñecos".

"Ha venido usted aquí como bufón aprendiz del señor Rufián" espetó la diputada del PP, Ana Belén Vázquez

Igualmente indignada se mostró Ana Belén Vázquez, del PP: "Le exijo a usted respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ha venido usted aquí como bufón aprendiz del señor Rufián", portavoz adjunto de ERC, partido que no participó en la sesión porque, según explicaron a Público fuentes cercanas a ese diputado, se está centrando "en la campaña del referéndum".

Aún así, la proposición del PDECat fue aprobada por 17 votos a favor, 14 en contra y 4 abstenciones (las del PNV), porque el PSOE la acabó apoyando ya que "este acuerdo va en la línea de garantizar la eficacia de los cuerpos de seguridad al permitir el acceso en tiempo real a la información de la Europol. Recordemos –explicó Zaragoza– que estas normativas se vienen elaborando desde el 2005 y que al principio era solamente el cuerpo de la Policía Nacional el que tenía el acceso a Europol. Y que posteriormente, y hace no mucho tiempo, se permitió también a la Guardia Civil acceder para conseguir mayor eficacia en la acción policial".

No obstante, el PP se mantuvo en sus trece, aduciendo: "En aquella Junta de Seguridad [cinco semanas antes de los atentados, tras ocho años de no celebrarse ninguna] se acordó crear un grupo de trabajo para agilizar la información, no el acceso directo que usted nos plantea aquí".

Por tanto, Vázquez dio por cumplida la promesa del Gobierno –"los Mossos ya han ido al CITCO la semana pasada y a la mesa de evaluación de la amenaza terrorista"– y repitió el argumento de que la directiva de la UE "establece que sólo puede ser una autoridad nacional la que esté en Europol" por cada país miembro. 

"Ya tienen acceso a Europol la Policía escocesa, las de los Länder alemanes, los guardas forestales italianos y hasta el Ministerio de Asuntos Sociales Holandés"

Con lo que demostró haber hecho oídos sordos al inicio del parlamento de Guillaumes, quien subrayó que, actualmente, "tienen acceso a las bases de datos policiales europeas y mundiales cuerpos tan alejados a fuerzas estatales como la Policía escocesa, las de los Länder alemanes, los guardas forestales italianos y hasta el Ministerio de Asuntos Sociales Holandés".

Tras el debate, Expósito manifestó a Público que había sido imposible alcanzar un consenso en la estrategia de la lucha antiterrorista a causa del "clima frentista alrededor del referéndum que ha impedido enfocar las cuestiones de seguridad sin partidismos".

Unidos Podemos considera que los Mossos deben tener el máximo de integración en Europol –"cuantas más herramientas de acceso a información e inteligencia, mejor"–, pero que también hay que abrir un debate sobre la coordinación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y su acceso a las herramientas de información e inteligencia, para que haya un escrutinio público de cómo hacen uso de esos recursos.