Las dos recusaciones del TC podrían inclinar la balanza a favor de la renovación progresista del tribunal

Las recusaciones solicitadas por Unidas Podemos (UP) respecto al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y al magistrado también conservador Antonio Narváez, por tener un "interés directo" en que no se renueve de forma inmediata el Constitucional, abren varios escenarios posibles; la mayoría, a favor de una resolución del pleno favorable a no impedir  la tramitación parlamentaria para reformar las leyes orgánicas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del TC. 

Unidas Podemos argumenta que los magistrados respecto de los que se solicita su abstención o recusación son aquellos cuyo mandato se encuentra caducado (desde hace seis meses) y "se verían directamente afectados por la reforma planteada en la proposición de ley", es decir, tanto González-Trevijano como Narváez tendrían que abandonar el Constitucional para dar paso a sus sucesores, nombrados por el Gobierno: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez. 

Para empezar, en el orden del día del pleno del lunes no consta la cuestión de la recusación, pero se sabe que la ponencia de esta ha recaído en la magistrada del bloque progresista Inmaculada Montalbán, que debe dirimir si propone admitir a trámite o no la petición de UP.  

No hay que olvidar que la formación morada solicitó el viernes personarse ante el TC en el recurso de amparo del PP y fue en ese mismo escrito donde solicitó la recusación. Es decir, el partido aún no está personado y en esto se basan algunas fuentes jurídicas para sostener que Unidas Podemos no está aún legitimado para pedir la recusación y que por eso no está incluida la cuestión en el orden del día.

Inhibirse voluntariamente

González-Trevijano y Narváez, nombrados por el Gobierno de Rajoy en 2013, podrían apartarse voluntariamente, algo que no parece probable, pese a que hay motivos fundados para que lo hicieran. En estos momentos, son once y no doce los magistrados que componen el TC, tras la renuncia de Alfredo Montoya por enfermedad hace unos meses. El bloque conservador lo forman seis miembros y el progresista, cinco. En ese escenario incierto en el que el presidente y Narváez se inhiben, las fuerzas en el pleno del TC darían un giro, pasando los progresistas a tener la mayoría con cinco votos a cuatro. No habría, por lo tanto, peligro de que el TC suspendiera por primera vez en la historia de la reciente democracia española una tramitación legislativa en el Parlamento.

Esta posibilidad, de un pleno con nueve magistrados, si bien cumple la normativa de dos tercios de los magistrados para que el pleno pueda funcionar, no convence ni siquiera a la mayoría del sector progresista, según ha podido saber este diario, que aboga más por un debate "sosegado", cargado de argumentos de peso que acaben por convencer a algún magistrado conservador. 

Hay otra cuestión importante: si González Trevijano y Narváez no se apartan voluntariamente, se tiene que abrir un incidente de recusación que dejaría en suspenso el expediente de amparo hasta que quede resuelto. Esto acortaría el margen de maniobra del pleno del TC ya que la tramitación de la proposición de ley que incluye la reforma que afecta al Constitucional se vota en el Senado el jueves 22, siguiendo la tramitación. 

La recusación de Arnaldo y Espejel tardó 15 días

En este sentido, hay que recordar que la recusación de los magistrados conservadores Enrique Arnaldo y Concepción Espejel solicitada por parte de varios líderes independentistas por su vinculación al Partido Popular fue resuelta por el pleno del TC en 12 días. El TC rechazó 33 recusaciones a estos magistrados. El recurso de súplica de Puigdemont por el rechazo a la recusación tardó posteriormente un mes, quedando desestimado el 25 de enero de 2022. 

De momento, no ha trascendido cómo se organizará el pleno del TC del lunes más allá del orden del día, donde no consta la recusación. Algunas fuentes consideran que antes de ese asunto, se abordará la deliberación de la ponencia de Enrique Arnaldo sobre el recurso del PP, que pide la suspensión de la tramitación parlamentaria. Arnaldo, vinculado en el pasado a la Fundación Faes del PP y a cargos del partido, presentará una ponencia partidaria a la supresión, de acuerdo al informe de su letrado.

Sin embargo, según estas mismas fuentes, lo primero que acometerá el pleno será estudiar si se admite a trámite el recurso de amparo del PP sobre la presunta inconstitucionalidad de la tramitación parlamentaria de los dos enmiendas sobre el CGPJ y el TC que el viernes finalmente pasaron el filtro del Congreso.

Otras fuentes, no obstante, consideran que lo primordial en el pleno será resolver la cuestión de las medidas cautelarísimas que pide el PP y que dejarían de tener sentido si se agota la tramitación parlamentaria, aunque el fondo del recurso de amparo seguiría el trámite habitual. 

En este escenario inédito para el Parlamento y para el propio Tribunal Constitucional, de momento, todo son incertidumbres, hasta el lunes.