Los alcaldes del PP ya mostraron su rechazo desde el primer momento, pero ahora se han sumado gran parte de los alcaldes del PSOE y de Unidas Podemos. Todos ellos han mostrado su oposición a la última propuesta del Gobierno, consistente en dejar gastar a los municipios hasta 5.000 millones de su superávit, pero una vez que entreguen el resto al Estado -que se calcula en unos 14.000 millones- para que luego les sea reintegrado en un plazo de diez años.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, trasladó esta propuesta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) el pasado martes. Permite a los ayuntamientos invertir el remanente de tesorería que tienen inmovilizado en los bancos sin incurrir en déficit, y de esta forma tener liquidez, pero con la citada condición y alguna más.

De hecho, el Gobierno también quiere decidir en qué se pueden gastar este remanente los ayuntamientos, es decir, que tenga un carácter finalista este dinero, y fija tres objetivos: "Agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura".

La mayoría de los ayuntamientos, según fuentes consultadas, rechazan tanto entregar el superávit al Gobierno como que se les marquen las pautas del gasto, y hay un desacuerdo generalizado entre municipios de todos los colores políticos.

En el PSOE, uno de los que ha encabezado el malestar de los socialistas con esta propuesta es el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez, que curiosamente era hasta ahora el portavoz en la FEMP. Pero hay numerosos ayuntamientos también en manos del Partido Socialista que secundan su rechazo, y hay un malestar latente entre numerosos alcaldes, que no quieren hablar públicamente y todavía confían en que se reconduzca la situación.

Por su parte, el Grupo Municipalista de IU-Podemos-Comuns ha verbalizado su enmienda a la totalidad a la propuesta de Hacienda sobre el superávit; empezando por el hecho de que la consideran "insuficiente", "un frenazo" para las expectativas de las corporaciones locales, y reclamando que los ayuntamientos dispongan de "todo el superávit", además de contar con soluciones "para aquellos municipios que no cuenten con él".

No va en la dirección del acuerdo PSOE-UP

Así, no sólo sostienen que esta propuesta no sirve para resolver las necesidades de las corporaciones locales, sino que además consideran que "no va en la misma dirección que el acuerdo de coalición suscrito entre PSOE y Unidas Podemos", en lo que toca al compromiso de ampliar "las competencias y capacidades de los gobiernos locales".

En un comunicado remitido este jueves, el portavoz del grupo, Pedro del Cura (IU), alcalde de Rivas Vaciamadrid, afirma que reclamarán una reunión con el presidente del Gobierno, recordando que Sánchez "se comprometió a mantener reuniones periódicas con la FEMP" para abordar este tipo de cuestiones.

El texto destaca que la propuesta concreta del Ministerio que lidera María Jesús Montero ha sido trasladada "a determinados responsables de la FEMP", si bien el grupo no tiene conocimiento "directo", "por escrito", de este planteamiento. De las informaciones aparecidas en medios, eso sí, destacan que va "en una dirección distinta" a los datos que manejaban sobre el estado de las negociaciones.

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, rechazó la propuesta, que consideró "insuficiente", mientras el teniente de alcalde de Economía y Presupuestos, Jordi Martí, mostró su oposición total: "Los municipios no pueden hacer de banco del Estado", dijo.

Y ni que decir tiene que la oposición también es frontal entre los ayuntamientos gobernados por el PP, que dicen que no quieren hacer de "prestamistas" con el Gobierno. Así el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, consideró inaceptable la propuesta e hizo un llamamiento a los ayuntamientos socialistas para que se opongan: "Incluso los alcaldes del PSOE que tengan dignidad rechazarán el documento", dijo.

En este escenario se reúne este viernes a las 18.00 horas la Junta de Gobierno de la FEMP, para que dé su visto bueno a la propuesta del Ejecutivo. El Gobierno ya había dicho que si la FEMP apoyaba la propuesta, su compromiso era llevarla a un real decreto para que fuese aprobado este mismo mes de julio, con el objetivo de que las corporaciones tengan cuanto antes una mayor liquidez, y puedan relanzar la economía.

Durante todo el día hubo incertidumbre en que pudiera ser rechazada la propuesta por la Junta de Gobierno, y el presidente de la FEMP, Abel Caballero, se tuvo que emplear a fondo para intentar calmar a alcaldes socialistas y que no se sumaran a los votos en contra durante la reunión. Según fuentes consultadas, algunos detalles que no se conocen públicamente de la propuesta han modificado el criterio de algunos ediles socialistas, que ya ven la propuesta más favorable.

Además, paralelamente, Caballero estuvo negociando con el propio Pedro Sánchez algunas mejoras a la propuesta que todavía no se conocen, con el fin de conseguir sacarla adelante y que los ayuntamientos dispongan de este dinero lo antes posible.

Fuentes cercanas al presidente de la FEMP indicaron que confían en que finalmente se apruebe, porque consideran que, cuando se conozca con detalles en su totalidad, se verá que es beneficiosa para todos los ayuntamientos, y que además, supondrá una importante inyección de liquidez para la economía.