El rechazo a la OPA hostil del BBVA al Sabadell genera un consenso inédito en la campaña catalana

A tres días de las elecciones al Parlamento de Catalunya se ha producido un consenso inédito en la actual campaña: se puede decir que todos los partidos han rechazado la oferta pública de adquisición (OPA) hostil que el BBVA ha lanzado sobre el Banco Sabadell. Eso sí, lo han hecho con intensidad diversa y, en algunos casos, reclamando cambios profundos en el sistema financiero —como por ejemplo con la creación de una banca pública—, pero el "no" al objetivo del BBVA ha unido a ERC, PSC, Junts, PP, Comuns, la CUP y, incluso, Vox.

El futuro del catalán, el rechazo al Hard Rock y el monocultivo turístico en Tarragona o las críticas del PP a la amnistía son otros temas que han marcado el penúltimo día de campaña. Los partidos afrontan las últimas horas para pedir el voto intentando sobre todo movilizar al electorado propio, captar voto fronterizo y evitar fugas, cosa que explica las críticas de Comuns Sumar hacia el PSC, los reproches de ERC y de Junts al PSC, los dardos de los republicanos a los junteros o la pugna entre PP y Vox por los electores de la derecha españolista, entre otros.

La demanda de mejorar la financiación de la Generalitat había generado un amplio apoyo entre los principales partidos que concurren al 12M, si bien algunos como la CUP o Vox se habían desmarcado de ella, aunque por razones muy diferentes. El rechazo a la OPA al Sabadell ha sido más unánime y también ha contado con el ejecutivo estatal, los principales sindicatos o patronales como la Pimec.

Pérdida de ocupación y de peso económico

Entre los candidatos catalanes, a grandes rasgos los argumentos compartidos para oponerse al movimiento hostil del BBVA han sido que supondría una reducción de la competencia bancaria, que generaría una preocupante concentración financiera —según el Govern, sería "la más alta de Europa"— y que comportaría un importante volumen de despidos de los trabajadores.

En esta línea, por ejemplo, la cabeza de lista de Comuns Sumar, Jéssica Albiach, ha cargado contra el "oligopolio bancario"; el president de la Generalitat y cabeza de lista de ERC, Pere Aragonès, ha asegurado que la fusión haría "menguar el poder económico de Catalunya" y ha añadido que "trabajaremos para evitarla".

El candidato del PSC, Salvador Illa, también se ha referido a la "pérdida de espacios de poder de decisión" que implicaría para Catalunya, mientras su homólogo de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que "hace tiempo que hay una estrategia para liquidar la actividad bancaria catalana", hecho que "perjudica a los usuarios y perjudica al país".

Por parte de la CUP se ha pronunciado su cabeza de lista en Tarragona, Sergi Saladié, que más allá de rechazar la operación ha reclamado la constitución de una banca pública "que actúe como contrapoder económico y financiero" y que haga "fluir el dinero, la economía y los créditos a la ciudadanía que lo necesita".

En el caso del PP, en cambio, ha habido una cierta contradicción entre el posicionamiento de su candidato en Catalunya, Alejandro Fernández, y la posición estatal del partido. Fernández ha escrito en X que le "preocupa enormemente" que la OPA hostil al Sabadell "afecte negativamente las pymes catalanas y la libre competencia. No me gusta". En cambio, fuentes estatales del PP han matizado que la formación "respeta los acuerdos que puedan lograr empresas privadas. En el caso que afecta al BBVA y al Banco Sabadell, consideramos relevante conocer la opinión de los organismos competentes". Para añadir "que lo importante es asegurar que el resultado de una operación comercial no perjudique los intereses generales de los puestos de trabajo, así como los derechos de los clientes y usuarios de las entidades".

Aragonès y Puigdemont, contra Illa por el catalán

El presidente español, Pedro Sánchez, ha acompañado esta tarde al primer secretario del PSC, Salvador Illa, en un mitin celebrado en Vilanova i la Geltrú (Barcelona), que ha congregado a unas 450 personas en el interior del auditorio de la ciudad. Los dos han hecho un llamamiento a concentrar el voto en el Partido Socialista el domingo, para garantizarse una presidencia del Govern que no tiene desde el 2010. Illa ha insistido en la idea de "empezar una nueva etapa" y ha pedido "no confiarse", mientras que Sánchez ha presentado los comicios como una disyuntiva "entre Salvador Illa o bloqueo, entre entendimiento o discordia", para concluir que "cuántos más votos tenga a Salvador Illa, mejor para Catalunya".

En cuanto al resto de ítems del penúltimo día de campaña, ha tenido un peso significativo la defensa de la lengua catalana, cuestión que han utilizado tanto ERC como Junts para atacar a un PSC que, consideran, ha rebajado sus planteamientos en este ámbito, extremo que la formación de Illa no comparte. En concreto, desde Argelers, Puigdemont ha manifestado que "tenemos que recuperar los orígenes de la lucha del catalán como una lucha social. Y me sabe muy mal ver al actual PSC que se aleja de esta tradición".

En este contexto, y ante una situación "alarmante" de la lengua, Puigdemont ha defendido que esta tiene que ser "la legislatura de la lengua [catalana]" y ha apostado por una reforma jurídica, para "refundar muchos principios de las vigas maestras que han aguantado la arquitectura jurídica de la lengua catalana porque hoy muchos derechos de los catalanoparlantes no están garantizados en Catalunya". También ha asegurado que la inmersión lingüística en la escuela "ha funcionado cuando se ha aplicado", pero no cuando ha pasado lo contrario.

En un acto en Barcelona, Aragonès se ha comprometido a culminar el 2% del presupuesto para el Departament de Cultura los próximos siete meses si mantiene la presidencia de la Generalitat, después de una legislatura donde los recursos en este ámbito han aumentado significativamente. Sobre el catalán, ha acusado a Illa de "abandonar" la lengua en campaña, y ha alertado que hará lo mismo si gobierna. También ha criticado a Junts por no haber destinado suficientes recursos al catalán cuando han formado parte del ejecutivo, a pesar de que en campaña "hablan mucho" de la lengua. Una baja inversión de la cual, según él, "hoy pagamos las consecuencias".

Feijóo intentar aglutinar los votantes de Vox

Desde Tarragona, donde Comuns Sumar se juega mantener el único escaño que obtuvo en 2021, Jéssica Albiach ha vuelto a criticar la apuesta por el Hard Rock, un proyecto que ejemplifica un determinado modelo de país que comparten sobre todo Junts y PSC. En este sentido, ha dicho "basta" a tratar la demarcación de Tarragona como "patio trasero" de Catalunya. "¿Por qué las comarcas gerundenses son unas privilegiadas y en cambio quieren tratar a Tarragona como si fuera el patio trasero?", ha criticado. Y ha añadido que Tarragona es un "territorio con riesgo químico", ubicación de centrales nucleares y donde se quiere levantar "el casino más grande de Europa".

Su formación, en cambio, apuesta por la "reindustrialización" del territorio y "toda la inversión pública que se pueda hacer" en contraposición a un modelo turístico que comporta precariedad e inseguridad. Un día más, ha intentado taponar las potenciales fugas de votos -sobre todo hacia el partido de Illa- pidiendo el apoyo "a toda la gente progresista" porque "PSC y ERC quieren pactar con Junts".

Finalmente, el PP ha presentado su candidatura para las elecciones europeas del 9 de junio en un acto celebrado en recinto modernista del Hospital de Sant Pau de Barcelona, con la presencia de la cabeza de lista, la catalana Dolors Montserrat, el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, y el candidato de cara al 12M, Alejandro Fernández.

Feijóo se ha dirigido a los votantes de Vox para concentrar el voto de la derecha —y extrema derecha— españolista, tanto este domingo como en las europeas, porque "la unión del voto multiplica los escaños", mientras que "la división resta". Las últimas encuestas sitúan a Vox y PP en una posición de empate técnico el domingo, con un apoyo similar. Montserrat, en cambio, ha intentado que la amnistía emerja en una campaña donde ha tenido muy poco peso, asegurando que "Europa no puede permitir que [la ley] siga adelante".