La reapertura de la mina de Aznalcóllar "envenenará" el Guadalquivir

La próxima apertura de un proyecto minero en Aznalcóllar, que cuenta con un amplio consenso en el pueblo, ha causado una tremenda preocupación en las organizaciones ecologistas que consideran que van a "envenenar" el río Guadalquivir. Este jueves han convocado una concentración a modo de protesta junto al muelle de la sal en Sevilla.

En Aznalcóllar, se produjo uno de los mayores desastres medioambientales de España, cuando miles de lodos tóxicos anegaron el río Guadiamar y concentraron ingentes cantidades de desechos en el Parque Nacional de Doñana. La empresa Boliden abandonó Aznalcóllar tras aquellos hechos sin pagar ni un sólo euro por los daños.

"Parece que no se ha aprendido nada de aquella catástrofe anunciada, porque la Junta de Andalucía está ultimando las autorizaciones a la empresa Minera Los Frailes para reiniciar la actividad minera. Esta empresa es propiedad de la española Magtel (2.69%) y de la multinacional Grupo México (97,31%), empresa responsable de un vertido contaminante en el río Sonora en México, en agosto de 2014", aseguran en un manifiesto, firmado por una treintena de organizaciones ecologistas, entre las que están Greenpeace y Ecologistas en Acción, y políticas, como Podemos, Adelante y Equo.

Mientras tanto, la compañía, y el Gobierno andaluz defienden que el  proyecto es "sostenible" y que no va a producir daños en el medioambiente. "No se va a verter ni un solo litro de agua al Guadalquivir hasta que la estación depuradora esté en funcionamiento", manifestó, con contundencia, este martes al respecto el portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.

Ante las críticas ecologistas, la empresa emitió un comunicado en el que asegura que ha "elevado la inversión global del proyecto a lo largo del proceso de tramitación en 100 millones de euros, hasta rozar los 450 millones, para incluir una estación depuradora de agua de última generación, que se une a la promoción de una nueva red de infraestructuras para la gestión hídrica del proyecto; y así resolver definitivamente el problema generado por los pasivos ambientales heredados de la antigua operación minera".

El estuario del Guadalquivir

Por el contrario, las organizaciones conservacionistas denuncian: "A pesar del proceso de depuración que anuncian, la carga contaminante máxima acumulada en los 18 años y medio de funcionamiento de la mina, tiene un alto contenido en metales como arsénico, cadmio, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo, selenio y zinc, entre otros metales contaminantes".

"Este vertido tóxico –añaden– envenenará todo el estuario del Guadalquivir hasta su desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, a las puertas del Parque de Doñana, sin que hasta la fecha haya informado el Consejo de Participación de Doñana, ni se hayan pronunciado tampoco desde la Estación Biológica. En este tramo del estuario se localizan las tomas de riego de los arrozales y donde se crían los alevines del golfo de Cádiz, por lo que se pondrá en cuestión la seguridad alimentaria de esos productos".

Los ecologistas denuncian que el nuevo proyecto "incluye una tubería de 30 kilómetros que partiendo del recinto minero de Aznalcóllar, atravesaría los términos municipales de Sanlúcar La Mayor, Valencina, Olivares, Salteras y Santiponce, y pretende verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio".

"El punto de vertido se sitúa en el Estuario del Guadalquivir, en Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, a escasos metros del término municipal de Sevilla ciudad, frente al estadio de la Cartuja.
Inicialmente se pretenden verter 17.520 millones de litros en los primeros 18 meses, de los cuales 15.000 millones de litros proceden del vaciado de la corta de los Frailes y 2.520 millones de litros del
vaciado de la corta de Aznalcóllar, que es donde se almacenan los lodos tóxicos depositados allí desde la catástrofe ambiental de 1998. Posteriormente se pretenden verter cuatro mil millones de litros anuales, durante 17 años de funcionamiento de la mina".

Cumplir la normativa

Miguel Ángel González, director de operaciones de Minera Los Frailes respondió a estos argumentos de esta manera, según recoge Europa Press: "El entorno minero de Aznalcóllar engloba una serie de elementos mineros abandonados heredados de explotaciones anteriores, que han supuesto durante los últimos años un problema para la sociedad y para la Administración Pública, especialmente por la gestión del agua"

"El agua de lluvia se contamina actualmente al contacto con las casi 500 hectáreas de escombreras mineras, haciendo necesaria su depuración para su devolución al dominio público. Esta realidad es un problema ambiental existente y muy poco conocido por la sociedad, que ha sido, es y será independiente a la existencia del propio proyecto minero, que se diseña precisamente como la solución óptima para la resolución de este problema de forma sostenible", sostuvo González. 

"La empresa –agregó– va a materializar "la solución real más completa y definitiva a todos los problemas ambientales existentes desde hace 26 años en el complejo minero abandonado".

"El proyecto cumple con los requisitos de minería moderna con reducción del impacto ambiental, desarrollo de una economía circular y compromiso con la comunidad del entorno, cumpliendo con el impulso de desarrollo sostenible y uso de las mejores técnicas disponibles", sostuvo González.

Se trata –agregó– de un minado de interior que evita el impacto visual de la minería desarrollada hasta ahora en el entorno. "Está pensado para generar la menor huella hídrica posible, valorizando el agua de pasivos para el consumo del proceso metalúrgico. También se elimina la existencia de presas de lodo al aprovecharse éstos en el relleno de la mina interior y la restauración de la corta de Aznalcóllar".

El consejero andaluz de Industria, Jorge Paradela, manifestó este miércoles que con este proyecto van "con pies de plomo", pero también ha transmitido "la idea de tranquilidad" porque, a su juico, esta mina es "completamente distinta" a la que causó la catástrofe ambiental. "La tecnología ha evolucionado por completo. Cuenta con todos los parabienes, todos los informes, todos los informes de contraste, todos los periodos y pasos necesarios marcados por la legalidad", aseguró. "No va a haber balsas de residuos, ni una corta a cielo abierto", remachó.

Podemos ha llevado el asunto al Defensor del Pueblo para que interceda. Susana Hornillo, edil en Sevilla, manifestó: "La muerte del Guadalquivir nos concierne a todas, más allá de siglas, y el alcalde [José Luis Sanz (PP)] debería estar en esta lucha por la superviviencia del patrimonio natural y de las actividades económicas que de él dependen".