Rajoy torpedea en sus estertores la nueva política social de Aragón
El riesgo de desvirtuar la finalidad del dinero público
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ZARAGOZA .- El Gobierno de Mariano Rajoy intenta, en sus estertores, torpedear la nueva política social que han comenzado a desarrollar en Aragón el ejecutivo PSOE-Cha y sus socios de referencia, Podemos e IU: amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la declaración de inembargables de las ayudas sociales si la comunidad no modifica su postura, incluida en el decreto de medidas urgentes de emergencia social del pasado mes de diciembre y recogida en varias leyes que se encuentran en tramitación.
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Moncloa se ha dirigido al Gobierno autonómico para plantear una reunión de la Comisión Bilateral, un órgano para tratar conflictos entre el Estado y la comunidad creado con la reforma del Estatuto de 2007, en la que pretende poner sobre la mesa esa declaración de inembargabilidad. Y lo ha hecho con una advertencia, explicaron fuentes del ejecutivo aragonés: si no hay acuerdo recurrirán el decreto ante el Tribunal Constitucional, lo que conlleva la suspensión de la norma recurrida durante al menos seis meses.
El riesgo de desvirtuar la finalidad del dinero público
El Gobierno central había declarado la inembargabilidad de algunas ayudas sociales en la reforma fiscal del pasado verano, aunque lo hizo solo de manera parcial. El ejecutivo aragonés consideró la medida “insuficiente”, ya que estima “más acorde dada la situación de precariedad proceder a declarar su naturaleza inembargable de manera completa. Y ello precisamente para que cumplan la finalidad a la que se destinan que es cubrir las necesidades básicas”, indica el decreto que cuestiona Madrid.
El PP aragonés sostiene que Rajoy aprobó lo que ahora rechaza
Sin embargo, el equipo de Rajoy considera que esa declaración no se ajusta a la ley, por lo que ha abierto la vía de la Comisión Bilateral. Este órgano ha dado lugar en los últimos años a acuerdos como un recorte de las obras sociales de las antiguas cajas de ahorro en Aragón y a desacuerdos como el que tramita el Constitucional para determinar cuál de las dos administraciones es competente para regular la protección de los ríos salvajes.
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La agenda social aragonesa
Lo cierto, sin embargo, es que el nuevo ejecutivo y sus apoyos parlamentarios están centrando su trabajo en los primeros meses de la legislatura en desarrollar la intensa agenda social que recogían los acuerdos para la investidura de Javier Lambán como presidente con Cha, IU y Podemos, aunque esta última formación se ha mostrado crítica con el ritmo de aplicación de algunas de las medidas acordadas.