MADRID.- El Gobierno niega al Congreso de los Diputados la capacidad para controlarlo. Así lo ha resaltado la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, quien sostiene que un Ejecutivo en funciones no tiene que someterse al control de la nueva cámara ya que la confianza se la había concedido el Congreso anterior.

Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno no acudirá a las sesiones de control del Congreso ya que, al estar en funciones, no puede ser controlado por el Parlamento actual porque no tiene su confianza.

"No puede ser controlado desde un punto de vista político porque no tiene esa confianza política y porque no puede llevar a cabo actuaciones de esta naturaleza", ha subrayado al remarcar que las actuaciones del Gobierno están limitadas por la ley.

Si el Ejecutivo se excediera en sus labores que tiene limitadas al estar en funciones, ha dicho vicepresidenta, las Cortes Generales o los grupos parlamentarios deben recurrir a la vía contenciosa-administrativa.

"Este es un sistema de separación de poderes y el Congreso controla la acción del Gobierno al que ha dado su confianza", ha explicado Sáenz de Santamaría, quien ha recordado que se está hablando de convocar determinados plenos cuando el primero que se celebra siempre es el de investidura.

De ahí que haya defendido que no debe demorarse en exceso ese pleno. En la misma línea argumental, ha insistido: "El Gobierno está en funciones, no tiene la confianza de la Cámara. Tenía la confianza de la Cámara anterior, y ésta no puede controlarlo".

Tampoco consultan con el PSOE el recurso ante el TC

Sáenz de Santamaría ha anunciado que el Gobierno interpondrá un  conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional por la creación de la Consellería de Exteriores de la Generalitat catalana y ha pedido que suspenda de forma cautelar su puesta en marcha.

A preguntas de los periodistas, la vicepresidenta ha asegurado que el Ejecutivo no ha consultado este recurso con el PSOE porque este partido está en pleno proceso negociador para formar gobierno con otras formaciones, incluidas las catalanas que impulsan este proceso independentista.

El líder socialista, Pedro Sánchez, ha protestado porque el presidente del Gobierno en funciones no consensuara antes con él la interposición de este recurso. Sánchez, ​designado por el jefe del Estado para intentar la investidura, se mostró ayer partidario de acudir al TC pero protestó porque el presidente del Gobierno en funciones no le llamara para acordar una posición común.

Tampoco Sánchez, según la vicepresidenta, preguntó al Gobierno "si era bueno o malo dar más fortaleza a grupos que en el Congreso promueven" el proceso independentista, en relación a esa cesión de senadores a ERC y DiL.

La vicepresidenta ha destacado que el Gobierno informó hace tres semanas de su intención de acudir al TC y, en este tiempo, "nadie del PSOE ni Pedro Sánchez se han dirigido al Gobierno para pedir información sobre este tema".

Por contra, ha dicho que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, se puso en contacto con Rajoy para interesarse por los pasos que iba a dar el Gobierno.

"Lo normal es que quien tenga interés se dirija al presidente del Gobierno a preguntar", ha dicho Sáenz de Santamaría, quien ha recalcado que Sánchez no ha mostrado "ninguna manifestación ni interés sobre el tema, a diferencia de Rivera", el presidente de Ciudadanos quien sí que llamó a Rajoy para preguntar por el recurso.

No habrá explicaciones al Pleno del Congreso

La vicepresidenta ha hecho estas reflexiones ante la posibilidad de que el Congreso, tal y como están pidiendo el PSOE y Ciudadanos, decidiera convocar un pleno para que Rajoy compareciera con el fin de consensuar con los grupos parlamentarios la posición que va a mantener España ante el Consejo Europeo de los días 18 y 19 de febrero.

De las palabras de Sáenz de Santamaría se colige que Rajoy no explicará su estrategia ante el Pleno del Congreso y que, si hay discrepancias de fondo, los grupos parlamentarios deberán acudir a la Sala III del Tribunal Supremo, responsable del control de los actos del Gobierno.

La cumbre europea tratará como asunto principal la oferta del Consejo al Reino Unido para facilitar que permanezca en la Unión Europea e incluye decisiones que han sido ya criticadas por el líder socialista, Pedro Sánchez, y el de Ciudadanos, Albert Rivera.

El portavoz del grupo popular, Rafael Hernando, se ha negado a que Rajoy comparezca en el Pleno y considera un error que el Congreso apruebe una resolución que condicione después la posición del Gobierno en la cumbre.

Como alternativa, el PP propone la comparecencia del Secretario de Estado de Exteriores en funciones en la Comisión de Exteriores, que se constituirá formalmente el miércoles. 

Hernando ha dejado claro que esta comparecencia tendría carácter excepcional y sería ante un asunto de urgencia y conscientes de la trascendencia del mismo.

Lo habitual es que este tipo de explicaciones se realicen en la Comisión Mixta para la UE, pero al ser conjunta con el Senado, queda todavía un tiempo para que pueda estar constituida.

¿Un conflicto entre instituciones? Informe al canto

En el caso de que el Congreso aprobara la comparecencia de Mariano Rajoy, fuentes del Gobierno han subrayado que el presidente en funciones no estará obligado a acudir a la Cámara Baja.

Aunque han confiado en que no se genere un conflicto entre el Parlamento y el Ejecutivo, han señalado que si fuera necesario podría solicitarse algún informe al respecto.