SEVILLA.- En la recta final de la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aceptado negociar con Susana Díaz la jornada de 35 horas semanales para los empleados públicos andaluces. La Junta de Andalucía aprobó esta medida hace unos días, arriesgándose a que el Ejecutivo central lograse paralizarla interponiendo un recurso ante el Tribunal Constitucional, como hizo cuando Castilla-La Mancha y País Vasco aprobaron la misma ley.

La situación ha cambiado desde entonces, no sólo porque de fondo están en juego los Presupuestos Generales, sino porque el Gobierno de Rajoy está en minoría y necesita el apoyo necesario de los socialistas para sacarlos adelante. El Ministerio de Hacienda remitió ayer miércoles una carta a la consejera andaluza del ramo, María Jesús Montero, convocándola próximamente a una reunión bilateral para abordar el asunto, una misiva que la Junta ha entendido como “una buena expresión de diálogo” por parte de Rajoy, que habría renunciado a recurrir la norma andaluza en los tribunales, como hizo con las otras dos comunidades autónomas.

El mes pasado, el Parlamento andaluz aprobó, con el apoyo de todas las fuerzas y la abstención del PP y Ciudadanos, la restitución de la jornada laboral de 35 horas semanales para los 270.000 empleados públicos andaluces, una medida que dejará sin efecto el Real Decreto del Gobierno central con el que amplió el horario de los funcionarios hasta las 37,5 horas semanales para ahorrar costes de personal eventual e interino.

La medida supone un coste de 75 millones de euros

La medida supone un coste de 75 millones de euros que ya computan en el proyecto de ley de Presupuestos andaluces del año que viene (entrará en vigor el próximo 16 de enero). Durante la sesión plenaria, Díaz instó a Rajoy a “comprometerse a no recurrir la ley andaluza”. La carta del departamento de Cristóbal Montoro apunta en ese sentido, puesto que la convocatoria de una comisión bilateral de Hacienda fue una medida que no se adoptó en el caso de Castilla-La Mancha y País Vasco. Entonces, el Gobierno central respondió directamente en los tribunales, recurriendo la jornada de 35 horas en estas regiones.

La buena disposición de Rajoy respecto al Gobierno de Susana Díaz no es casual, tiene lugar en el tramo final del debate sobre los Presupuestos Generales de 2017. Los socialistas avanzan que no apoyarán las cuentas de Rajoy, aunque sí han llegado a un acuerdo con el PP sobre el techo de gasto (matriz de los presupuestos) y han aplaudido el nuevo reparto de déficit.

Si finalmente el Gobierno central mantiene la jornada de 35 horas semanales en Andalucía ─su entrada en vigor está prevista para el próximo 16 de enero─, Rajoy abriría la puerta a una discriminación para con aquellas comunidades y ayuntamientos, como el de Madrid, donde fue recurrida y paralizada la misma decisión.

Díaz sospecha que la apertura del diálogo por parte del Ministerio de Hacienda anticipa que Rajoy se está planteando generalizar la medida para el conjunto de España, es decir, revertir la jornada de 37,5 horas a la semana para todos los funcionarios, uno de las leyes de ahorro de personal más duras que aprobó el Gobierno de Rajoy al inicio de la crisis. La consejera andaluza de Hacienda espera que la comisión bilateral propuesta por Montoro, que aún no tiene fecha, no sea “una trampa”. Montero piensa que si el presidente estuviera dispuesto a recurrir la ley “ya lo habría hecho”, porque el coste político de paralizarla después de su entrada en vigor, sería mucho más elevado, ya que levantaría en pie de guerra a todo el funcionariado andaluz.

La misiva de Montoro también advierte de que es el Estado quien ostenta las competencias para regular el horario laboral de los empleados públicos, y no las comunidades, tal y como estableció la sentencia del Constitucional que tumbó la reposición de la jornada de 35 horas en Castilla-La Mancha y País Vasco. Durante el pleno del Parlamento andaluz en el que fue aprobada la ley, también salió adelante una proposición no de ley que instaba a Rajoy a revertir esta norma para toda España, poniendo fin a las políticas “austericistas” que viene aplicando desde el inicio de la crisis.

El PP-A se quedó solo defendiendo a Rajoy y acusó a Susana Díaz de usar la Cámara legislativa para endurecer la confrontación con el Estado a costa de generar mucha frustración en miles de funcionarios andaluces. Los conservadores entendían entonces que el Gobierno central no dejaría pasar esta medida. “Usted sabe perfectamente que Rajoy está obligado por ley a interponer el recurso contra esta medida, porque el Constitucional ya se ha pronunciado en contra de ella. Esto no puede ser una comunidad de vecinos, hay leyes. Nosotros estamos a favor de reponer las 35 horas, pero abran una negociación, no confronten con el Gobierno”, advirtió durante el debate el portavoz del grupo popular en el debate, Pablo Venzal.

Pese a todo, las críticas duras que a diario vierte Susana Díaz sobre Rajoy no han impedido que el Gobierno ceda terreno al PSOE en muchas de sus reivindicaciones, tratando así de allanar un acuerdo presupuestario que dé estabilidad al arranque de la legislatura y, de paso, permite a los socialistas recuperar oxígeno, para devolver el equilibrio al bipartidismo en contra de las aspiraciones de Podemos y Ciudadanos.