Tanto el PP como el PNV lo niegan, pero Rajoy podría haberse garantizado hoy los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2018. La aprobación del cupo vasco en el Congreso, el más generoso (ya que la cuantía a pagar al Estado será la menor de los últimos 20 años), podría facilitar la apertura de las negociaciones en ese aspecto.

Hasta ahora, los nacionalistas vascos se habían negado a hablar de las cuentas para el próximo año. Aunque fueron claves en la aprobación de las del 2017, la situación en Catalunya rompió su acercamiento con el Gobierno, sobre todo, después de la actuación policial durante el referéndum del 1 de octubre y la posterior aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Ahora esa situación podría darse la vuelta, aunque tanto el ministro de Hacienda como el presidente del PNV han querido desligar la aprobación del cupo de la negociación presupuestaria. "[La aprobación del cupo] responde a pactos de junio y julio y no tiene que ver con los PGE de 2018", sentenció Cristóbal Montoro en los pasillos de la Cámara baja. Es más, añadió que será tras las elecciones del 21 de diciembre cuando la "normalización" de la situación en Catalunya allane el terreno en ese aspecto. "Lo que será fundamental es que en Catalunya volvamos a la normalidad, a la legalidad plena", zanjó.

Por su parte, Andoni Ortúzar, que arremetió contra las "mentiras" de Ciudadanos en contra del cupo ("No sé si tenemos más que los demás, pero somos el 6,1% del PIB español y pagamos el 6,24%; tenemos los impuestos más altos y 5 puntos menos de fraude y elusión fiscal. Si eso se aplicara en todos los ámbitos, todo el mundo tendría más dinero", defendió), también negó que una cosa lleve a la otra. "Si yo entrara en esa cuestión le estaría dando la razón al señor [Albert] Rivera", dijo, destacando que la negociación de los PGE de 2017 que incluía la actualización del cupo se produjo entre "gobiernos" (vasco y central) y no entre partidos.

El presidente del PNV,Andoni Ortuzar, acompañado por el portavoz parlamentario vasco, Aitor Esteban, en las escalinatas del Congreso de los Diputados. EFE/Juan Carlos Hidalgo

"Ahora estamos en situación política distinta, en la excepcionalidad, y a nosotros nos gusta la normalidad y la estabilidad", insistió el presidente del PNV, que valoró que, si de algo sirve la aprobación del cupo, hoy, es para demostrar que la "bilateralidad" es buena y que "puede ser una solución para el futuro". Y con ello, apostilló, no estaba lanzando una pulla a los nacionalistas catalanes de ERC, PDeCat o las CUP, sino al mismísimo Mariano Rajoy. "Yo no oigo voces en Catalunya en contra de la bilateralidad, las oigo más en Madrid", dejó caer. Y, respecto a la negociación presupuestaria, siguió dejándola en stand by: "Vamos a ver qué sucede en Catalunya y cómo se gestiona el nuevo tiempo político que se abra el 21-D", zanjó.

Ortúzar no cree que desde el PP vayan a usar este tema como excusa para facilitar la negociación presupuestaria. "No. El cupo era parte de una negociación anterior entre gobiernos", repitió. Y advirtió: "Nosotros no nos vamos a sentir presionados. Si lo intentan, que lo intenten, pero no nos vamos a sentir concernidos por esa presión".

Desde el Gobierno también niegan que vayan a presionar con ese tema, pero sí consideran que podría ablandar a sus socios y facilitarles el camino. "Eso lo tienen que decir ellos", se limitan a responder entre risas. Pero lo cierto es que el cupo no es el único gesto que el PP está teniendo hacia las formaciones que necesita sumar para dar luz verde a las cuentas del próximo año (Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canaria).

A sus socios naranjas, pese a los rifirrafes por el cupo, precisamente, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, les ha prometido trabajar para que la equiparación salarial de Policía y Guardia Civil con los sueldos de las policías autonómicas (Mossos d'Esquadra y Ertaintza) que ellos marcaron como línea roja, será una realidad el próximo año. Y, como gesto, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, acudió a presentar al presidente canario, Fernando Clavijo, en un desayuno informativo en el que aplaudió su "lealtad institucional" y su "diálogo sincero" pese a tratarse de una formación nacionalista.

Por otro lado, el Ejecutivo central no sólo ha cumplido su promesa (pactada el año pasado) con el cupo, sino que empieza a dar señales de que rebajará la dureza de sus medidas en Catalunya. Primero, con la propia convocatoria electoral que puso límite a la aplicación del 155. Ahora, con la promesa de que la intervención del Gobierno en la Comunidad (también la económica, que comenzó antes del 155) terminará en cuanto haya un nuevo Govern legitimado en las urnas del 21-D.

Por último, el Gobierno incluso está intentando contentar al PSOE con la promesa de la reforma de la financiación autonómica para antes de final de año que, dice Montoro, se podrá realizar gracias al aumento de los ingresos del crecimiento económico. Aunque Rajoy sabe que no podrá contar con el apoyo de Pedro Sánchez también para los PGE del 2018. "Después de habernos respaldado en el 155, sabemos que no podemos pedirles más", asume un alto cargo del Ejecutivo.

Sea como sea, la negociación presupuestaria no volverá a estar abierta hasta enero. Primero hay que despejar otra incógnita: la del futuro próximo de Catalunya tras las elecciones del 21-D.