MADRID.- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el expresidente francés y líder de la Unión por un Movimiento Popular (UPM), Nicolas Sarkozy, han acordado esta mañana que sus dos partidos, PP y UPM, crearán dos grupos de trabajo estructurales conjuntos para impulsar medidas sobre la política de inmigración y sobre la reforma de Europa. Así lo ha trasladado el PP en una nota enviada a los medios, que sostiene que este acuerdo se ha tomado "en los márgenes de la Cumbre del Partido Popular Europeo celebrada hoy en Bruselas". Sarkozy, según el comunicado, vendrá a España "a la constitución de estos dos grupos de trabajo formales".
La alianza de Rajoy con Sarkozy en materia de inmigración lo arrima a las polémicas tesis del expresidente francés sobre expulsión de inmigrantes de su país, cuestionadas incluso por la Unión Europea. El exmandatario de Francia empezó a deslizarse a esta toma de decisiones cuando las encuestas dieron a su partido un masivo trasvase de votos a la líder del ultraderechista Frente Nacional de Marine Le Pen.
Sin recursos o abusando
Incluso en 2010, más allá de sacar del país a inmigrantes ilegales, Sarkozy anunció su "voluntad inflexible" de retirar la nacionalidad francesa y expulsar del país "bajo ciertas condiciones" a quienes atenten contra una autoridad pública, incluidos ciudadanos comunitarios. En este caso, el Elíseo justificó la medida incluida en una reforma de la ley de inmigración para aquellos casos en los que las personas planteen "una amenaza para el orden público, en ausencia durada de medios de susbsistencia o de abuso del derecho de libre circulación".
El anuncio del entonces Gobierno francés se dio a conocer a finales de julio de 2010, después de un fin de semana en el que miles de franceses se manifestaron en varias ciudades del país para protestar por los planes de Sarkozy y, en concreto, por las expulsiones de gitanos, principalmente de origen rumano, que éste llevó a cabo con regularidad durante su mandato.
Año y medio después, el Gobierno de Nicolas Sarkozy anunció satisfecho su polémico récord: en 2011, Francia había expulsado a 32.922 extranjeros, un 17,5% más que en 2010.
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