Radiografía de Andalucía: Moreno llega al Debate sobre el Estado de la Comunidad con alto desempleo y la sanidad herida

El 55% de los andaluces identifica, de forma espontánea, la falta de trabajo, el paro, como el principal problema de la Comunidad, según las encuestas del Centro de Estudios Andaluces, Centra. Es este un problema estructural, el más relevante de todo, y que viene de lejos. Andalucía es un territorio absolutamente permeable a los ciclos económicos del entorno.

La crisis causada tras la caída de Lehman Brothers y ahora la pandemia no han ayudado a reducir la brecha que desde hace años existe entre las tasas de paro andaluzas y las del resto de España. Y la sanidad, también tras años de deterioro y después de la presión asistencial que produjo la pandemia (a pesar de la propaganda y de los esfuerzos del Gobierno andaluz por revestir de normalidad su funcionamiento) es, si se atiende a los sondeos del Centra, el otro gran problema de la autonomía.

Todos los presidentes de la Junta han tenido que lidiar con estos problemas y los quebraderos de cabeza que les dan no son diferentes tampoco para Juanma Moreno (PP), quien este miércoles y jueves afronta en el Parlamento andaluz el Debate sobre el Estado de la Comunidad, en un clima de tensión con el PSOE por los presupuestos y con los sanitarios molestos por la imposición de un plan de atención primaria que no terminan de ver y por el despido de 8.000 profesionales (por la vía de la no renovación de contratos firmados durante la pandemia). 

El balance de su gestión, si se pone exclusivamente el foco en las cifras macro, es de luces y sombras. Cierto es que el coronavirus, que aún deja sus secuelas, paralizó el país (también Andalucía) durante un trimestre completo y eso ha afectado a todos los sectores de actividad, pero algunas cifras casan mal con las campañas de autobombo en que, no tanto el mismo presidente, pero sí desde luego, algunos miembros de su gabinete, se instalan de tanto en cuanto.

Así, la tasa de paro en Andalucía, que venía descendiendo desde que en el año 2013 alcanzó el 36,5% y que al cierre de 2018, cuando llegó Moreno al Gobierno, estaba en el 21,2% es hoy ligeramente superior, del 21,5% (18% hombres, 25% mujeres). Sin embargo, el diferencial con la tasa de paro de España sí se ha reducido medio punto en estos años: era del 6,8% y es hoy del 6,3%.

Si se acude al número de ocupados, de la gente con empleo, son hoy 60.000 más (3.154.000 según la última Encuesta de Población Activa por 3.090.000 al cierre de 2018) que cuando Moreno logró formar su gabinete. La evolución, por tanto, es positiva en este campo. Hay más gente con trabajo hoy que en 2018 en la Comunidad, según la EPA. El número de empresas también ha aumentado. De 483.753 que había en 2018 a 506.507 al cierre de 2020, según el Instituto de Estadística de Andalucía.

En sanidad, al Gobierno de Moreno le queda mucho trabajo por delante, a pesar de los aumentos presupuestarios en estas partidas. El diferencial de inversión por persona con respecto a la media española era en 2019, el último dato disponible en el Ministerio de Sanidad, es de 224 euros (1.262 euros por 1.486). Esto implicaría, de querer resolverlo en un solo año, lo que no va a suceder, un esfuerzo de unos 2.000 millones de euros. Es clave en este aspecto, por tanto, para Andalucía, abordar una reforma del sistema de financiación que aporte más ingresos para atender a la población igual que en otras zonas: este es el consenso que existe hoy (desde el año 2017 cuando se votó un pacto en el Parlamento) entre partidos en la Comunidad.

PIB y desigualdad

Si se analiza la situación en términos de PIB per cápita, aunque ha crecido en estos años (en 2018 era de 19.118 euros y en 2019 de 19.633 euros; el INE no tiene los datos del año de la pandemia, el 2020) en términos absolutos, en términos relativos aún no se ha alcanzado los niveles preLehman, cuando suponía el 77% del nacional. Ahora es el 74%, tres puntos menos. Obviamente, desde la crisis de 2008, Moreno no ha sido el único presidente. Lo precedieron Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

La evolución de la desigualdad en Andalucía y del riesgo de pobreza, aunque altísima, ha sido descendente en estos años. Así, el porcentaje de población en riesgo de pobreza (indicador Arope) ha caído desde el 38% al 35%, según el INE, en estos tres años desde que Moreno es presidente y está ahora en niveles parecidos a los del año 2010. En España se ha mantenido en el 26%. Las personas "con mucha dificultad para llegar a fin de mes" también se han reducido en estos años pandémicos, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Si en 2018, era el 17,4%, al cierre de 2020 la cifra estaba en el 14,8%. En España, se ha mantenido en el entorno del 10%. 

La Encuesta de Condiciones de Vida del INE mide la desigualdad en la distribución de los ingresos, independientemente de cual sea este, con el cociente S80/S20 que se interpreta como la relación entre la renta media obtenida por el 20% de la población con la renta más alta (quintil más alto), en relación a la renta media obtenida por el 20% de la población con la renta más baja (quintil más bajo).

Es decir, un ratio de 5 significa que la gente de mayores ingresos gana en promedio cinco veces más que la gente situada al final de la escala. En Andalucía este indicador revela que la diferencia se ha reducido ligeramente: era en 2018 del 6,5 y ahora lo es del 5,8. En España ha pasado del 6 al 5,8.

IRPF y recaudación

Una de las medidas estrella del Gobierno de Moreno, que el Ejecutivo se encarga de publicitar una y otra vez, es la bajada de impuestos. Esto, sin embargo, ha tenido consecuencias en la recaudación que ha caído a lo largo de este año, según los últimos datos disponibles en la Consejería de Hacienda. Se ha recaudado en la tarifa autonómica del IRPF, uno de los impuestos que el Gobierno andaluz ha rebajado, hasta septiembre de este año 9 millones de euros menos que hasta septiembre del año anterior, un 0,2% menos.

Es decir, que el dogma liberal de que a menos impuestos, más recaudación, en este caso no se ha cumplido. Esta es una crítica que la oposición le ha hecho al Gobierno andaluz (la última rebaja costó 330 millones, según las cifras oficiales): ¿por qué bajar impuestos y luego, cuando se necesita el dinero para la sanidad, reclamarlo al Gobierno de España?