Quinientos juristas piden al PP que legisle "pensando en quienes se tiran por la ventana"

Los más de 540 juristas que han dado su apoyo a la iniciativa legislativa popular presentada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) han urgido este martes al Partido Popular a rectificar la Ley Antidesahucios al entender que conduce al "caos" social, económico y jurídico y mantiene a España como un "paraíso" para los bancos. "Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no pueden pagar la hipoteca", han dicho.

Así se han pronunciado algunos de los firmantes de la 'Declaración del mundo jurídico ante la realidad de los desahucios', que ha sido suscrita por medio millar de jueces, abogados, secretarios judiciales, catedráticos universitarios o notarios, y que fue presentada en el Consejo General de la Abogacía. Piden la dación en pago retroactiva, la paralización de los lanzamientos y el alquiler social.

Entre ellos, se encuentra José María Fernández Seijo, el magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona que logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarara el carácter abusivo de la ley hipotecaria española.

A su juicio, el proyecto de Ley Antidesahucios aprobado la pasada semana en el Congreso con el único voto del Partido Popular es "una especie de monstruo, de Frankestein" que unifica en un mismo cuerpo legislativo tres textos "totalmente" diferentes, como es la iniciativa legislativa popular, el decreto sobre buenas prácticas bancarias y normativa comunitaria. "Será muy difícil de aplicar", ha advertido.

"El Parlamento tiene una oportunidad histórica de solucionar este problema", ha expuesto el juez Seijo, para señalar que el 96% de los ciudadanos pagan con normalidad su hipoteca, por lo que una reforma legislativa no tendría previsiblemente un "efecto llamada".

Seijo ha aplaudido el carácter "pionero" de medidas, como las barajadas en Andalucía o Catalunya para gravar inmuebles vacíos o expropiar temporalmente pisos a los bancos, aunque ha constatado que son "insuficientes" por ser acciones "aisladas".

Uno de los abogados colaboradores de esta plataforma, Martí Batllorí, ha destacado que un cambio legislativo es "jurídicamente posible y econónicamente necesario para dejar que este país sea una isla, el único paraíso de la Unión Europea, para las entidades financieras". Ha instado así al Parlamento a ser sensible ante un "drama social" que comporta "una deuda perpetua" y la exclusión de cientos de familias, agravando la crisis económica.

Para Purificación Sáez, secretaria judicial de Aranjuez, las Cortes Generales tienen el deber de legislar "mirando al pueblo" y "no sólo a los poderes económicos, los mercados y los bancos". "Es el momento de legislar pensando en quienes se tiran por la ventana porque no tienen para pagar la hipoteca", ha sentenciado.

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, también ha reclamado "justicia para los más débiles" y ha pedido respetar los derechos y la dignidad de los ciudadanos.

El catedrático de Derecho Civil José María Miquel y el funcionario Miguel García también han alzado la voz para pedir al Grupo Popular, con mayoría en el Parlamento, que se solidarice con el "dolor y sufrimiento" de las familias españolas, acabe con los "abusivos" intereses de demora, acuerde el control de legalidad por parte de notarios y registradores y permita residir a los deudores durante cinco años como inquilinos en la vivienda que les ha sido ejecutada.