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MADRID.- En el país de las tarjetas black, la sede del partido que gobierna remodelada con dinero negro y los escándalos de corrupción que salpican a las formaciones mayoritarias, la ley contempla que sólo existe delito fiscal cuando la cantidad defraudada a Hacienda supera los 120.000 euros por año. Podemos plantea rebajar esa barrera hasta los 50.000 euros, ampliando el plazo de prescripción de estos delitos de los cinco a los diez años, según el documento Propuesta de programa económico: la reforma fiscal que España necesita, que firma el Círculo de Ecología, Economía y Energía (3E) al que ha tenido acceso Público.
Desde la dirección estatal del partido, aseguran que en el programa marco que presentarán este martes no necesariamente figurarán todas las medidas recogidas en el citado documento, pero otras fuentes de Podemos se refieren al texto como el “proyecto de programa fiscal” del partido. Lo avala el Círculo 3E, probablemente, el círculo sectorial con más peso en la formación, y varias de las propuestas recogidas en el texto coinciden con las de los técnicos de Hacienda, con los que Podemos ha mantenido varias reuniones en los últimos meses, y a los que menciona en varias ocasiones en el escrito.
El Círculo 3E defiende devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV
El documento de 44 páginas propone “restringir los pagos en efectivo” y retirar de la circulación los billetes de 200 y 500 euros, en línea con la propuesta formulada en 2013 por el coordinador federal de IU, Cayo Lara, que pidió acabar con los billetes de 500. El texto describe el fraude fiscal como el principal enemigo a abatir, y por ello propone incrementar los medios para enfrentarlo y luchar contra la opacidad de los paraísos fiscales, además de llamar a consulta a los embajadores de Suiza y Andorra “para que justifiquen por qué no han informado sus gobiernos de las cuentas de Bárcenas y de Pujol”, siendo ambos “personas de relevancia política”.
El Círculo 3E defiende devolver a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) el control fiscal de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) y establecer “sistemas normalizados de intercambio automático de información con otras Administraciones tributarias acerca de la existencia de mecanismos de planificación fiscal agresiva y elusión fiscal agresiva”. A ello hay que sumar la propuesta de obligar a los bancos que operan en España a facilitar información sobre las cuentas y operaciones que realicen sus clientes españoles en las matrices, filiales o sucursales en el extranjero, estableciendo un sistema agravado de sanciones a imponer a estas entidades “en caso de incumplimiento”.
El “proyecto de programa” de Podemos pide reformar la Constitución para prohibir “de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal”
En el apogeo del caso Rato y con el Gobierno de Mariano Rajoy negándose a revelar los nombres de las otras 714 personas relacionadas con la esfera política que se acogieron a la amnistía fiscal del PP en 2012, el “proyecto de programa” de Podemos pide reformar la Constitución para prohibir “de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal”.
En esta línea, el documento defiende la elaboración “de listados públicos de deudores insolventes y de los fraudes detectados más relevantes”, siguiendo el postulado del partido de que los ciudadanos deben conocer los nombres de los políticos que se vieron beneficiados por esta amnistía para poder votar de forma informada.
Impuesto de patrimonio
Podemos estudia reformar el sistema de cotizaciones sociales para eliminar el tope de la base máxima de cotización, estableciendo “un sistema progresivo en función del salario”. Además, la formación quiere “recuperar y revitalizar” los impuestos sobre riqueza, “en particular el impuesto sobre el patrimonio neto y el impuesto sobre sucesiones y donaciones”, según el texto, que también pide que sea la Administración central quien los recaude, y no las comunidades.
En lo que respecta al impuesto de sociedades, el Círculo 3E defiende instaurar un tipo impositivo del 35% aplicable a las bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios, y mantener el tipo nominal para las empresas que no alcancen esa cifra.
Por otro lado, la formación de Pablo Iglesias estudia incrementar los gravámenes sobre hidrocarburos y sobre el carbón, reduciendo algunos de los beneficios fiscales hoy existentes. La idea es que el gravamen dependa tanto del “contenido energético” del producto como de las emisiones de dióxido de carbono emitido: “De esta forma se conseguiría gravar el dióxido de carbono de los sectores que actualmente quedan fuera del mercado de emisiones”, apunta el texto, que prevé la aplicación de “medidas de transición” e incluso de “medidas compensatorias temporales” para aplicar el impuesto debido a “la situación económica difícil” que afrontan algunos de los sectores que se verían afectados.
El documento de Podemos pide aplicar gravámenes de congestión en “ciertas ciudades” para incentivar el transporte público
El documento pide igualar los impuestos del gasóleo y la gasolina -un 33% más altos que los del gasóleo-, ampliar el impuesto de matriculación sobre “determinados medios de transporte” para tener en cuenta otras emisiones de estos vehículos además del dióxido de carbono, y aplicar gravámenes de congestión en “ciertas ciudades” para incentivar el transporte público.
El documento en manos de este diario pide también “revisar la metodología de cálculo” para que País Vasco y Navarra “contribuyan como les corresponde a la solidaridad horizontal entre territorios, rechazando cualquier intento de generalizar el sistema de concierto a otras regiones”.
En la primera entrega sobre este “proyecto de programa fiscal” este diario avanzaba que el partido estudia fijar la cuantía de la renta básica en 7.500 euros anuales por adulto y 2.250 por menor, aunque el texto sigue dejando aún varios cabos sueltos y no detalla los pormenores de las propuestas que menciona. Durante su entrevista en La Sexta Noche del sábado, Iglesias confirmó su intención de establecer una renta básica adelantada por Público.
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