Puigdemont, Rajoy o Pablo Iglesias: todos caben en la diana judicial de Vox

El altavoz del partido ultraderechista Vox en el juicio a la cúpula del ‘procés’, donde ejerce como acusación popular, es la punta del iceberg de una estrategia ya conocida, cuanto menos similar a la que en su día desarrolló el supuesto sindicato Manos Limpias.

Esta misma semana, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha aceptado la personación del partido de Santiago Abascal en otra de las causas relacionadas con el 'procés': la causa contra Quim Torra, president de la Generalitat, por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos cuando así lo exigió la Junta Electoral Central (JEC). El único requisito impuesto por el TSJC a Vox para que pueda ser acusación popular también en esta causa es que abone 15.000 euros de fianza.

Además, tiene la posibilidad de personarse en la causa contra cinco de los miembros de la mesa del Parlament de Catalunya y contra la diputada de la CUP Mireia Boya, también en manos del TSJC. Esta causa se desgajó en diciembre de la principal, la de los 12 dirigentes del procés a los que debe enjuiciar el Tribunal Supremo. Fuentes del TSJC sostienen que Vox ya ha recibido el emplazamiento correspondiente, por lo que en los próximos días previsiblemente anunciará si decide personarse también en este frente.

La formación ultraderechista no ha querido responder a las preguntas de Público sobre esta cuestión. Tampoco ha querido aclarar el total de causas relacionadas con el 'procés' en las que está personada. Hasta la fecha, en su diana judicial caben todo tipo de perfiles, desde los dos últimos expresidentes de la Generalitat. Artur Mas y Carles Puigdemont, hasta Pablo Iglesias, secretario general de Podemos y candidato a La Moncloa el 28-A. Ni siquiera Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, se ha librado de sus acciones judiciales.

Los ultraderechistas han sido capaces de aprovechar la presentación de una querella contra Torra para amenazar con otra al presidente del Gobierno

De hecho, además de la causa en el Supremo, en la que alternan jornadas de escasa actividad con errores en interrogatorios clave –baste el ejemplo de la testifical del major Josep Lluis Trapero, al mando de los Mossos d’Esquadra durante el procés-, Vox también se personó en la causa del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona. Aquí se encuentra el origen de la investigación al 'procés', y precisamente esta semana el juzgado 13 cerró la instrucción de la pieza por la que procesa a 32 altos cargos de la Generalitat en la época del referéndum del 1-O.

En cualquier caso, fuentes del TSJC reconocen que Vox, como ocurría en su día con Manos Limpias, frecuentemente anuncia que se personará en una causa determinada para luego no hacerlo. “A menudo no hay relación directa entre lo que anuncian y lo que hacen finalmente”, sostenían, reconociendo las similitudes entre ambas estrategias.

Sin ir más lejos, los ultraderechistas han sido capaces de aprovechar la presentación de una querella contra Torra para amenazar con otra al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El motivo de esta acción, que se quedó en agua de borrajas, obedece a la supuesta inacción que atribuyen al Ejecutivo ante el “golpe de Estado” que, a su entender, se está produciendo en Catalunya.

La hiperactividad judicial de Vox

Un vistazo a la página web del partido de Abascal basta para confirmar hasta qué punto las querellas y otras acciones judiciales son puntales de su actividad. El apartado “sala de prensa” documenta cómo en los últimos meses actualizados -hasta mediados de 2018- ,cerca de la mitad de los comunicados del partido de Abascal tienen que ver con el 'procés' u otras cuestiones judiciales: es el caso de julio de 2018 (tres de seis comunicados están relacionados con esto), junio de ese año (tres de ocho), o mayo (seis de ocho textos tienen que ver con estas cuestiones).

Esta estrategia, que podría recordar a la que siguió en su día UPyD, en realidad es de trazo mucho más grueso: los ultraderechistas han presentado querellas contra miembros del Gobierno –el presidente, Pedro Sánchez, y la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ambas ya archivadas-, pero también contra políticos en la oposición.

Es el caso de Susana Díaz, líder del PSOE andaluz y diputada en el Parlamento regional, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y la líder andaluza del partido morado y diputada autonómica, Teresa Rodríguez-. Sin olvidar a la cúpula del Gobierno de Barcelona, incluyendo a la propia alcaldesa, Ada Colau.

Tampoco han dado tregua a cantantes como Josep Bordes -por supuesto exhibicionismo-, al actor Willy Toledo -por afirmar, en referencia a Vox, que “el fascismo se combate a hostias”-, o al periodista Antonio Maestre -por supuestos delitos de calumnias e injurias-. Además de criticar a los medios de comunicación, han demostrado que no tienen reparos en emprender acciones legales contra periodistas.

El ataque al procés, su caballo de batalla

No obstante, si Vox se centra en algo es en lo que respecta a la situación en Catalunya, polarizando con los independentistas y prometiendo prohibir que existan este tipo de partidos. Los ultraderechistas se han querellado contra el expresident Artur Mas, ya por el 9N –y también por el 1-O; hicieron lo propio contra el juez y exsenador de ERC Santiago Vidal ante el juzgado 13 –esta actuación se unió a la de la Fiscalía, para dar forma a la causa que hoy se juzga en el Supremo-, e incluso han actuado contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

El 3 de octubre de 2017, exactamente dos días después del referéndum soberanista catalán, los ultraderechistas, entonces sin representación en ningún parlamento autonómico, amenazaron con querellarse contra Rajoy y su Ejecutivo por “dejación de funciones”, en caso de que no aplicasen el artículo 155 de la Constitución –cuya activación requiere de la intervención de la Cámara Alta-, y ordenase detener a Puigdemont y al resto del Govern, todo en 48 horas. Se querellaron, si bien esto también acabó en archivo.

Y a esta lista se unirían también el presidente del Parlament, Roger Torrent, su predecesora, Carme Forcadell y la mayor parte de los miembros de la Mesa de la Cámara catalana, así como el expresidente de la ANC y candidato al Congreso por JxCat, Jordi Sànchez, o el todavía líder de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Tampoco han olvidado a la cúpula de los Mossos d’Esquadra, y en particular al major Josep Lluis Trapero.

Por disparar, lo han hecho incluso contra la jueza belga que admitió la demanda de Carles Puigdemont contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. La Audiencia Nacional rechazó esta querella, al entender que no está en su mano evaluar la actuación de la justicia de ese país, pero Vox no pensó lo mismo.

La guerra sucia contra iglesias

La guerra sucia de las cloacas de Interior ha acaparado gran cantidad de titulares en las últimas semanas, pero los hechos vienen de lejos. Como ha hecho el PP en sede parlamentaria -incluso cuando estaba en el Gobierno-, en mayo de 2016 Vox se sirvió de supuestas informaciones periodísticas para querellarse contra el líder de Podemos por los presuntos delitos de blanqueo de capitales, delitos electorales y delitos que comprometen la paz e independencia del Estado.

El juzgado madrileño en cuestión decidió archivar, y justificó que las “sospechas” expuestas por Vox -que luego sí ha reconocido haber recibido financiación de países como Irán, como imputaba a Podemos-, no bastaban para sustentar un proceso de estas características. El juzgado también afirmó que las informaciones supuestamente periodísticas -fundamentalmente, de la web que dirige Eduardo Inda, Ok Diario- que sirvieron de apoyo a las actuaciones de los ultraderechistas, se limitaban a “narrar unos hechos”, sin aportar elementos de prueba.

Este y otros ejemplos recuerdan inevitablemente el caso de Manos Limpias y Ausbanc. Entre otras maniobras, este medio relató cómo ambas organizaciones intentaron extorsionar a la actual presidenta del Banco Santander, Ana Patricia Botín, con una supuesta denuncia sobre el “asesinato” de su padre, Emilio Botín, poco después de su fallecimiento. Hoy sus líderes están ante los tribunales, y su red ha sido dsactivada.