El expresident de la Generaliitat Carles Puigdemont ha presentado este jueves en Bruselas una campaña para pedir a la Comisión Europea medidas contra España por una supuesta vulneración del Estado de derecho por su exclusión y la de los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí de las listas de las elecciones europeas. 

El primer paso para poner en marcha esta campaña es pedir al Ejecutivo comunitario que registre una Iniciativa Europea Ciudadana para pedir la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE contra España, lo que obligará a Bruselas a responder en el plazo de dos meses si acepta o no el registro de la campaña.

En caso de que sea aceptada por la Comisión Europea, Puigdemont tendrá entonces doce meses para obtener el millón de firmas exigidas, alcanzando los mínimos establecidos en al menos siete Estados miembros. Cumplido este proceso, los promotores de la Iniciativa Europea Ciudadana -la Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República- tendrán que informar a la Comisión del resultado, con datos de los apoyos y de la financiación que hayan recibido.

La etapa final fija un plazo máximo de tres meses para que la Iniciativa, en caso de cumplir todos los requisitos de registro, sea expuesta en detalle ante el Ejecutivo comunitario y en una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión no está obligada a proponer medidas concretas como conclusión, pero sí a dar una respuesta motivada tras su análisis.

"No pierdo la esperanza"

Puigdemont ha señalado que "no pierde la esperanza" de poder concurrir como 'cabeza de lista' de JxCAT a las elecciones al Parlamento europeo del próximo 26 de mayo, ya que seguirán todas las vías legales para recurrir la decisión de la Junta Electoral Central de excluirle a él y a otros dos candidatos, Toni Comín y Clara Ponsatí.

"No es solo un ataque a los que queríamos ser candidatos, sino sobre todo es un ataque a los ciudadanos de Catalunya, que querían votarnos y tenían un derecho en igualdad de condiciones que el resto de candidaturas que ahora se ha roto", ha indicado Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas.

Preguntado por la decisión de la JAC, Puigdemont ha considerado que se trata de una "exclusión ilegítima", prueba de que la situación en Catalunya pone también en riesgo la democracia en el conjunto de la Unión Europea y ha asegurado que no pierde "nunca la esperanza" de que se reconozcan sus derechos políticos.