BARCELONA. - El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha dicho este jueves que las compañías suministradoras de electricidad deben "sentirse interpeladas" tras el incendio en un piso de Reus (Tarragona) en el que murió una anciana que se alumbraba con velas al tener cortada la luz por impago.

Puigdemont ha asegurado, en la presentación del Gran Recapte de Alimentos, que la Generalitat no puede "obligar a nadie a firmar ningún convenio" pero que las empresas suministradoras deberían actuar para evitar casos como el del lunes pasado.

El presidente ha asegurado que "todos sabemos qué ha pasado y por qué ha pasado", y ha añadido que las compañías "responsables saben qué tiene que pasar a partir de ahora".
Puigdemont ha remarcado que "no podemos aceptar emergencias alimentarias, emergencias habitacionales, ni emergencias energéticas", y ha expresado su voluntad de "erradicar la pobreza extrema".

La ley contra la pobreza energética, que se aplicó en julio de 2015, prevé que las empresas suministradoras deben firmar convenios con la administración para asumir la deuda de las familias que no pueden pagar la electricidad. La Alianza contra la Pobreza Energética denunció ayer, en una concentración de protesta por la muerte en Reus, que la Generalitat no tiene voluntad de desarrollar la ley.

Gas natural insiste en reglamentar la ley sobre pobreza energética

El consejero delegado de Gas Natural Fenosa, Rafael Villaseca, ha pedido más concreción en la ley de pobreza energética, de la que falta crear un reglamento, y ha dicho no entender cómo el Ayuntamiento de Reus no le comunicó que la anciana fallecida llevaba años en situación de vulnerabilidad.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, Villaseca ha afirmado que la ley de pobreza energética "se tiene que reglamentar" para especificar cómo se tienen que coordinar y llevar a cabo las comunicaciones entre los servicios sociales de los ayuntamientos y las compañías suministradoras.
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Ha apuntado, en este sentido, que en la web de la Agencia Catalana del Consumo existen unas "propuestas de protocolo" de actuación, pero que "no es ningún documento que tenga validez legal", y ha subrayado que el propio Parlament le recordó al Govern que estaba pendiente de reglamentar la ley.

"En ausencia de una adecuada reglamentación, que no existe", ha explicado Villaseca, Gas Natural Fenosa ha firmado acuerdos con 400 municipios catalanes que, a través de sus servicios sociales, le comunican los casos de vulnerabilidad y que han permitido atender a 9.000 hogares en situación de riesgo de exclusión.

Villaseca ha remarcado que en Reus existe un convenio de este tipo que funciona desde 2014 y que en este tiempo los servicios sociales han comunicado a la empresa 150 casos de familias en situación de vulnerabilidad. En lo que va de año, se han comunicado 88 casos.

"No podemos entender cómo si el Ayuntamiento sabía desde 2013 que estaba en situación de vulnerabilidad (la anciana con la luz cortada que murió en un incendio en su casa provocado por una vela) no nos ha comunicado nada en estos más de tres años", ha declarado el directivo, que tampoco comprende "cómo es posible" que después de dos meses de corte de luz "nadie informara de esta situación".

"El Ayuntamiento lo ha hecho en 150 casos, pero desgraciadamente no en este", ha precisado. Villaseca cree, en cualquier caso, que ante esta tragedia "no se trata tanto de hablar de responsabilidades", sino de "hacer todo lo posible para que hechos como este no vuelvan a suceder".

"La coordinación entre servicios sociales, la compañía y la Generalitat no ha sido la que tendría que ser", ha reconocido en otra entrevista en RAC1, en la que ha rechazado que se responsabilice a la multinacional de estos hechos, cuando "es la administración la que ha de poner las reglas del juego".