El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha registrado este viernes un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a iniciativa de los socialistas en la Asamblea de Madrid ya que consideran que se ha producido una vulneración de derechos fundamentales al aprobar la Ley del Suelo de la comunidad madrileña el pasado mes de octubre sin el concurso de todos los diputados y cuyo plazo de interposición termina hoy.

Según ha informado el PSOE de la Asamblea en un comunicado, este recurso pretende que la iniciativa legislativa votada quede sin efecto. "El recurso, además de denunciar una situación que consideramos injusta, pretende que se declare inconstitucional la reforma de la Ley del Suelo que se dio por aprobada el pasado 1 de octubre en la Asamblea de Madrid", ha apuntado el portavoz de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

Así, un total de 50 senadores socialistas han firmado el recurso que denuncia la vulneración, en este caso del derecho constitucional, "a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos", que reconoce el artículo 23 de la Constitución Española.

La decisión fue adoptada este jueves por la tarde en una reunión de los representantes de los Grupos Socialistas en el Congreso, en el Senado y en la Asamblea de Madrid, con la participación de la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra, y sus homólogos en el Senado, Ander Gil, y en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo.

El recurso se fundamenta en el incumplimiento de las "más elementales" reglas de la democracia parlamentaria durante la tramitación de esta Ley, entre ellos el derecho de los parlamentarios a proponer enmiendas y a votar. Así, entre las irregularidades que denuncian denunciadas destacan "la decisión de la mayoría, formada por PP, Ciudadanos y Vox en la Asamblea de Madrid, para impedir el ejercicio del voto por parte de cerca de la mitad de los diputados para tramitar la Ley mediante el procedimiento de lectura única (sin posibilidad de presentar enmiendas), y para modificar de manera unilateral y antireglamentaria el Orden del Día de la sesión plenaria correspondiente".

Lastra ha manifestado que con este recurso, el PSOE "respalda" al Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid en "la defensa de la democracia parlamentaria ante los abusos de la derecha". "Corrupción, crispación y atropello democrático son las lamentables señas de identidad de la derecha madrileña desde hace demasiado tiempo", ha criticado la también vicesecretaria general del partido.

Por su parte, Gil ha declarado que los senadores acudirán al Tribunal Constitucional "tantas veces como sean necesarias para impedir que la derecha siga despreciando los derechos ciudadanos y las libertades públicas en las Comunidades Autónomas donde aún cuenta con mayoría".

En esta misma línea, Gabilondo ha recordado que "el derecho de voto es un derecho individual y constitucional de cada diputado, del que nadie puede privarlo". Según ha recordado, este derecho emana directamente del derecho de participación política de los ciudadanos recogido en el artículo 23 de la Constitución que señala que: "Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal".

Además, según el parlamentario regional, "la acción de los senadores confirma lo que pensaba y piensa al respecto el Grupo Socialista en la Cámara regional: despreciar el derecho de las minorías se aleja de un sistema parlamentario sano".

El comunicado también censura que esta tramitación "irregular" se suma a otras conductas "también reprochables" en términos de calidad democrática del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso como es "la resistencia de los miembros del Gobierno regional a comparecer en la Asamblea", "los retrasos injustificados en las respuestas a las preguntas y solicitudes de información por parte de la oposición" o "la estrategia de opacidad en el funcionamiento de herramientas claves para la debida transparencia en la gestión pública", entre otras.