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PSOE y PP se tiran la corrupción a la cabeza con Mediador y Kitchen

El PP eleva el tono y la presión sobre el PSOE mientras los socialistas defienden sus mecanismos de control interno y advierten a su grupo parlamentario de expulsiones si hay más implicados. 

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, escucha la intervención del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante el pleno del Senado. — Fernando Alvarado / EFE

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La corrupción y cómo reaccionan a ella los partidos cuando prolifera entre sus filas ha girado la discusión política —centrada hasta hace dos días en la ley del solo sí es sí y en una moción de censura al Gobierno que no saldrá adelante— y vuelve a señalar al bipartidismo. En concreto, al PSOE lo señala ahora mismo el llamado caso Mediador y al PP su exministro del Interior, suspendido de militancia en 2021, Jorge Fernández Díaz, al que Anticorrupción pide ahora 15 años de cárcel por la operación Kitchen.

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La alcaldesa de Marbella a la que Génova mantiene políticamente blindada a pesar de que su marido y hijastro están imputados por blanqueo de capitales y organización criminal también lleva meses ensombreciendo la campaña que Alberto Núñez Feijóo empezó hace un año, nada más aterrizar en Madrid. 

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En plena precampaña electoral las filas socialistas se han visto sacudidas con un caso que nace en las Islas Canarias pero que ha llegado al Congreso de los Diputados. El nombre de Juan Bernardo Fuentes Curbelo resuena en todos los rincones del grupo parlamentario. El caso Mediador es una trama de presuntas mordidas y extorsiones a empresarios del sector ganadero y alimentario en Canarias. Se les acusa de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, falsificación, pertenencia a organización criminal y tráfico de influencias en la gestión de las ayudas europeas. 

En el PP, aseguran, van "con todo" en el caso Mediador y este miércoles redoblaron al presión al PSOE con el registro de una comisión de investigación en el Congreso. En el escrito trasladado a la mesa —que calificará la petición el próximo martes y la llevará a pleno, previsiblemente, el 14 de marzo— denuncian una "cortina de humo" del PSOE para tapar la información del caso y extienden la sospecha a una decena de diputados socialistas más. "Toda España está mirando hacia la bancada de la izquierda preguntándose quién es quién en la organización criminal", reza el texto firmado por Cuca Gamarra, portavoz parlamentaria del PP y número dos de Génova. La estrategia de los populares es clara: hacer más grande el caso.

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Lo cierto es que, por el momento, el único dirigente socialista implicado judicialmente es Fuentes Curbelo — 'Tito Berni'— y dejó su acta como diputado al estallar el caso a instancias del secretario de organización socialista, Santos Cerdán. Además, este miércoles se conocía que el presidente del PP de Canarias, Manuel Domínguez, se reunió en una ocasión con Marco Antonio Navarro Tacoronte, el intermediario que da nombre al caso. 

Aún así, en el PP señalan al PSOE en todas las direcciones y a todos los niveles. Apuntando incluso al presidente del Gobierno, por esconder información. "Parece que el PSOE ya lo sabía y que ha buscado desde el principio minimizar los daños", acusó Gamarra este miércoles en una rueda de prensa desde la sede nacional del partido.

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La 'número dos' de Feijóo le echa en cara a los socialistas los ceses y dimisiones: "Es muy difícil creer que estando dimitiendo y siendo cesados miembros del PSOE en Canarias el PSOE no supiera nada de lo que está ocurriendo". Para los de Pedro Sánchez este es precisamente el hecho diferencial entre una formación y otra. "No actuamos de igual manera, ni mucho menos", aseguran tanto en Ferraz como en Moncloa. 

"En todos los colectivos puede haber corruptos y corruptores pero la diferencia está en cómo se reacciona ante la corrupción. Otros se hacen fotos y se dan besos con alcaldesas a las que resulta que les afloran dinero en paraísos fiscales y, además, les prometen que van a ser sus candidatos; otros se sientan a comer con imputados, sin ir más lejos, o mantienen a exministros en sus filas", se defendió este martes el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, visiblemente incómodo ante los preguntas de los periodistas.

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Marbella o Ibiza

López se refería a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que ocultó en sus declaraciones de bienes en el Senado una sociedad que recibió de su marido, Lars Gunnar Broberg, investigado por blanqueo de capitales y organización criminal junto a su hijo. A pesar de ello Génova la ha ratificado como candidata a alcaldía marbellí y la defienden en público y en privado. La última en hacerlo fue Gamarra este mismo miércoles: "Creo que ha dado todas las explicaciones sobre su patrimonio y son públicas". Muñoz actualizó su declaración de bienes ante el Senado después de que procesaran a su marido y a su hijastro. 

Cuando el portavoz socialista decía que "otros se sientan a comer con imputados" hablaba de un almuerzo de Feijóo el pasado fin de semana en Ibiza en el que compartió mesa con presidente del Consell, Vicent Marí, investigado por supuestos delitos de corrupción. El PP de Ibiza aprobó la candidatura de Marí al Consell Insular para las elecciones del 28M. 

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"Creo que no se puede utilizar la misma vara de medir", justificó Gamarra al ser preguntada sobre cómo podía el PP sostener un discurso tan duro contra el PSOE mientras respaldaba a Marí. La postura del PSOE la visibilizó públicamente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. "Quisiera que el PP, en esa necesidad y obligatoriedad que los ciudadanos nos piden de que seamos ejemplares, actúe en estos casos", dijo en referencia a Marbella, Ibiza o la Kitchen. 

El otro caso que opaca la ofensiva del PP contra el PSOE en materia de corrupción es la operación Kitchen, sobre todo porque hace solo una semana se conoció la petición de la Fiscalía Anticorrupción para el popular Jorge Fernández Díaz. 15 años de prisión para él y para su secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. En Génova aseguran que no es "casualidad" que salgan novedades de la Kitchen en este momento, a las puertas de unas elecciones, y lo enmarcan dentro de una ofensiva de la izquierda política y mediática. "Con la Kitchen no tapan a 'Tito Berni' ", dice un dirigente del PP.

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Los socialistas vigilan a sus diputados

"Yo tengo la conciencia tranquila", destaca un diputado socialista al ser preguntado sobre el ambiente actual en el grupo parlamentario. Otras fuentes consultadas admiten la "intranquilidad" colectiva al tiempo que confían en que la trama no se extienda a otros parlamentarios socialistas que sí coincidieron con Fuentes Curbelo en las famosas cenas que aparecen en el sumario judicial y los medios de comunicación. 

El PSOE ha activado una serie de mecanismos de control interno y la dirección del grupo parlamentario está encima de los movimientos de los diputados más cercanos a Fuentes Curbelo. Además, Patxi López envió un mensaje este miércoles a todos sus parlamentarios. "Para un socialista no hay nada más repugnante que conocer que dentro de nuestras filas teníamos a un presunto corrupto", señala el texto. El portavoz socialista advierte que si hay más diputados implicados "en actos de esta naturaleza" será también expulsado.

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Al mismo tiempo la dirección del grupo muestra su respaldo para defender la "honorabilidad" de algunos diputados que están siendo acusados sin pruebas en determinadas redes sociales. Ferraz también pone el foco en el "personaje" de Navarro Tacoronte, a quien consideran un "estafador" cualquiera con muchas lagunas en su discurso. De hecho, en una entrevista en La Sexta reconocía que los supuestos 15 diputados que acudieron a una cena con empresarios implicados en la trama no conocían los asuntos que se traían entre manos. 
Él mismo, según consta en el sumario judicial, se considera un "mentiroso" y un "loco". 

Laura Borrás vuelve también a escena

Los casos de corrupción en el candelero también llegan a Catalunya. Esta misma semana ha vuelto a primera línea la situación judicial de la presidenta de Junts, Laura Borràs. La Fiscalía ha mantenido en la fase final del juicio la petición de condenarla a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por presuntamente fraccionar 18 contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

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