El Partido Socialista Obrero Español quiere que la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, explique en el Congreso las 'graves irregularidades' en torno al contrato del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, después de que el Juzgado de lo Social número 16 de Madrid rechazara la semana pasada la demanda que éste interpuso contra el PP por despido improcedente.

En esa sentencia, la magistrada concluye que, en contra de lo que aseguró el grupo conservador, no hubo un cese pactado de mutuo acuerdo con Bárcenas a cambio de recibir 'en diferido' 719.000 euros, sino que hubo una relación laboral de carácter común como el ex tesorero alegaba. Además, subraya que, pese a no prestar servicios al partido, Bárcenas fue dado de alta en la Seguridad Social en abril de 2010 hasta enero de 2013, preguntándose el porqué. 'La respuesta cabría encontrarla en una simulación contractual', señala, avisando de que sigue abierta la posibilidad de plantear ante los tribunales la cuestión del 'negocio simulado'.

'Lo curioso del caso -dice el citado auto- es que, tal y como reconocen ambas partes, no ha existido a lo largo de dicho periodo prestación de servicios. Luego, falta el dato esencial para que la relación entre las partes sea calificada como contrato de trabajo'. A raíz de esta sentencia, la portavoz de Empleo del PSOE en el Congreso, Concha Gutiérrez, quiere que sea la titular de Empleo, Fátima Báñez, la que informe en la comisión parlamentaria del ramo de las actuaciones que va a desarrollar. Además, ha registrado una batería de preguntas en las que insta al Gobierno a pronunciarse sobre 'cuándo tiene pensado decir la verdad de una vez por todas' y adoptar las medidas necesarias para que la Inspección de Trabajo 'depure las responsabilidades' de su partido por 'simular' esa relación laboral 'con infracción muy grave' a la Seguridad Social, 'como está ya la Justicia pidiendo que se haga'.

Y es que en el fallo, la juez da por probado que Bárcenas siguió usando 'las instalaciones, medios materiales y personales de la demandada', el PP, lo que, en circunstancias normales, probaría 'indiciariamente' que hubo contrato laboral. Pero, añade la magistrada, no solo 'no ha existido prestación de servicios', sino que 'dicha utilización de dependencias, medios materiales y personales de toda índole lo ha sido a título particular del acto y en su propio beneficio e interés'.

Es por ello por lo que Gutiérrez exige al Ejecutivo que explique si 'va a actuar la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social para averiguar con qué finalidad el PP simuló dicha relación laboral manteniendo indebidamente de alta en la Seguridad Social al señor Bárcenas, pagándole tan sustancioso sueldo de más de 18.000 euros mensuales y dispensándole un trato tan considerado como el que se deriva del uso de los medios del partido (vehículo con chófer marca Audi, una dependencia en la sede del PP, servicio de informática y de secretaria personal)'. Todo ello, subraya la portavoz en su pregunta, 'autorizado expresamente por la demandada sin que el PP hubiera obtenido a cambio prestación de servicios alguna por parte del señor Bárcenas'. Por todas estas razones, Gutiérrez pregunta también 'cómo justifica el Gobierno ese privilegiado y fraudulento trato'.