Si Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no logran desatascar las negociaciones para alcanzar un pacto, España sigue empantanada en el limbo de un Gobierno en funciones, que plantea unas claras limitaciones reguladas en el artículo 101 de la Constitución.

La ley señala que el Ejecutivo solamente puede abordar el despacho ordinario de asuntos públicos, por lo que se descartan iniciativas como la convocatoria de referendos y consultas, las cuestiones de confianza o la disolución de las Cortes.

"Un Gobierno en funciones no tiene iniciativa política, únicamente gestiona el día a día", explica a laSexta Ignacio Jurado, doctor de Ciencia Política por la Universidad de Oxford, quien añade que se ve imposibilitado a sacar adelante los proyectos de ley o los Presupuestos.

“Sus consecuencias no son positivas”, pues las cuentas son las de hace dos años, recuerda el economista Julio Rodríguez, quien subraya que “en el caso de España se está manteniendo una tasa de crecimiento muy decente” (un 2,3% en 2019, según previsiones de la Comisión Europea).

Efectos en la economía

Si persiste la parálisis, la economía podría resentirse. O, si no fuese así, afectaría a la imagen de España en los mercados internacionales, pues reflejaría una inestabilidad política. Las principales reformas, por ejemplo, siguen bloqueadas, de las pensiones a una nueva ley educativa.

Hay opciones para seguir legislando (por ejemplo, en casos de extrema necesidad, el Gobierno podría aprobar decretos ley) al margen de la aprobación de los Presupuestos. Sin embargo, las limitaciones prácticas son evidentes, aunque más allá de la Moncloa el Congreso puede aprobar nuevas leyes, siempre que cuenten con mayoría. 

El Gobierno en funciones, además, también afecta de rebote a otros poderes, como la judicatura. Así, el Consejo General del Poder Judicial atraviesa la misma situación y se encuentra en modo de espera: la renovación de sus miembros pasa por un acuerdo, que ahora no se está dando en las negociaciones entre los líderes políticos.

¿Cómo desbloquear la situación?

¿Qué hacer, pues, para desbloquear la situación y evitar una nueva convocatoria electoral? Sánchez ha sugerido modificar la normativa para poder ser elegido presidente sin contar con una mayoría en el Congreso, como sucede ahora mismo. Si es difícil desencallar las negociaciones para alcanzar un acuerdo entre el líder socialista y Pablo Iglesias, más lo sería que los diputados coincidiesen en la reforma de las reglas de juego parlamentarias.

Pero, en un hipotético caso, podría optarse por el candidato más votado (si hubiera varios) o por las dos únicas posibilidades de votar a favor del único que se presente o de abstenerse. Este sistema, que ya se aplica en alguna región, implica una reforma de la Constitución, por lo que su aplicación se antoja imposible con la actual atomización parlamentaria, pues su aprobación requeriría el voto a favor de tres quintos del Congreso y del Senado.

Otra alternativa pasaría por premiar al partido más votado, lo que ahora mismo favorecería a los partidos clásicos y podría dar oxígeno al bipartidismo. Tal y como sucede en Grecia, quien ganase las elecciones recibiría varios escaños extra, lo que podría permitirle alcanzar la mayoría absoluta o tener más peso (o sea, diputados) en las negociaciones. Bastaría que el PSOE y el PP se pusiesen de acuerdo y lograsen una mayoría en el Congreso, suficiente para modificar la ley electoral.

En todo caso, Podemos y Ciudadanos no ven con buenos ojos estos cambios para desbloquear la situación y que Pedro Sánchez pueda someterse a una investidura con suficientes apoyos y formar un Ejecutivo estable. España continúa, pues, con un Gobierno en funciones, cuyos efectos y limitaciones ya se conocen. Por ello, el PSOE ha anunciado hoy  que está dispuesto a modificar su oferta programática si eso ayuda a alcanzar un acuerdo con Podemos.