El grupo parlamentario socialista ha denunciado la pretensión de los grupos popular y de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados de vetar dos terceras partes de las 6.000 enmiendas que los diferentes grupos políticos han presentado al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017, actualmente en tramitación en la Cámara baja.

“No hay precedentes en toda la historia parlamentaria de pretender vetar, amputar 4.000 enmiendas a un proyecto de presupuestos; ni siquiera cuando el PP tuvo mayorías absolutas. Es una felonía lo que pretenden hacer los populares y Ciudadanos”, ha declarado con gesto indignado el portavoz socialista en esta materia, Pedro Saura.

La pretensión denunciada, según este portavoz, se puso de manifiesto en una reunión de la Mesa de la comisión de Presupuestos celebrada a última hora de ayer. El proyecto gubernamental está en manos ahora de esta comisión parlamentaria en la que una ponencia debe “casar” el mayor número posible de las 6.000 enmiendas registradas antes de que los comisionados comiencen su debate el próximo lunes.

En opinión del diputado Saura, el argumento esgrimido por populares y Ciudadanos es “perverso” ya que plantean que “no hay dinero para asumir la mayoría de las enmiendas – las que se pretenden vetar – en el caso de que fuesen aprobadas. Claro, añaden que el presupuesto de la Sección 31, unos 15 millones de euros, ya está agotado con sus propias enmiendas”.

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, momentos antes del incio de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. EFE/Javier Lizón

La aludida Sección 31, en la que se reúnen créditos diversos de diferentes departamentos ministeriales y órganos estatales, es el fondo al que recurre la técnica presupuestaria para ajustar las cuentas de las enmiendas que el Gobierno admite con el fin de no descuadrar el conjunto del proyecto de cuentas públicas.
“Es inaudito que los diputados de dos grupos parlamentarios quieran censurar las enmiendas que presentan otros diputados. En realidad, lo que quieren ocultar unos y otros es que se sepa su voto contrario a importantes enmiendas de contenido social y a otras tantas sobre infraestructuras”, sostiene Pedro Saura, quien también observa que tras esa maniobra “hay una gran desconfianza del Gobierno y del PP sobre la estabilidad de sus socios de Ciudadanos en la votación de miles de votaciones”.

El grupo socialista ha registrado un recurso ante la propia Mesa de la comisión que debe resolverse en una reunión que celebrará esta misma tarde del miércoles. E n caso de que no prospere el grupo socialista recurrirá ante la Mesa del Congreso de los Diputados, que tendría que responder en 48 horas. En ambas instancias PP y Ciudadanos tienen mayoría.

Por su parte, el portavoz del grupo popular en esta materia, Jaime Olano, ha considerado que la pretensión real del grupo socialista “es torpedear unos presupuestos de recuperación del empleo y de progreso; además, son unos presupuestos que dedica el 64% a materias sociales”.

Olano ha considerado que la presentación de 6.000 enmiendas al proyecto de PGE para 2017 “no es normal; parece que los grupos han hecho una carrera para ver quien presentaba más enmiendas”. En base a esos argumentos ha considerado razonable solo se puedan admitir aquellas enmiendas que individualmente no lleguen a los 15 millones de coste, cantidad que es la fijada en la citada Sección 31.
No obstante, no ha querido concretar qué prelación de enmiendas se establecería hasta agotar esa cifra. “Las enmiendas de la oposición suman 46.900 millones de euros y no hay justificación de ingresos para poder asumirlas. Algunos argumentos socialistas son, sencillamente, irreales”, ha sentenciado para justificar la posición de su grupo.

Si se complica la resolución de este conflicto podría retrasarse el inicio de la tramitación del proyecto de presupuestos. Inicialmente, la comisión debe abordar el debate el próximo lunes. El dictamen de esta comisión debe ir al pleno de la cámara al lunes siguiente, el día 29, para debatirse aquellas enmiendas se los grupos mantengan vivas tras pasar por la comisión. Para el día 1 de junio está prevista la aprobación definitiva si el Gobierno suma al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, a los apoyos expresados por el grupo popular, el de Ciudadanos, el del PNV y el de Coalición Canaria.